Acostumbrados a las cifras agregadas de ataques, desplazamientos, homicidios y capturados nacionales, los colombianos pocas veces apreciamos de qué manera el conflicto armado colombiano marca y permea profundamente nuestra vida cotidiana. Según la encuesta de Indepaz y la Universidad de los Andes, el 61 por ciento de los encuestados reporta que el conflicto incide en las condiciones de vida de su familia; 54 por ciento especifican que incide en su tranquilidad personal, 46 por ciento afirma que el conflicto afecta sus posibilidades de movilización, 45 por ciento que afecta su seguridad física y 44 por ciento su oportunidad de tener empleo.

Esta dimensión cotidiana del conflicto armado—menos tangible, sin duda menos sensacional y pocas veces abordada por los medios de comunicación—constituye uno de los dramas nacionales menos estudiados y más difíciles de asir. Tan compleja es esta realidad, que, frente a la solicitud de identificar los principales problemas del país, los mismos encuestados otorgaron al conflicto armado sólo un bajo cuarto lugar, después de la pobreza, la injusticia y la corrupción.

Esta aparente paradoja sugiere varias interpretaciones. Por un lado, tras décadas y décadas de conflicto armado, pareciera que los colombianos hemos desarrollado una serie de habilidades para convivir con él (y ser insensibles frente a él). Sin pensarlo mucho, no hablamos de ciertos temas con desconocidos, no transitamos por ciertos sitios, en las ciudades examinamos de reojo los carros, inspeccionamos a quien nos encontramos en la calle, en el exterior peleamos en defensa de la buena imagen del país (el café, las esmeraldas, las dos costas), en nuestros pueblos nos “guardamos” temprano en las casas cuando vemos gente extraña andar por las calles, y, en todas partes, desplazamos la mirada cuando nos encontramos, quizás en un semáforo, quizás en un andén, a una familia con un cartón escrito a mano pidiendo ayuda. Los datos señalados arriba confirman, sin embargo, que, en el fondo, todos podemos hacer las cuentas de cómo y cuánto en realidad el conflicto disminuye nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean.

Por otro lado, muy en línea con lo que pasa en el resto del sub-continente latinoamericano, para los colombianos también priman las urgencias del bolsillo. Como lo han revelado encuestas recientes como Latinobarómetro y LAPOP, de la Universidad de Vanderbilt, y como parece confirmarlo la llegada al poder de gobiernos cuya carta central es llenar los vacíos de las promesas incumplidas de crecimiento con equidad, los latinoamericanos ponen a la superación de la pobreza en el primer lugar de sus preocupaciones. Que ésta, en el caso colombiano, es parcialmente causada por el conflicto armado, parece no haber calado aún en la conciencia colectiva (aunque puede ser una de las explicaciones de por qué la pobreza ocupa el primer lugar en las preocupaciones, como causante del conflicto y, por tanto, como el “problema original”). Pero que la pobreza incide también y quizás de forma más apremiante en la vida diaria de los colombianos—en la probabilidad de comer ese día, en la posibilidad de acceder a servicios de salud, en la probabilidad de que se caiga el techo de la casa—es un hecho que puede explicar por qué, a pesar de su ubicuidad, el conflicto pasa a segundo plano.

Las implicaciones de estas reflexiones para la construcción de paz son numerosas y complejas. Por un lado, la literatura sobre construcción de paz y los manuales de las agencias internacionales que adelantan programas en estas materias están repletos de recomendaciones acerca de la necesidad de integrar a la sociedad civil a la búsqueda de la paz. Entre mayor es el apoyo y la cooperación de la sociedad civil a la paz, se dice, más rápidamente y menos traumáticamente podrá transcurrir el proceso de construcción de una paz estable. Perversa pero lógicamente, este apoyo es más fácil de generar en situaciones de crisis, que aumentan la solidaridad y la disposición a la colaboración como también la disposición a pagar un costo. No en vano, a mediados de los años noventa, cuando Colombia se debatía entre la crisis de gobernabilidad del gobierno de Ernesto Samper, una grave recesión económica y un severo escalamiento del conflicto armado, florecieron y se multiplicaron las iniciativas de paz de la sociedad civil, con un vasto apoyo de la población.

En contraste, la ausencia de una crisis notoria o la percepción de una mejoría (como en Colombia actualmente), disminuye la disposición a colaborar y hace más difícil generar, en un público escéptico y decepcionado, la base necesaria para asumir el costo de la paz. Este, que todos tendremos que pagar eventualmente, incluye pagar más impuestos, convivir con declarados violadores de derechos humanos y, como muchos ya lo están experimentando, competir por los escasos puestos de trabajo con combatientes desmovilizados. Sin ser sólo monetario, el costo es alto y supone un mínimo consenso social, no sólo para que no queden pendientes muchas de las tareas de una paz duradera sino también para que no sigan latentes rencores, cuentas pendientes y malestares que, aún años más tarde, puedan seguir incidiendo en el proceso político.

En el anterior sentido, paradójicamente, una reducción de la intensidad del conflicto afecta las posibilidades de lograr la paz en el contexto de una población para la que el conflicto no forma parte de sus principales preocupaciones. Por eso, es preciso poner un poco en perspectiva el rotundo apoyo, recogido por la encuesta, a una negociación política para superar el conflicto. En efecto, la experiencia de todos los países que han transitado del conflicto a la paz revela que de la mesa de negociaciones entre líderes de los bandos enfrentados a la implementación de eventuales acuerdos habrá un largo trecho que exigirá la masiva concurrencia (y paciencia) de la sociedad. Cuando se apague el flash de los fotógrafos y se hayan ido los observadores internacionales, una significativa parte de la responsabilidad de la consolidación de la paz quedará en manos de la sociedad civil y será ella a quien habrá que enrolar como uno de los aliados claves para la construcción de paz.

Que más de un 80 por ciento de los encuestados afirmen que la participación ciudadana para la lograr la paz y la convivencia es útil o muy útil es un buen indicador de que se está avanzando en esa dirección. Queda, sin embargo, la duda acerca de la posibilidad de que aquellos que dijeron que estarían dispuestos a recibir en su vecindad a un desplazado (82,7 por ciento), recibir en su empresa a un desplazado (77,6 por ciento), apoyar iniciativas para exigir respeto a los derechos humanos (65,7 por ciento) o participar en iniciativas de resistencia (60,2 por ciento) cambien de opinión cuando se enfrenten a hechos reales y a las dificultades que esto implica.

Como debe quedar claro, nutrir la construcción de paz con sociedad es quizás uno de los principales retos de Colombia y también uno de los más difíciles. Que no nos parezca normal el vigilante con perros a la entrada del supermercado, las requisas y los tanques en las carreteras, la presencia de hombres armados en nuestros pueblos, la imposibilidad de andar por ciertos caminos. Generaciones enteras de colombianos hemos nacido y crecido en un contexto de conflicto el cual, con sus altibajos, nos genera un gran costo pero en medio del cual también hemos desarrollado un modus vivendi que nos ha permitido operar en este país. Ese modus vivendi, a la vez que herramienta necesaria de supervivencia, será también una de las principales barreras que habrá que cuestionar y romper para avanzar hacia una paz estable. La encuesta que hoy presentamos nos ofrece una guía en esa dirección.