Con la movilización de más de cinco mil unidades del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, así como de personal perteneciente a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para erradicar sembrados de coca, el gobierno de Álvaro Uribe respondió al ataque de las farc de diciembre pasado, en el cual le infligieron 29 bajas al ejército.

Según datos proporcionados por el general Germán Castro, Director Nacional de la Policía, de estas miles de personas 1.500 son policías antinarcóticos, 2.000 del ejército y 930 campesinos trasladados de otras regiones, algunos de ellos desmovilizados de las autodefensas y la guerrilla, escoltados por 15 helicópteros y el avión fantasma. La decisión de actuar de esta manera en la reserva natural de La Macarena se tomó a finales de diciembre pasado en un Consejo de Seguridad realizado en Granada (Meta).

El programa es complementario a la fumigación, ya que la operación “Plan Verde”, que se extenderá por cuatro meses, no sólo aplica la erradicación manual en ese parque natural sino también la fumigación de 12.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en los municipios de La Macarena, Puerto Rico, Vistahermosa y Mesetas.

La sola presencia de este personal genera efectos negativos en la zona, lo cual reconoce uno de sus miembros, que por obvias razones pidió no publicar su nombre: “El desplazamiento va a ser lento porque cada grupo de erradicadores manuales tiene funciones específicas. Imagine a casi 2.500 personas andando por la selva con ollas, papas, yucas... Lo otro sería llevar ración de campaña, pero se trata de una reserva ecológica y con los enlatados se estaría contaminando”, explicó el oficial [1]

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Imposición y desinformación

Hay varios aspectos alrededor de esta decisión tomada sin llevar a cabo un proceso de concertación con las comunidades campesinas, asentadas en la zona desde hace más de 40 años, cuando huían de la etapa de la historia nacional conocida como “la violencia”.

En primera instancia, es bastante irónico y cínico de parte del primer mandatario denominar “Plan Verde” a este programa porque, según declaraciones de Luis Alfonso Hoyos, director de la antigua Red de Solidaridad, “lo primero –explicó– es que éste y otros parques de Colombia han sufrido y han visto afectadas su biodiversidad y el agua. Hay fuentes de agua que se han perdido y se han deteriorado. Una vez recuperado este parque, tiene que haber una revegetalización natural, que se da parcialmente, y una recuperación de la biodiversidad para bien de Colombia y del mundo. Varios de los ríos que están afectados en Colombia lo han sido por la deforestación causada por la coca. Esa es una primera tarea, que es recuperar la biodiversidad”. [2]

Son paradójicas estas afirmaciones, de un alto consejero tan cercano al Presidente, en un gobierno que ha demostrado con sus acciones que la protección del entorno ambiental y natural lo tiene sin cuidado: la flexibilización de las normas y controles ambientales, el programa de fumigación con glifosato de áreas de reserva de los parques naturales, la presentación de proyectos tan onerosos para los recursos naturales del país como la Ley Forestal, de Páramos y del Agua.

Por otra parte, el Presidente, que fue respaldado por un amplio sector del pueblo colombiano que añora la paz, no hace otra cosa que agudizar el conflicto en zonas donde las comunidades campesinas se encuentran indefensas ante la arremetida de grupos insurgentes y paramilitares, lo que no mejorará con la llegada de la fuerza pública, toda vez que el costo social de este programa caerá sobre los habitantes de poblaciones como Vistahermosa y poblaciones aledañas.

Los efectos de esta operación son reconocidos por sectores de las fuerzas armadas: “Va a ser una operación con un costo muy alto en vidas humanas, porque es un área donde la guerrilla ha ejercido un fuerte control. Además de los cultivos, hay que destruir la infraestructura que hicieron los guerrilleros durante la zona de distensión (1998-2002)”, explicó un oficial de la Policía que pidió la reserva de su nombre. No sólo se trata de la destrucción de campamentos y ‘cocinas’. También está la Transjojoy, una carretera construida por las farc durante las negociaciones de paz con el presidente Andrés Pastrana y que une, entre otras poblaciones, a La Uribe, Vistahermosa y Mesetas. [3]

Vale la pena referirse de nuevo a los costos económicos de los programas de erradicación, cuyos datos aporta otro anónimo oficial de la Policía Antinarcóticos: “Hay que transportar más de 900 campesinos y 1.500 policías. Se deben contratar helicópteros MI, y cada hora de vuelo cuesta 11 millones de pesos. Calcule cuántos vuelos se necesitan para llevar a toda esta gente. El costo por cada 35 días de erradicación puede estar en unos 3 millones de dólares”, explicó. Si el programa se hubiera concertado con las comunidades de la zona, ellas probablemente hubieran reemplazado la mano de obra llevada por el gobierno, abaratando los exorbitantes costos del mismo y evitando que sectores extraños a la región llegaran a afectar las condiciones sociales y familiares de la población.

Por último, ¿de dónde proviene la mano de obra que ejecuta la erradicación manual? El viceministro de Defensa, Andrés Mauricio Peñate Giraldo, informó en la audiencia pública de rendición de cuentas de esa cartera, efectuada en la Universidad Militar, que a finales del próximo mes se vincularán los primeros 150 reinsertados en estas tareas. Pero es muy posible que los erradicadores vinculados desde un principio pertenezcan a sectores de desmovilizados, ya que sería una salida del gobierno para obviar el problema de empleo, así sea temporal, de estos sectores. Señaló textualmente: “Se trata de un programa piloto con el que se busca generar empleo a quienes se han salido de la guerrilla y las autodefensas. Está dirigido básicamente a aquellas personas que son del campo y les guste el trabajo, para que puedan reincorporarse formalmente a la vida civil”.

Sin embargo, también se pudiera pensar que es una forma velada de permitir la entrada sin cortapisas de los grupos paramilitares que han rondado la antigua zona de distensión, asegurando así su asentamiento permanente en un área de tradicional fortaleza de las farc. La presencia del Ejército y de estos sectores señala al programa como la continuación del Plan Patriota, que tan pobres resultados ha mostrado pero con graves efectos en las comunidades pobladoras de la región. Esta percepción fue reforzada por el presidente Uribe en el Consejo de Seguridad de Granada (Meta), cuando precisó ante los medios de comunicación la necesidad de “empezar a detener los milicianos” en el marco de la operación.

Los resultados de la implementación de este programa podrán evaluarse en poco tiempo, así como las estrategias de erradicación forzosa –química, manual o biológica- que no conlleven la participación de campesinos e indígenas, ni determine definitivas soluciones alternativas de producción y comercialización para estos sectores, teniendo como fondo el contexto del agudo conflicto armado colombiano, según el cual el proyecto gubernamental pudiera ser un ingrediente más en la explosiva política de Seguridad Democrática del gobierno, que tanto golpea a los sectores mayoritarios del país.

[1] Salazar, Samuel N. “La erradicación manual forzosa: de experimento a realidad”. Prensa-Acción Social.

[2] SNE. San José del Guaviare. 20 de enero del 2006.

[3] Vélez Clara Isabel. No será fàcil acabar la coca en La Macarena.