En una actitud desafiante y arbitraria, el Gobierno violenta nuevamente las leyes para favorecer a la transnacional petrolera Occidental, al permitir que esta compañía presente sus pruebas de descargo un día después del plazo, también ilegal, que fue fijado por el Ministro y sus colaboradores; este plazo era de 60 días ‘hábiles’ (la ley no contempla la palabra ‘hábiles’, sino días calendario, lo que implica feriados y fines de semana). El Gobierno dispuso que Petroecuador reciba las pruebas creadas para que no se proceda a la caducidad de tan perjudicial contrato.

A más de estar fuera de la fecha las pruebas presentadas, ahora son diez días más que tiene la petrolera estadounidense para ver cómo convencen a las autoridades competentes de su ilegal permanencia en territorio ecuatoriano. Claro que en estos días mientras se analizan estas falsedades, también se observarán las presiones políticas y la intervención de la Embajada Norteamericana, que intercede por sus empresas vampiros que están acabando con nuestro principal recursos natural.

La compañía Occidental tiene a su cargo el bloque 15 y los Campos Unificados Edén Yuturi y Limoncocha. Durante todo su tiempo de operaciones ha hecho y desecho, no solo con la producción de crudo, sino también con la población de éstas comunidades que están siendo afectadas por la prepotencia de dicha transnacional. Se puede mencionar que las violaciones en las que ha incurrido la Oxy (entre las principales) están en los Arts. 74 y 79 de la Ley de Hidrocarburos; en el Art. 75 y 76 del Reglamento para la Sesión y Transferencia de Derechos y Obligaciones de los contratos petroleros (la cláusula Vigésima Primera y la Dieciocho del contrato).

La OXY también entra en contradicciones cuando su representante, en declaraciones públicas en dos medios televisivos, menciona que la sesión de derechos es legal y que están en su derecho (7 de febrero); en el otro noticiero menciona que nunca hubo sesión de derechos (8 de febrero). Frente a esto, los representantes gubernamentales, tan benevolentes, no quieren enemistarse con el imperialismo.

Tales perjuicios bordean los tres millones de dólares diarios, que tranquilamente harían respirar a la economía nacional; este despilfarro no es compensado por nadie ni con nada; mientras tanto, la salud, la educación y otros problemas graves del país se ahondan cada vez más. El Presidente Palacio y sus allegados, únicos responsables de estos actos de sabotaje al desarrollo del Ecuador, tienen responsabilidad legal y penal, y deben rendir cuentas, no solo al Congreso Nacional, sino a la justicia, pues se está atentando no solo a la seguridad nacional sino a la vida de todo un país.

Por otro lado, y haciendo presión para que la dignidad nacional no se pisotee, varias acciones se han realizado en distintas provincias: organizaciones de trabajadores, estudiantes y demás grupos sociales, nuevamente, hicieron de las calles su trinchera de lucha; están convencidos de que “O se va la Oxy o se va Palacio”; también están seguros que será la presión popular, más que la Ley, quien legitimará la caducidad del Contrato con la Occidental y pondrá término a la prepotencia, saqueo y arbitrariedad de esta transnacional.

El Gobierno, ante tanta presión popular, no puede hacerse de los oídos sordos; la defensa de la soberanía está en la conciencia del pueblo ecuatoriano; no es murmullo, ni alboroto de pocos estudiantes, como se quiere demostrar en la mayoría de los medios de comunicación; el Gobierno sabe que una decisión nuevamente equivocada terminaría con los últimos meses que le quedan; los sectores sociales organizados y la mayoría de legisladores de las distintas tendencias exigen el respeto de la soberanía, la salida de la Oxy (o un juicio político), lo que implicaría un nuevo cambio en el sillón presidencial de Carondelet.

Según Augusto Tandazo, abogado experto en materia petrolera, “en el derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito en la Ley; un funcionario debe tomar las decisiones apegado a la Ley, en el caso de la OXY, no se puede inventar procedimientos ni penas ni sanciones que no están en la Constitución, en la Ley de Hidrocarburos, en los Reglamentos y en el Contrato. La única salida o sanción es la caducidad del Contrato, por las infracciones cometidas por la Occidental, que son principalmente la transferencia de derechos y obligaciones sin previa autorización del Ministerio de Energía y Minas”. Para este profesional, según éstos instrumentos legales, “cuando las infracciones son causales de caducidad, no se puede imponer ninguna multa, así sea millonaria. Toda sanción y violación debe estar especificada y debe constar en la Ley, no se puede inventar soluciones como lo está haciendo el Ministro, ¿al amparo de qué? ”

No puede haber una prórroga más, porque el Gobierno estaría jugando con fuego: la gente se convencerá de que la solución es tomarse la justicia con mano propia. Es hora de poner orden la casa, y ese orden comienza con la salida de la Oxy; el pueblo le ha dado el ultimátum al gobierno.

Y para legitimar las acciones y decisiones que el pueblo realiza por la salida de la Oxy, es imprescindible que se exija al abogado del Estado, el Procurador, que no deje que presiones externas e internas detengan, o callen, su fallo a favor del pueblo, y dictamine la caducidad del Contrato con la Oxy.