Gran despliegue periodístico se le dio a la desmovilización de Ramón Isaza y sus hombres. 990 miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) estrecharon la mano al Alto comisionado de Paz y demás funcionarios, observadores nacionales e internacionales y autoridades locales presentes en la ceremonia de dejación de armas en el corregimiento La Merced, municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), el pasado martes 7 de febrero. Pero el despliegue periodístico, con contadas excepciones[i], se quedó ahí: en el acontecimiento de la entrega de 754 armas y en las pintorescas historias tejidas alrededor del “hombre más antiguo” del dispositivo paramilitar, sin la más mínima indagación sobre el trasfondo histórico y significado político de los inicios de la figura de Isaza, alias ‘El Viejo’, y lo que se conoce en la literatura del conflicto armado como el “modelo de Puerto Boyacá”[ii].

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El estudio del conflicto armado en Colombia supone complementar su visión holística con la de sus particularidades regionales, ya que estas connotan heterogeneidad. Su historia, su topografía, sus procesos de poblamiento y la conformación de elites regionales, entre otros. Así, el municipio de Puerto Boyacá, también conocido como “Territorio Vásquez” –con los municipios de Otanche y Borbur-, presenta dinámicas de colonización y violencia, así como transformaciones políticas, que si bien no le son exclusivas, sí se caracterizan por haber determinado el surgimiento, inserción, presencia y evolución de grupos de autodefensa, y posteriormente, de paramilitares.

Por ejemplo, el proceso de colonización es definitivo para la conformación de la escala de intereses y la estructura de poder regional y local. Ésta estuvo impulsada por las actividades dela Texas Petroleum Company, entre las que se cuentan, además de las obvias, el desarrollo de infraestructura y la apropiación legal de tierras. La misma empresa privada diversificó el uso de los suelos abriendo otras filiales, lo cual atrajo a comerciantes, industriales, políticos y militares retirados para desarrollar la actividad ganadera.

Paralela y posteriormente a este transcurso de acontecimientos, ocurridos entre las décadas de los años treinta y sesenta, la Violencia estimuló el poblamiento liberal del municipio, diferencia notable con el resto de Boyacá, de mayoría conservadora. Allí nació la “guerrilla de la Ribera” y durante el Frente Nacional tuvieron importante asentamiento la Anapo, el Movimiento Revolucionario Liberal (Mrl), las Farc, el Eln, el Epl, el Pcc, el Moir y la Confederación de Trabajadores de Colombia. Cabe señalar que la acción política del Mrl y la Anapo, ayudaron a definir las identidades políticas de Puerto Boyacá a principios de la década de los años setenta. Identidades en su mayoría liberales y descontentas con el legado de la Violencia y de la dictadura de Rojas Pinilla, sirvieron de trasfondo para que el juego político fuera influenciado y, posteriormente, dominado por el Partido Comunista.

Fernando Cubides explica que “durante ese período –años setenta- algunos concejales de Puerto Boyacá y Cimitarra eran guerrilleros, y varios de los cuadros del partido eran enlaces y miembros reconocidos del aparato urbano de la guerrilla y lo proclamaban abiertamente”[iii]. A su turno, el líder liberal anticomunista, Pablo Emilio Guarín, recuerda, haciendo alusión a las mayorías liberales y la importancia del Mrl, que “aquí había problemas para formar el Concejo Municipal, cuando había la paridad, porque... el Partido Liberal sacaba seis mil votos y ponían los otros tres concejales y los Conservadores veinte votos y ponían los otros tres concejales... por eso, las masas liberales un poco insatisfechas y abandonadas de la presencia del Estado fueron a la ANAPO y después al Partido Comunista”[iv].

Hacia finales de la década de los setenta, de acuerdo con Carlos Medina Gallego, las Farc tuvieron dos momentos claves; en eso coinciden los relatos de líderes locales y habitantes de Puerto Boyacá y sus alrededores. El primero, por parte del IV Frente, fue la “limpieza” de delincuentes comunes que generó un importante apoyo popular. El otro, por parte XI Frente, fue el boleteo, el gramaje, la extorsión y el secuestro que diezmó su apoyo y coadyuvó a que la escala de motivaciones para la autodefensa fuera más clara y decidida.

El caso de Ramón Isaza no fue el único. Es el más representativo por la significación y legitimación que logró desde 1978, cuando él mismo señala que “ese día vino un campesino y me dijo que venían 20 guerrilleros a buscarme. Organicé a ocho muchachos y los esperamos en dos dentradas (sic) y los emboscamos. Nacimos en ese caserío, acá nos vieron nacer y aquí nos verán morir”[v]. El relato de Isaza coincide con que, por esa misma época, el modus operandi del XI Frente se intensificó, posiblemente como preludio de la VII Conferencia de 1982. Así lo recuerda Luis Alfredo Rubio Rojas, alcalde electo de Puerto Boyacá, entre 1988 y 1990: “Estos señores y este comandante cambió totalmente su forma de actuar, distinto a lo que actuaba el otro, éste fue el que vino ya a atropellar, a exigir, a pedir demasiado, a secuestrar sin contemplaciones, sin nada, él es el culpable de que haya perdido el apoyo campesino...”[vi].

Ahora bien, entre los años 1978 y 1982 –presidencia de Julio César Turbay- la Doctrina de Seguridad Nacional alcanzó su máximo pico, lo que conllevó a una internacionalización del conflicto interno en términos ideológicos y políticos. Al tiempo que a las guerrillas se les identificaba como el enemigo interno y esbirro del Comunismo Internacional, el estamento castrense implementó una estrategia que consistió en disminuir las bases de apoyo de las Farc, mediante la represión abierta contra la población y el establecimiento geoestratégico de guarniciones militares y unidades orgánicas (XIV Brigada en Puerto Berrío y el Batallón Bárbula en Puerto Boyacá). Pero sobretodo, mediante la puesta en práctica y patrocinio de directrices y decretos-ley (propios del estado de excepción) que dieron base legal a la creación de grupos de autodefensa y formas más allá, fuera de y salidas del dispositivo castrense[vii]. En otras palabras, una legalidad excepcional pactada.

En ese contexto, las acciones iniciales de autodefensa estuvieron ligadas a un creciente desencanto desde arriba y un descontento desde abajo. Y la connivencia entre estos primeros grupos con sectores de la Fuerza Pública y los carteles de droga transformó una acción legítima de defensa de la vida a una normalidad en que lo legal y lo ilegal fue difícil de diferenciar. “Estaba trabajando con el general Manosalva y el mayor Hernández. Ellos mandaban a mi hijo y a 8 muchachos más”, afirma Isaza, quien también recuerda que “en los 90 éramos cómplices con la Policía. Trabajábamos de la mano, los amparamos en todas las regiones y peleábamos con la guerrilla”[viii].

Así, el estímulo de esa transformación no sólo provino desde los hombres de ‘El Viejo’, sino, estratégicamente, desde diferentes sectores. Por un lado, el dispositivo de poder encontró acogida en las primeras formaciones de ejércitos privados de los narcotraficantes, especialmente los de Gonzalo Rodríguez Gacha, y en algunos miembros del ‘orden institucional’ (valga aclarar que Ramón Isaza se enemistó con Pablo Escobar por el control estratégico de la zona norte de Puerto Boyacá). Como empresarios de la coerción prestaron servicios de terror y regularización de la población como estrategia para eliminar la diferencia y cambiar las identidades con el fin de preservar la naciente estructura de poder local y regional “limpia de comunistas” (como el caso del Mas –Muerte a secuestradores- y Marco –Muerte a revolucionarios y comunistas). Por el otro, dejaron sentado un modelo paramilitar que posteriormente hizo mimesis regional, a principios de la década del noventa, con sus respectivas particularidades, diferencias y semejanzas.

No obstante, el modelo de Puerto Boyacá se caracterizó, además de lo señalado anteriormente, por ser un proyecto político resultante del poder político obtenido desde principios de los años ochenta. Es decir, a la par de una dinámica de terror y coerción (masacre de La Rochela, ocurrida en 1988) había una de aprendizaje político. La Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam) surgió dentro de las disposiciones legales excepcionales, existentes desde 1965 y 1969, como un proyecto político-militar antisubversivo liderado por campesinos, agricultores y ganaderos, cuyo fin fue mantener y fortalecer el cambio de identidades y la nueva estructura de poder desde la perspectiva de un nuevo tipo de liberalismo, que se asumió a sí mismo como anticomunista. Fue en contra de las políticas de paz y la elección libre de alcaldes y gobernadores (Acto Legislativo n.° 01/86) mediante el aumento de violencia política, porque los procesos democratizadores significaban mayor competencia política y un cambio en las reglas de juego que atentaban contra el statu quo regional[ix].

De hecho, una vez consolidado internamente –en Puerto Boyacá-, el dispositivo paramilitar se expandió políticamente por el Magdalena Medio, desde 1985, bajo la etiqueta de Frente Común. Pocos años más tarde, cuando el presidente Virgilio Barco derogó los decretos-ley de 1965 y 1969 y dispuso penas para quienes patrocinaran ejércitos privados, grupos de autodefensa y paramilitares (decreto 814/89), el proyecto político de Puerto Boyacá cobró nuevo significado, legitimación y proyección política definitiva con el Movimiento de Restauración Nacional (Morena), el cual, fundando por Iván Roberto Duque o ‘Ernesto Báez’, siguió los mismos lineamientos de su antecesor pero con un carga de preservación del orden más marcada.

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En el orden de ideas presentado, a raíz del trasfondo histórico y contextual de los inicios de Ramón Isaza y de la novela mediática que se tejió alrededor de su desmovilización, queda claro que el escenario futuro es oscuro y no va a tener un final feliz.

En primer lugar, él y sus hombres se conciben como víctimas y salvadores del germen revolucionario que no tienen porqué pedir perdón (lo cual viola uno de los requisitos para acogerse a la Ley de Justicia y Paz).

En segundo lugar, en las regiones donde se insertó, evolucionó y transformó el modelo de Puerto Boyacá hubo un cambio de reglas de juego donde el Estado fue intervenido o capturado por la ‘institucionalidad paramilitar’ que, sea dicho, guarda su poder político y económico en las regiones y ahora se proyecta de frente y sin tapujos.

Y por último, lo paradójico de este proceso y de quienes lo diseñan y ejecutan es la visión a corto plazo, ligera y superficial, del carácter del actor y de las dinámicas del conflicto armado. Independientemente de la importancia de la desmovilización de 20.000 hombres (¿no eran 15.000?, según cálculos oficiales) lo que causa estupor es que el dispositivo que empezó con unas cuantas manifestaciones aisladas, se reproduce y se transforma en otras regiones del país, no necesariamente como paramilitares sino como ejércitos privados[x] más sofisticados, con un estructura financiera sólida y cuyos jefes ya no son dos o tres grandes capos de la droga, sino decenas de pequeños carteles o, en el peor de los casos, nuevas elites regionales[xi] que reclaman nuevas formas de vigilantismo privado.

[i] Revista Semana. Balas, droga y miedo. Edición n.° 1241. Periódico El Colombiano. Una guerra que empezó con echo escopetas viejas. 5 de febrero de 2006. Pág. 10A.

[ii] Ver el estudio de caso de Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá. Documentos Periodísticos. Bogotá. 1990.

[iii] Los paramilitares y su estrategia. Documento de trabajo n.° 8. Octubre de 1997. Cede. Universidad de los Andes.

[iv] Relatos y contra-relatos, que ayudan a ampliar el espectro sobre la conformación de imaginarios y representaciones, se pueden encontrar en la obra de Medina Gallego, anteriormente citada. Pág. 130.

[v] El Tiempo. 6 de febrero de 2006. Pág. 1-3.

[vi] En: MEDINA Gallego, Carlos. Ibid. Pág. 142.

[vii] Para ampliar la información sobre ese tipo de medidas excepcionales y el contexto nacional e internacional de la época, se recomiendan tres artículos de Javier Giraldo Moreno, S.J.,: Cronología de hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado, El Paramilitarismo: una criminal política de Estado que devora el país y El Paramilitarismo en Colombia, ayer y hoy. En: www.javiergiraldo.org. Y la obra de Francisco Leal Buitrago, La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a la posguerra fría. Alfaomega. Bogotá. 2002.

[viii] El Tiempo. 6 de febrero de 2006. Pág. 1-3.

[ix] Mauricio Romero, doctor en Ciencia Política, afirma que el período 1986- 1995 ha sido el más violento en la historia reciente del país. Precisamente en este lapso se cometió el mayor número de asesinatos políticos de los últimos 40 años, los cuales coincidieron con las cuatro primeras elecciones de alcaldes en las que había, formalmente un competidor político nuevo. En: Paramilitares y Autodefensas. 1982-2003. Iepri – Planeta. Bogotá. 2003. Pág. 89.

[x] Por ejemplo, un informe publicado en periódico El Tiempo señala que a la vez que se desmovilizan estructuras paramilitares, narcotraficantes del norte del Valle crean ejércitos privados que en total suman 3.000 hombres, aproximadamente. El Tiempo. 7 de agosto de 2005. Pág. 1-6.

[xi] El sábado 11 de febrero, 500 ganaderos le propusieron al presidente Álvaro Uribe, en Barrancabermeja, en un consejo de seguridad y ante la presencia de alcaldes de 25 municipios del Magdalena Medio y mandos militares, crear una empresa de seguridad privada ante el miedo que sienten por la desmovilización de grupos paramilitares. Señalaron, además, que están dispuestos armarse y trabajar con la red de cooperantes. Periódico El Tiempo. ¿Propuesta de ganaderos revive las Convivir?. 11 de febrero de 2006. Pág. 1-8.

Eduardo Álvarez