Todo el proceso de elecciones para nuevo presidente y Congreso del próximo 9 de abril forma parte de la maquinaria corrupta y corruptora con la que el Estado criollo trata de impedir cualquier verdadero fortalecimiento del poder popular y ciudadano. Es absurdo pretender –como lo hacen los medios- que “si votamos por las personas adecuadas” el próximo Congreso no será tan corrupto y mediocre como el actual. Eso es falso porque con 24 listas y 2,918 candidatos y la dispersión creciente, la conformación del próximo Parlamento será producto del dinero y del azar (si no hay el acostumbrado fraude hasta ahora impune). Una verdadera tómbola. Pero no estamos con los brazos cruzados: antes del 9 de abril esperamos mediante Demanda Constitucional acabar con los ingresos corruptos de la alta burocracia del Estado criollo.

La legislación electoral la dieron los actuales congresistas, priorizando la posibilidad de reelegirse para seguir con la mamadera fiscal por otro quinquenio. Obsérvese cómo el actual Congreso se ha envilecido hasta la náusea ya que cerca de la mitad de los actuales legiferantes ha abandonado el partido por el que fue elegido y muchos son tránsfugas, es decir, ofrecen sus “servicios” al mejor postor. (Así se explica la desesperación de Toledo-Bush y sus mentores por tratar de que sea este Congreso envilecido - pero calculan barato- el que apruebe en abril el texto del TLC “acordado” entre el ministro estadounidense Kuczynski y la delegación de EEUU el 7 de diciembre pasado, traicionando a Colombia y Ecuador).

La ley electoral, la de partidos políticos y la de medios de comunicación (esta última aprobada por el Congreso bajo la presidencia del célebre ex izquierdista (hoy toledista) Henry Pease) están dirigidos a simular de manera grotesca algunos formalismos de una democracia, pero impiden el surgimiento de partidos que merezcan ese nombre. Más bien promueven que la política peruana sea hecha por asociaciones ilícitas constituidas en su mayoría como ocasionales clubes electoreros lumpenescos que desaparecerán el 9 de abril La leyes electoral y de partidos impiden, además, la selección de genuinos liderazgos facilitando que personajes como Toledo o Popy Olivera -hábiles en el engaño, la farsa mediática y la captación de dinero de la gran empresa y poderes foráneos para trabajar como sus peones políticos- puedan imponerse. Así la política, como nunca, se ha convertido en la búsqueda de privilegios (y hasta de impunidad para delincuentes) y de dinero fácil. Las elecciones se han desvirtuado hasta convertirlas en otra aventura mercantilista.

El resultado es que de las 24 listas a la presidencia y al Congreso, más de la mitad son solo negocios electorales –algunos solo de corto plazo y otros endémicos como Renacimiento Andino de Ciro Gálvez , que se justifican únicamente porque permiten a los dueños de impresentables “partidos” (los que controlan la personería ante el Jurado Nacional de Elecciones) vender mediante subasta abierta o encubierta las 3 candidaturas a la “plancha” presidencial y las 120 candidaturas al Congreso.

Alejandro Toledo, dueño del “partido” Perú Posible y actual presidente –que no ha podido presentar candidato a sucederlo en estas elecciones– fue un especialista en venta de candidaturas a curules en 1995 y 2000 y es uno de los farsantes y delincuentes políticos más exitosos en convertir la política en negocio privado: engañó a la opinión pública hasta 1990 presentándose como “doctor en Harvard” (había estudiado en Stanford), inscribiendo su partido con firmas falsificadas (por lo que su hermana Margarita está bajo arresto ya casi un año) y negociando dolosamente junto a su socio Popy tanto el canje de patrimonio y control mediático por vídeos obtenidos del detenido coronel Huamán como muy probables servicios y favores desde el gobierno a las transnacionales españolas que controlan los servicios públicos privatizados por Fujimori e imponen a los peruanos una de las tarifas y precios de combustibles más altos en el mundo (BBW, TELEFONICA, ENDESA, REPSOL).

Pero no es el único delincuente político peruano hasta ahora exitoso: Fujimori –uno de los dictadores más corruptos en el ranking del mundo- creó en el Perú como si fueran “partidos” desde 1990 bandas de subordinados a los que obligaba a delinquir en los cuatro poderes del Estado, llamadas Cambio 90/ Nueva Mayoría/ Perú 2000/ Sí Cumple/ Alianza para el Futuro. La mafia Fujimori/Montesinos ya en el gobierno organizó los fraudes de 1992, 1993, 1995 y 2000 y hubiera dirigido el fraude en 2001 si la insurgencia de los hermanos Humala en Locumba no hubiera precipitado su debacle final y fuga en nov. 2000.

Con estas elecciones solo se trata de engañar a los peruanos y peruanas haciéndoles creer que al votar el 9 de abril están participando en una “democracia” y afianzando el Estado de Derecho (es decir, el cumplimiento de las leyes y los principios de convivencia civilizada).

El proceso es una farsa de comienzo a fin, lleno de mecanismos mafiosos instalados durante la dictadura de Fujimori y no desmontados sino reforzados por Toledo y sus presidentes del Congreso. El más perverso es el que explica la multiplicación de partidos y candidatos: los ingresos ilegales e inmorales de los congresistas como motivación de la mayoría para ingresar a la política: 10 mil dólares mensuales en promedio (cada candidato sueña con acceder a 1.2 millones de dólares: 600 mil dólares en efectivo en el quinquenio y otro tanto en apoyo logístico e ingresos indirectos). Lo que no se dice es que solo es legal lo recibido como remuneración (diez mil soles o 42.5 mil dólares anuales o 212.5 mil en el quinquenio) y que tarde o temprano los actuales congresistas deberán devolver los 2/3 cobrados dolosa o irregularmente: casi 80 mil dólares anuales o 400 mil dólares en el quinquenio.

Estas elecciones no son ni de lejos expresión de una democracia sino una burla grotesca, una payasada folklórica en que se impone la prebenda y el dinero oscuro, la mezquindad y avaricia más primaria y, sobre todo, la estupidez limpia y llana: 24 candidatos a presidente, 3000 “candidatos” a “congresistas” que en su mayoría buscan cambiar el desempleo y la mediocridad por una “tinka” o lotería congresal por 5 años.

¿Pero… porqué y para quién es tan útil este carnaval ridículo? Es más que útil: es indispensable el poder foráneo e interno que domina y explota a nuestro pueblo porque gracias a esta elección tratarán de justificar por los próximos 5 años la persecución y represión a los que osemos luchar por la genuina democracia y el verdadero Estado de Derecho.