Desde hace varios meses se suceden hechos que exaltan la tensión entre indígenas y campesinos caucanos, sin hablar de los afrocolombianos. La élite dirigente tradicional, pescando en río revuelto, aprovecha y estimula estos roces, asignando recursos económicos en comunidades específicas o favoreciendo a los grupos de su interés, según convenga.

Recientemente se convocó en el departamento a través de Fedecampo, una movilización en defensa de la propiedad privada, por el derecho a la existencia del campesinado y por la democracia. Anteriormente, el 18 de octubre de 2005, se promovió en el municipio de Silvia una movilización de las comunidades “urbanas” para rechazar la toma de tierras emprendida por parte de las comunidades indígenas en general, guambianas y de quizgo en particular. En el municipio de Caloto, la administración municipal, en conjunto con la gobernación, promovió la movilización del campesinado y de las comunidades afrocolombianas en contra de la toma de tierras por los indígenas. Lo mismo sucedió con la toma de la hacienda el Japio en el norte del Cauca.

Sin percatarse de estas maniobras, en algunas zonas del departamento indígenas y campesinos se tratan como enemigos (a juicio del gobierno departamental), alimentando una aparente contradicción. Esta situación de tensión, se puede asociar en algunos casos, a la estrategia política de las organizaciones campesinas e indígenas y sus planteamientos en torno a:

Proyecto educativo propio

Para las comunidades indígenas la educación es un eje estratégico fundamental. Para ellas, la autonomía, el fortalecimiento de la cultura, la lucha por el territorio y la búsqueda de la unidad, pasa por la educación. Por esta razón se ha pretendido que el proceso educativo salga de las manos de la Iglesia, para el caso de Tierradentro - Cauca, e incluso del Estado. En este aspecto como en otros, el movimiento indígena ha logrado que la legitimidad de sus reivindicaciones se positivicen en el derecho a nivel constitucional y de reglamentación legislativa como sucede con el decreto 804. Entre muchos otros aspectos, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, optó por convertirse en oferente del servicio de educación en los resguardos. Esto es, interviniendo la prestación del servicio público de la educación y el nombramiento de docentes, siendo éstos avalados por los cabildos indígenas para ser contratados; la disputa por la administración de las instituciones educativas en territorios indígenas y la construcción de una propuesta educativa propia desde básica primaria hasta universidad, hace parte de la propuesta del movimiento indígena, pero a la vez “afecta a las comunidades campesinas”, en las zonas donde se comparte unidad territorial, en tanto el problema educativo no se relaciona solo con contenidos, sino también con el territorio. La contratación de docentes por parte de los cabildos, es vista por el campesinado como parte de la estrategia de ampliación de resguardos y de cooptación de población no indígena para el movimiento, atentando de esta manera contra la identidad campesina, en la medida en que el campesinado, aspira igualmente a la formulación de un proyecto educativo campesino y al reconocimiento de su identidad y su territorio. Ello lo prueba no sólo su historicidad, sino también recientemente, la construcción de propuesta política expresada en el Mandato Agrario.

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De igual manera, varias organizaciones campesinas juzgan el hecho tangible de que el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, se convierta en oferente del servicio educativo, como algo que contribuye a la privatización de la educación. Todo esto sin contar las favorabilidades para el acceso a la educación superior de indígenas y afrocolombianos, más no de campesinos.

Los resguardos indígenas y el territorio

La constitución de resguardos demanda como requisito entre otras cosas, el asentamiento ancestral de población que en usos y costumbres se identifique como indígena, además de la configuración de la autoridad tradicional, todo ésto demostrado mediante la realización de un estudio socio económico y cultural. La comunidad que se reclama indígena inicia el trámite ante el Ministerio del interior (Dirección de etnias) para su reconocimiento. El movimiento indígena utiliza diversos mecanismos para acceder al territorio: desde la toma de tierras, pasando por las disputas jurídicas ante tribunales nacionales e internacionales, e incluso la compra de predios, con recursos propios o públicos. De cierta forma, lo mismo hizo el campesinado hasta hace unos años. Con la compra de tierras se presenta un problema profundo en el territorio del sur occidente, específicamente en Nariño y Cauca. Sin tomar en cuenta los latifundistas de ambos departamentos, la región se compone en lo fundamental de pequeños y medianos productores rurales, cuyas propiedades no exceden las 50 hectáreas, para aquel que más tiene. En el caso de Tierradentro - Cauca, la intención manifiesta por parte de los indígenas, es la de adquirir predios en territorios ocupados por el campesinado, sobre la base de la ancestralidad de su relación territorial como argumento central. El campesinado por su parte, dentro de la relación territorial, proyecta en algunas zonas del departamento la consolidación de la Zona de Reserva Campesina, considerada como figura en la ley 160 del 94, como mecanismo para preservar y consolidar su relación con el territorio.

Se debe entender que la comunidad campesina históricamente se construyó como un referente organizativo sólido, que reivindica al igual que los indígenas su derecho a la tierra y actualmente al territorio. Así mismo, se debe comprender por parte del movimiento indígena que la estrechez del territorio no es un capricho del campesinado. Es producto del despojo de tierras realizado por los terratenientes modernizadores de la producción agrícola, principalmente en el Valle del Cauca y el Huila, para no ir tan lejos regionalmente. Al impulsar la producción agroindustrial y priorizar el mercado internacional como la venta del patrimonio ambiental, los campesinos que no quedaron empleados como jornaleros de los ingenios, las plantaciones de café o las minas, fueron expulsados del territorio mediante el uso de la violencia. Cuando el indígena reclama ancestralidad para si, sobre el territorio, olvida que tanto uno como otro tienen derecho a existir y que además para ello, demandan de un territorio.

En el municipio de Totoró, ubicado al nororiente del Cauca, fruto de la movilización, los indígenas totoroes accedieron a financiamiento económico para el saneamiento predial de su resguardo en el año 2004. Estos recursos fueron asignados en el 2005. Con ellos buscaron adquirir tierra en su “territorio ancestral”, siendo esta zona habitada por campesinos que trabajan la tierra en arrendamiento. El cabildo recibió oferta de venta de una gran hacienda, cuya propietaria es pariente del gobernador Juan José Chaux Mosquera. La finca se encontraba arrendada a los campesinos cuyo contrato vencía en julio de 2005. Una vez adquirida y sin esperar a la expiración del contrato, el cabildo procedió a ocuparla. El procedimiento exaltó el sentimiento de animadversión contra los indígenas, siendo señalados por los campesinos de terratenientes, ocupantes de las mejores tierras. Este argumento fue luego recogido por élites regionales en contra de los indígenas.

Sin duda alguna, los indígenas avanzan en la realización de sus objetivos políticos, pero de manera colateral sin proponérselo, inciden sobre otras comunidades, al igual que ellos, pertenecientes a los sectores populares. Realidad aprovechada por la élite tradicional para potenciar contradicciones entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas; beneficiándose de las mismas y reproduciendo a la par sus clientelas políticas regionales.

Al interior de las comunidades indígenas también existen tensiones por la asignación de predios. Los límites de los resguardos son estrechos; en la medida que crece su población todos requieren más territorio, pero en el intento por extenderse chocan con otro resguardo. En la fricción se suscita una tensión que deriva en algunos casos en la muerte de miembros de sus comunidades, como sucedió en los municipios de Silvia y Totoró. Sumemos a lo anterior la compra de tierras por parte del narcotráfico y la expansión de la frontera agrícola hacia zonas de páramo, para ganadería extensiva y cultivos de amapola. Mientras esto sucede, indígenas y campesinos se trenzan en una aparente contradicción, percibiendo de manera errada el origen de sus males. Los terratenientes agroindustriales y los políticos regionales impulsan organizaciones que atacan abiertamente a la comunidad indígena y arrastran al campesinado y a los afrocolombianos a defender en apariencia, sus intereses, pero favoreciendo realmente el poder tradicional y las élites dominantes. Este es el caso de Fedecampo, constituida recientemente para pelear contra la expansión de los resguardos, la justicia tradicional y la autoridad indígena, pero a la vez para arrastrar clientela electoral, (principalmente campesina y pobladores urbanos) en tanto uno de sus dirigentes es candidato a la cámara de representantes.

La prestación de los servicios de salud

En movilizaciones anteriores, los indígenas lograron favorabilidades sociales que el campesinado no tiene, en tanto su capacidad de movilización y su poder de negociación han sido minados militar y políticamente por el Estado. Los indígenas dentro del sistema actual de salud, construyeron su propia ARS y administran los recursos de salud asignados por régimen subsidiado. Como se maneja la noción de capitación por número de afiliados, muchas cosas entran a jugar.

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Se impulsó la afiliación de las comunidades en general a los cabildos y el traslado de población campesina a la ARS indígena. Ante la carencia de salud y de otros servicios, la gente busca resolver su situación vinculándose al cabildo. Empero, cuando el movimiento indígena exige cumplir con las responsabilidades propias de la organización, los nuevos afiliados se niegan, evidenciando un problema concreto: la deslegitimación de la autoridad indígena y la potencial erosión del movimiento en el largo plazo. Se afecta entonces la estrategia, pues la vinculación al cabildo no se gesta en virtud del movimiento o la identidad política y cultural, sino por la satisfacción de una carencia material. Así como se produjo un fenómeno similar al registrado en los años setenta y ochenta en el que se campesinizaba el indígena para acceder a la tierra, ahora parecen indigenizarce los pobladores rurales para satisfacer necesidades de salud y educación, entre otras.

El campesinado argumenta que los indígenas compran conciencias e incitan a la gente a incluirse en los cabildos, afectando la construcción del proceso organizativo campesino y su relación territorial. Lo mismo sucede con el nombramiento de docentes en territorios campesinos por parte de los indígenas. Ante el concurso planteado por el Estado, algunos docentes optaron por inscribirse en el cabildo y buscaron su aval, con tal de conservar la plaza de trabajo, más no de potenciar el movimiento indígena.

Consideraciones finales

Las tensiones se presentan y hay que aprovecharlas en beneficio de la construcción de una nueva relación. Si bien existe una fortaleza social y política del movimiento indígena, los campesinos y los afrocolombianos quedan relegados por el Estado en el tema de la reforma agraria, el bienestar social, la prestación y el acceso a servicios esenciales y el reconocimiento político, evidenciando en apariencia, una dificultad colectiva para interlocutar con el Estado de manera similar a las comunidades indígenas. El punto central radica en que este tipo de tensiones mal ubicadas y mal orientadas, terminan alimentando la escisión de los sectores sociales menos favorecidos y fortaleciendo el poder tradicional de las élites dominantes, sin garantizar alternativa colectiva para las comunidades rurales en un contexto que pareciera cada vez más adverso. Esto lo han entendido históricamente las élites tradicionales y lo explotan justamente en épocas electorales.

Un atisbo de solución podría encontrase en la construcción de una política común, expresada tal vez en algunos documentos recientes como el Mandato Agrario o el Mandato Indígena y Popular emanado de la minga indígena realizada en septiembre de 2004. Sin embargo, esta responsabilidad deberá ser asumida por los líderes de estos movimientos, si no se quiere terminar respaldando la posición del Estado y del gobierno departamental del Cauca, a costa de los intereses populares.

* El texto que se pública es una síntesis del documento titulado “Aproximación a las tensiones entre comunidades indígenas y campesinas en el departamento del Cauca” y fue ajustado para esta edición. Más allá de generar una crítica sobre el campesinado, intenta reflexionar sobre la praxis política de las comunidades indígenas y de su relación con otros sectores populares