Ladran. Protestan. Vociferan por lo bajo en los bares cercanos al Palacio de los Tribunales. Los abogados llaman por celular a los camaristas y juntos sollozan por el anuncio del fin de fiesta. La familia judicial ve cómo la “chusma kirchnerista” le inflige despacito la primera derrota de magnitud tras muchos años y renovadas administraciones políticas. La composición actual del Poder Judicial de la Nación es muy similar a la que dejó la dictadura militar. No varió significativamente durante ninguno de los siguientes gobiernos y, a pesar de ser formalmente independiente, con Consejo de la Magistratura o no, el Poder Judicial cubrió escandalosamente las espaldas de los políticos de turno en el poder. Corrupción y elitismo lo distinguieron como a ninguna otra institución.

Braman desde el diario La Nación hasta el buffet del Jockey Club, pasando, naturalmente, por Mauricio Macri, Elisa Carrió y el ex diputado Patti, el del calentador eléctrico. Pero ahora, tal vez, empiece el tiempo de una Justicia menos atenta a los intereses de los poderosos y más respetuosa de lo que pueda hacer el pueblo con sus luchas, sus rebeliones, su capacidad de transformar la realidad. Hasta ahora había sido sorda por completo, y cuando las escuchaba era para hacerlas callar. Los objetores del proyecto fundamentan que el Gobierno podrá manipular la Justicia, pero en verdad la reforma al Consejo de la Magistratura admite que ya no sea la acomodada y patricia casta judicial la que conduzca discrecionalmente los destinos de esa institución fundamental en la dominación burguesa. Presencias políticas (un consejero por el Poder Ejecutivo; tres senadores y tres diputados, con representación proporcional para la mayoría y la minoría en ambas Cámaras legislativas), les pondrán freno a los contubernios de la exclusiva corporación judicial.

A la hora de los debates televisivos donde abundan argumentaciones progresistas e ideas de avanzada, se omite por completo señalar que el Consejo de la Magistratura, ahora reformulado, nació en las caminatas de Menem y Alfonsín en Olivos, en ese pacto abrochado en las sombras y a la espalda de la población. Tenía nula legitimidad de origen y, sin embargo, tras la sanción de la reforma lo velan con todos los honores, haciéndolo pasar como a un muerto querido y respetable.

Cuestión, que ya no se nombrarán a sí mismos los jueces, que antes fueron abogados y después serán camaristas, y que alguna vez la irán de expertos académicos en la teoría del Derecho. Ya no podrá un abogado presionar al juez del Tribunal donde está litigando mediante el recurso de amenazarlo con la remoción a través de sus “contactos” en el Consejo de la Magistratura. Ya no serán los académicos que arreglan con jueces y abogados la composición de una Cátedra determinada en la Facultad de Abogacía, quienes destituirán a los magistrados o nombrarán a sus amigotes en los cargos vacantes. Ahora todo ello dependerá en parte fundamental del Poder Político, de legisladores oficialistas y de la oposición, de esos senadores y diputados que nada garantizan con su trayectoria de todo menos intachable, pero que saben que una rebelión como aquella de 19 y 20 de diciembre bien podría dejarlos sin lugar en la representación republicana, que de “democracia” poco tiene todavía.

Es una situación inventada, pero bien puede haber sucedido: un Secretario de Juzgado es a su vez Jefe de Trabajados Prácticos en una Cátedra de la carrera de abogacía cuyo titular es un Juez. Ese Secretario y docente presionará sutilmente, por ejemplo mientras juegan el golf de las cinco de la tarde, a su representante académico en el Consejo de la Magistratura para que apure la destitución del magistrado titular del Juzgado donde labora ese Secretario, y así poder postularse en su reemplazo. El juez cuestionado, a su vez, forzará disimuladamente, por ejemplo mientras comparten una ficha en el Casino de Punta del Este, a su colega miembro del Consejo de la Magistratura para que rechace la acusación y lo absuelva. No obstante, el Juez investigado verá que no alcanza a impedir su destitución y opta por renunciar a su cargo antes del final del proceso, para poder gozar inmediatamente de su jubilación de privilegio. Entonces, el pliego del postulante, ex secretario del Juez renunciado, será aprobado por aquel mismo Consejero representante de los sectores académicos, y contará con el apoyo del delegado del Colegio de Abogados, cuyo estudio jurídico podrá litigar tranquilo en el Juzgado de ese Secretario ahora ascendido a Juez de la Nación, pues el flamante magistrado le debe un favor, que retornará con un fallo condenatorio o de absolución, según precise en su momento el letrado. Y todos amigos, y todo en familia. Pero ahora todo eso se acabó. Es deseable, entonces, que empiecen a terminarse las presiones corporativas en la vida del Poder Judicial. Ahora, quizás, los jueces de la Nación ya no tengan más remedio que igualarse con el resto de los trabajadores y empezar a pagar el impuesto a las ganancias por sus dietas de varios miles de pesos. Obsceno es que un obrero petrolero deba luchar para que no tribute un salario de $ 1800, y en cambio un Ministro de la Corte Suprema, que es remunerado con más de $ 20000 al mes, se ampare en el principio de intangibilidad que consagra la Constitución para no pagar el gravamen a las ganancias. A unos, el garrote, el gas vomitivo y la prisión, y a los otros la Ley especial de previsión que les garantiza el 82 por ciento móvil de cobro jubilatorio. Impudores de la democracia argentina.

Ahora, ojalá, los jueces de la dictadura ascendidos alegremente durante la etapa abierta en 1983, podrán ser desalojados de sus cargos vitalicios. Ahora, tal vez, los trabajadores judiciales podrán equiparar la brecha entre los que más ganan (pero menos trabajan) y menos cobran (pero más laboran) en Tribunales, accediendo –se ambiciona- a los mismos beneficios previsionales que los jueces y a una escala salarial más justa y acorde a las tareas realizadas. Ahora, se exige, debe empezar a haber sanciones a quienes hicieron de la Justicia una triste guarida de golpistas y acaudalados. No hay otra alternativa si lo que se pretende es construir un país justo, o cuanto menos serio, como se promociona.