La campaña electoral de los candidatos ha entrado en la recta final. Muchos temas han sido abordados, entre ellos, seguir promoviendo el crecimiento de la economía en base a las exportaciones mineras. En el gobierno que termina, la minería ha sido la actividad estrella de las exportaciones, más del 55% de las mismas se explican por el incremento de la producción del sector. De otra parte, el incremento de los precios de los metales en el mercado internacional ha dado rentas fabulosas a las empresas mineras. Desde el punto de vista macroeconómico, el crecimiento de las exportaciones debido a la actividad minera es uno de los logros que el gobierno ha podido exhibir.

Sin embargo, algo ha ocurrido en el otro lado de la medalla que ha colocado a la actividad minera en el ojo de la tormenta de los conflictos sociales más intensos que ha vivido el país en los últimos años (Tambogrande, Quilish, La Zanja, Tintaya, Majaz, La Oroya, etc.). Como ha reconocido el estudio del Banco Mundial "Riqueza y Sostenibilidad: Dimensión Ambiental y Social de la Minería en el Perú" (Abril 2005): “La minería ve frenada sus expectativas de desarrollo en el país debido, principalmente, a los conflictos sociales generados por el daño al medio ambiente, por un lado, y por las limitaciones en el uso y distribución de los ingresos que deja, por el otro", una constatación que, sin duda, puede extenderse a la problemática del gas de Camisea: daños ambientales que en su etapa de construcción fueron minimizados o ignorados porque los machiguengas cuentan poco para efectos de los beneficios que iba a obtener todo el país y daños que se han incrementado por las múltiples roturas del gasoducto. De otro lado, malestar por los elevados costos del gas para la población y las actividades industriales reconvertidas al uso de gas. Impactos ambientales negativos y magros beneficios económicos de las poblaciones locales en las riquezas producidas son los dos puntos neurálgicos de la política de promoción de la inversión privada y de la política minera y energética de los últimos gobiernos.

Los impactos ambientales negativos de la minería, básicamente tienen que ver con la contaminación y agotamiento de los principales recursos naturales: agua, aire y suelo, o con la competencia por un mismo recurso escaso como es el agua y el suelo fértil (casos Quilish y Tambogrande respectivamente). Las comunidades se han organizado para defender su derecho a vivir en un mundo sano. Un derecho que en el Perú va abriéndose paso lentamente y por eso mismo ha sido recogido en la Nueva Ley del Ambiente aunque todavía con muchos recortes introducidos por las presiones de la Sociedad Nacional de Minería y otros gremios empresariales como la remisión de la prueba y la implementación de una autoridad ambiental transectorial.

Los conflictos alrededor de la minería son expresión de un proceso de ciudadanía ambiental creciente: la población está cada vez menos dispuesta a recibir beneficios económicos en el corto plazo, que muchas veces son magros, a cambio de que sus aguas lleguen contaminadas o se agoten como es el caso de Yanacocha en Cajamarca; que sus hijos tengan plomo en la sangre a cambio de un puesto de trabajo como es el caso de Doe Run en La Oroya, o que se le intente imponer a las poblaciones locales una actividad insostenible como la minería por encima de una actividad sostenible como es la agricultura en el caso de Manhattan en Tambogrande.

Esto es lo que está siendo ignorado por la mayoría de los candidatos que en materia de políticas desarrollo sostenible y derechos ambientales siguen estando de espaldas a la realidad. Por eso, no extraña que la candidata de la derecha sostenga que lo que se necesita “es mano dura y firme” para las poblaciones que cansadas de tanto trámite burócratico y mesas de diálogo cuyos acuerdos son burlados no ha tenido otra alternativa que defender sus derechos en las calles. O que el candidato nacionalista centre su discurso en la revisión de contratos, pero aporte poco o nada sobre políticas y mecanismos de salud, fiscalización y seguridad ambiental. O que el candidato del regatón hablé de “sierra exportadora” sin tomar en cuenta la urgencia de contar con planes de zonificación ecológica y económica y de ordenamiento territorial, sin los cuales la agricultura en la sierra simplemente será imposible con una minería que se ha adueñado de las cabeceras de cuencas en La Libertad, Piura, Cajamarca, Lambayeque o Moquegua.

Los marcos jurídicos de promoción de la inversión privada y la Nueva Ley de Minería elaborados por la dictadura fujimontesinista, han sido continuados por el gobierno de transición y perpetuados por Toledo, son estos marcos los que necesitan una revisión profunda. La Nueva Ley del Ambiente, si bien tiene avances, sigue estando limitada por los recortes que le introdujo el lobby minero. La falta de una autoridad ambiental transectorial e independiente, así como los deficientes mecanismos de redistribución de la renta siguen siendo el mejor caldo de cultivo para los conflictos mineros. Por lo demás, está faltando en el debate político electoral una discusión responsable y seria sobre el rol de las actividades mineras en el desarrollo sostenible nacional; el fortalecimiento del Estado en el marco de los procesos de regionalización y descentralización y la promoción de inversiones mineras; el diseño y funcionamiento de mejores mecanismos de planificación, ejecución, supervisión y fiscalización del gasto público de los fondos provenientes del canon minero y regalías en las regiones; así como de los mecanismos públicos que hay que fortalecer para que se investigue y sancione ejemplarmente a los criminales de cuello blanco, responsables de la corrupción asociada a la enorme masa de dinero que se halla vinculado a los grandes proyectos de inversión. Allí está Yanacocha con Mr. Kurtlander de Newmont en la salita de Montesinos arrebatando acciones a BRGM, o algún alto funcionario de gobierno vinculado a los intereses de Tenaris-Techint en Camisea y su asesora que dice sin desparpajo que “es normal que los ductos se rompan” (¿no hay autoridad alguna que los obligue a canjear sus lujosas oficinas o viviendas por una de las casitas de los machiguengas que viven al lado de los puntos críticos detectados por la auditoría ambiental E-Tech?)

A la hora de decidir, los ciudadanos que vivimos en zonas de influencia minera debemos tener en cuenta cuánto han dicho u omitido decir nuestros candidatos, y por cierto, son estos los temas de fondo que los ciudadanos podemos obligarlos a debatir en los diversos foros públicos que se están realizando. Nuestro voto será entonces un voto informado y responsable.

*Sacerdote Diocesano. Coordinador del Area de Conservación y Desarrollo Ambiental de GRUFIDES y Miembro del Comité Directivo de la Red Muqui.

Marco Arana Zegarra