INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS, IDH, Lima www.institutoddhh.org

Denuncia penal de Diego García Sayán contra escritor y periodista ensombrece lucha por los derechos humanos en el Perú

El presidente del Instituto de Derechos Humanos (IDH) de Lima, Luis Alberto Salgado, declaró que la denuncia penal por el presunto delito de “difamación agravada” interpuesta contra el escritor y periodista peruano Ricardo Ramos Tremolada, por el ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores del Perú, y actual miembro de la Corte Interamericana de San José, Diego García Sayán, constituye un atentado contra la libertad de expresión y un serio obstáculo en la construcción de una cultura de derechos humanos en el país. García Sayán exige además el pago de S/. 1’000,000.00 (un millón de nuevos soles) como reparación civil. Ramos Tremolada fue detenido al llegar al Perú hace unos días en el aeropuerto “Jorge Chávez”, por esta denuncia que recién conoció el día de su detención, llevado a la carceleta judicial y puesto a disposición del juez a fin de responder por la acusación formulada por el ex ministro García S.

El directivo del IDH agregó que “dicha situación es preocupante y lamentable por cuanto el actual miembro de la Corte de San José ha sido ministro de Justicia en el anterior gobierno de Valentín Paniagua y de Relaciones Exteriores durante el régimen del actual presidente Alejandro Toledo y tiene las características de un uso indebido del poder político en perjuicio de una persona carente de él. En una democracia los actos y decisiones de un funcionario de Estado siempre están sujetos a la crítica y al escrutinio público y si bien puede disentirse del estilo o aspectos de dicha crítica ello no puede ser justificación para usar los mecanismos judiciales para acallar dichas discrepancias. El diálogo y el debate inteligente y esclarecedor de dudas siempre están a la mano para un verdadero demócrata, más aún si se es o se ha sido un defensor de los derechos humanos”.

Salgado agregó que las críticas de Ramos Tremolada, y que básicamente son las que rechaza García Sayán, estaban referidas a una política de Estado y a su implementación por el ex ministro de Justicia en relación a beneficios de conmutación de penas y libertad otorgados a condenados/as por terrorismo presuntamente arrepentidos/as. “Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con determinadas políticas de Estado, e inclusive aprobar o discrepar con la aplicación de la misma según cada caso particular y cualquier ciudadano debe tener las garantías y la tranquilidad de saber que no será perseguido, ni procesado, ni menos condenado por emitir públicamente esas discrepancias con el poder. Lo contrario sólo ocurre en dictaduras, en totalitarismos, o en remedos de regímenes democráticos”.

El representante del Instituto de Derechos Humanos señaló que en su momento el Sr. García Sayán había ejercido su derecho de réplica en el mismo diario en el cual habían aparecido los cuestionamientos formulados por Ramos T. y que en todo caso las vías aparentemente siempre estuvieron abiertas para ulteriores aclaraciones o debates. Más aún cuando se tiene conocimiento que si bien no hubo documentos clandestinos si ha habido Resoluciones Supremas de carácter “estrictamente secreto” firmadas por el ex ministro García Sayán y rubricadas por el ex presidente Valentín Paniagua. Lo delicado y complejo de la situación merece debate y esclarecimiento que de ninguna manera deben darse en las instancias judiciales.

Finalmente, Salgado invocó al miembro de la Corte de San José a tener presente que como magistrado de este alto tribunal de derechos humanos tiene la delicada responsabilidad de observar una conducta democrática intachable exenta de la menor sospecha de arbitrariedad y abuso, y que lo más recomendable a favor de la lucha por los derechos humanos en el Perú es resolver cuanto antes esta desagradable situación surgida por su denuncia interpuesta contra el escritor Ramos T.

Lima, 21 de febrero, 2006