En 1936, cuando ejercía como Contralor General de la República, Carlos Lleras señalaba como uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana, la persistencia de “estadísticas imaginarias” que los funcionarios publicaban alegremente. Hoy, setenta años después, es indudable que el país ha avanzado en la construcción y consolidación de sus estadísticas oficiales, pero no deja de preocupar la persistencia de “estadísticas imaginarias”, normalmente al servicio de un interés particular.

El caso más claro de esta anomalía son las cifras publicadas sobre el uso que los colombianos le damos a las carreteras en periodos de vacaciones. En enero de 2003, se señaló que “20 millones de compatriotas” habían viajado por las carreteras nacionales durante las navidades. Luego, un año más tarde el estimativo bajo a 17 millones. Para enero del 2005 se hablaba de 12 millones y en el último reporte, de enero de este año, se publicó una cifra más prudente de 7 millones de personas.

Las cifras se publicaron sin sonrojarse. Según el Ministerio de Transporte nuestro parque automotor incluye 1.49 millones de automóviles particulares y 364 mil de servicio público dedicados al movimiento de pasajeros, lo cual hace que las cuentas de 20, 17 o 12 millones de personas usando las carreteras sean absurdas.

¿Cómo surgen estas cifras? En varias ocasiones los responsables de las estadísticas han dado una explicación: “se contabiliza el número de vehículos registrados en los peajes de la red vial nacional y se hace un cálculo aproximado de cuatro personas movilizadas por vehículo”. Obviamente no se tiene en consideración que un grupo de viajeros, por dar un ejemplo, entre Bogotá y Cali, pasan en su carro particular al menos por 8 peajes de ida y otros 8 en el retorno. Según esta “metodología” se contabilizarían 64 viajeros cuando en realidad fueron sólo 4.

¿Cómo evitar la proliferación y uso indebido, por parte del gobierno, de las “estadísticas imaginarias”? Parte de la respuesta está en la construcción de institucionalidad. Colombia ha sido ejemplo, en América Latina, sobre como consolidar una institucionalidad adecuada para la producción de estadísticas oficiales.

Primero, Mientras en otros países los Institutos de Estadísticas, conocidos como INES, hacen parte del Ministerio de Hacienda, el de Planeación o la Contraloría General, desde 1968 el DANE fue llevado a rango de Ministerio Técnico. Uno de los argumentos del Presidente Carlos Lleras, era el de evitar que los encargados de la ejecución de políticas fueran los superiores de quien produce las estadísticas que evalúan su gestión. Por ello, el DNP y el DANE tienen el mismo nivel jerárquico. Por eso suena tan extraño e inconveniente, que sea Planeación Nacional quien calcule y publique las estadísticas de pobreza, cuando quien las produce es el DANE.

El caso de la inflación es muy buen ejemplo de las bondades de este esquema, cuando funciona: El Banco de la República es el responsable de controlar la inflación, pero quien mide los avances o retrocesos en este frente, es una entidad totalmente distinta e independiente del Banco. Eso le da credibilidad a los resultados de inflación.

Segundo, la misma institución lleva tanto las cuentas nacionales, como la producción de la mayor parte de las estadísticas que las alimentan: industria, comercio, construcción, agricultura etc. Esto genera un marco lógico que obliga, al interior de la misma entidad a someter a un análisis de consistencia todas sus estadísticas antes de ser publicadas. Por ejemplo, Si el empleo reportado en la Encuesta Continua de Hogares aumenta, el consumo interno de los hogares, en las Cuentas Nacionales debe mejorar. Si las exportaciones, en la investigación sobre el tema que hace el DANE, crecen a un ritmo cuatro veces superior al de la economía en su conjunto, es la demanda externa en las Cuentas Nacionales, la que debe crecer más rápidamente. Si el área sembrada no aumenta, es poco probable que el empleo rural se incremente en más del un 10%.

Tercero, el país cuenta hoy con un importante sistema de encuestas a hogares. La más importante y a mi juicio, la central, es la Encuesta Continua de Hogares, que mide la situación del mercado laboral. Pero también están la de Calidad de Vida, que se realiza cada 5 años, o la de Ingresos y Gastos, la última es de 1994. Esto hace del sistema de encuestas, un proceso en el cual la entidad ha aprendido como preguntarle cosas a los colombianos.

Este marco institucional ha sido construido, de forma lenta por más de 50 años y le dio al DANE una credibilidad y prestigio, al menos entro los académicos y expertos en temas económicos y sociales, bien ganada. Pero siempre existe la tentación, por parte de los gobernantes, de intentar obtener cifras que contribuyan a realzar su gestión de gobierno. Normalmente el marco institucional y el equipo técnico de la entidad han resistido estos embates. No obstante en los últimos meses hemos presenciado que el manejo institucional dado al DANE, está lejos de un tratamiento prudente que construya credibilidad e independencia.

Primero se cambio el diseño metodológico del censo, sin realizar ningún tipo de consulta técnica. El director se tomó un café con el Presidente y allí lo decidieron (es la forma pública como explico el cambio). Luego si se preocuparon por llevarlo al CONPES, tres meses después y cuando tuvieron un diseño razonable lo presentaron a la comunidad académica. Sin entrar a discutir las bondades de la nueva metodología, que las tiene, el procedimiento seguido para adoptarla fue precipitado, inconsulto y por fuera de los mínimos formales y técnicos.

Segundo, se realizó un ajuste en el PIB del sector de las construcciones, ante el reclamo de los analistas, sobre la inconsistencia de los datos, se explicó públicamente el cambio en la metodología. Creo que el cambio era necesario y se mueve en el camino adecuado, pero de nuevo la forma no me parece la más correcta. Cuando uno es responsable de las estadísticas oficiales de un país, y quiere realizar cambios en las metodologías, primero debe llenarse de argumentos, luego debe explicarlos y posteriormente si incluirlos en el proceso técnico. Pero eso no se ha realizado.

Tercero, en el caso de la Industria siempre han existido divergencias entre los resultados de la encuesta Manufacturera del DANE y los estimativos de la ANDI. Eso es normal y sano. Lo peligroso es que el Jefe de Estado, sin toda la información necesaria, en público descalifique la estadística oficial, argumentando que “su marco muestral es obsoleto”. Cuatro meses después de este pronunciamiento, un grupo de técnicos concluyó que el “problema” es el llamado deflactor del PIB que es suministrado a la entidad por el Banco de la República, pero no su marco muestral el cual sin lugar a ninguna duda es de superior calidad al de la ANDI.

Finalmente, las cifras de pobreza publicadas por el DNP, con el silencio del DANE, contienen al menos 4 ajustes metodológicos cuya razón de ser, con la información hoy disponible no son claros. El primero es utilizar las líneas de pobreza de 1984 y no las más recientes de 1994. El segundo es disminuir el número de personas por hogar, menos gente por hogar, menor ingreso para no ser pobre y por lo tanto menor pobreza. El tercero es el sistema de imputación de ingresos y el cuarto el número de calorías que se asigna como el mínimo necesario para dejar de ser indigentes.

Estos cuatro casos, no son el mejor ejemplo de una sociedad que construye instituciones para aumentar la legitimidad ni la credibilidad de sus estadísticas oficiales. Como hace 70 años, nuestra institucionalidad no impide el uso de “estadísticas imaginarias”. Es imperativo asegurar la independencia del DANE. En medio de los vaivenes políticos, no podemos dejar nuestras estadísticas oficiales al servicio de los intereses electorales de la coyuntura.

César Caballero