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Estudiantes colocando una banderola donde dice que la La Sorbona esta en huelga.
Foto Indymedia

El viernes 10 de marzo, poco después de las cinco de la tarde se cerraban las puertas de la [universidad] Sorbona. Tal y como se había decidido en la asamblea general, convocada en respuesta a la reforma laboral que había sido aprobada el día anterior, unas doscientas personas procedían a la ocupación de los recintos universitarios. Tras el cierre de la universidad, cientos de estudiantes se unían a las protestas en el exterior mientras la policía precintaba los edificios. A las tres de la mañana se procedió al desalojo en medio de fuertes enfrentamientos.

Después de la intervención policial, el clima de conflicto ha subido de tono. Sindicatos y organizaciones de estudiantes han convocado nuevas manifestaciones, fuera de París; las ocupaciones de centros universitarios se suceden; varios rectores (Nantes, Toulouse y Nanterre) han solicitado al Primer Ministro la retirada del CPE (Contrato de Primer Empleo). Es precisamente éste, el CPE, el motivo principal de las protestas. La aprobación el jueves 9 de marzo en el Senado del proyecto de ley sobre “igualdad de oportunidades”, que incluye el controvertido contrato de primer empleo, es un paso más en las reformas acometidas por el Gobierno francés en el ámbito social.

Esta nueva ley no sólo altera largamente el Código de trabajo sino que también modifica el de educación y el de seguridad social, entre otras normas básicas. Las reformas aprobadas se dividen en cinco campos. En el primero, rubricado “medidas a favor de la educación, del empleo y del desarrollo económico”, se incluyen las reformas del contrato de aprendizaje y la creación de la nueva figura contractual para los menores de 26 años.

El funcionamiento de este nuevo modelo es sencillo, muy similar al esquema del CNE (Contrato de Nuevo Empleo) aprobado el pasado mes de agosto. Las diferencias entre ambos modelos son de carácter subjetivo. El contrato de nuevo empleo no prevé un límite de edad del trabajador, y se circunscribe en exclusiva a un tipo de empresas, las de menos de 20 trabajadores; por su parte, el CPE se dirige a un sector determinado de la población, los menores de 26 años, sin delimitar el tipo de empresa que puede realizarlos.

Ambas figuras son consideradas contratos por tiempo indefinido, siéndoles de aplicación la generalidad de las condiciones establecidas en el Código de trabajo. La principal diferencia entre los contratos indefinidos ordinarios, y el CPE y el CNE, radica en que en el caso de éstos últimos, y durante los dos primeros años de su vigencia, no son aplicables las reglas que establecen las condiciones de finalización del contrato (los artículos relativos a la finalización del contrato de duración indeterminada y las disposiciones que regulan el despido por motivos económicos).

Tal excepción de la norma general convierte de facto este periodo inicial bianual en un “periodo de prueba alargado” (naturalmente, la ley elimina la existencia de un periodo de prueba en estas nuevas modalidades). De esta manera, se entiende que la finalización de uno de estos contratos durante dicho periodo no es un despido con las garantías habituales. Las implicaciones de este cambio de nomenclatura son claras, dadas las especiales prerrogativas de las que goza el empresario durante el tiempo de prueba, y la precaria situación en la que se encuentra entonces el trabajador.

Durante este periodo el empresario no tiene que justificar los motivos de un posible despido, pudiendo finalizar el contrato de manera unilateral cuando lo estime conveniente, con la consiguiente disminución de garantías y compensaciones para el trabajador. Tanto el CNE como el CPE prevén unos tiempos reducidos para el preaviso. De hecho, si el trabajador ha trabajado en la empresa durante menos de un mes es posible prescindir de preaviso; si ha trabajado durante más de seis meses, éste deberá realizarse con un mes de antelación.

Del mismo modo, se reduce considerablemente la indemnización por parte del empresario, si la comparamos con la prevista en el caso de los contratos indefinidos ordinarios (un 8% del salario bruto total percibido desde el comienzo del contrato).

Como compensación, el gobierno ha previsto nuevas “garantías” para los trabajadores tras la finalización del contrato. Habrá una mayor intervención estatal ex post, asegurando prestaciones por desempleo similares a las aplicables tras los contratos por tiempo indefinido. Estas medidas, a las que se unen ciertas facilidades en el alquiler de la vivienda o los créditos bancarios, junto con los supuestos beneficios que estos nuevos contratos pueden suponer para las empresas, han sido largamente argumentadas por el gobierno y la patronal para apoyar las controvertidas reformas.

Se afirma que la reforma se inserta en la línea de la llamada flexecurité (flexseguridad), en imitación del modelo danés y las indicaciones de la UE. Sin embargo, tal y como denuncian los sindicatos, las prestaciones sociales francesas están lejos de alcanzar las cotas danesas.

Durante los últimos meses, el anuncio y aprobación del CPE, directamente dirigido a los jóvenes, ha desatado una serie de contundentes protestas conjuntas de sindicatos, organizaciones de estudiantes y partidos políticos de izquierdas, de mayor intensidad que las provocadas tras la adopción del CNE.

Con el CPE se profundiza en la línea del anterior contrato, agravando la cuestión pues este nuevo modelo instaura la inestabilidad laboral por la vía normativa para el sector más afectado por la precariedad, los jóvenes. Además, otorga ventajas a la generalidad de las empresas y elimina así la diferencia hecha anteriormente en el CNE entre pequeñas y grandes organizaciones que pretendía justificar la existencia del contrato de nuevo empleo.

El CPE muestra que el verdadero objetivo de las reformas es la eliminación general de la causalidad del despido y la interdicción de la actividad judicial en la revisión de las decisiones empresariales. Sin embargo, como demuestra de nuevo la experiencia del CNE, la intervención de los jueces no se ha restringido pues al ser despedidos sin alegación de la causa, lejos de no recurrir el despido, los trabajadores han acudido a los tribunales alegando la vulneración de derechos fundamentales.

Éste es sin duda un nuevo paso hacia el objetivo de desarmar un modelo social basado en relaciones laborales estables, modelo que permite el ejercicio de los derechos laborales tanto individuales como colectivos que fueron diseñados en función de esa realidad. Las repercusiones de la inestabilidad laboral en la sindicación y en el ejercicio de los derechos colectivos es indudable, pero es igualmente cierta la repercusión de la falta de identificación del trabajador con la empresa en el rendimiento de ésta. Por tanto, el discurso de las necesidades y las urgencias de la economía no justifica estas medidas, aun cuando sean explícitamente respaldadas por la patronal y por el FMI.

El ejemplo francés es uno más en el conjunto de cambios que están afectando a la configuración tradicional de las relaciones laborales. La necesidad de un nuevo modelo parece imponerse pero, como está demostrando la experiencia francesa, este nuevo modelo no puede hacerse de espaldas a los trabajadores. El movimiento sindical y estudiantil francés ha dado una vez más un ejemplo de capacidad de respuesta y movilización.

Como mínimo ha conseguido una primera victoria: el modelo de relaciones laborales está siendo discutido públicamente y esto, per se, está obligando al gobierno francés a justificar reiteradamente las medidas adoptadas.