La más reciente declaración pública del Grupo de Paz de Planeta Paz, señalando la no participación en a Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, tiene antecedentes que se remontan a la iniciación del proceso de acuerdos entre el gobierno y las organizaciones paramilitares.

Como se recordará, este proceso se inicia sin la existencia de un marco jurídico, limitando los condicionamientos a un cese de hostilidades y concentración de voceros de las AUC en San José de Ralito. Al no existir un marco jurídico, lo que se hizo fue un encuentro de cúpulas para convenir los alcances que habrían de tener los procesos de judicialización, y acordar el establecimiento de tiempos y lugares para el cumplimiento de penas simbólicas, que satisfacían, en gran parte, las aspiraciones de los paramilitares, quienes expresaron que no estaban dispuestos a pagar ni un sólo día de cárcel.

De otro lado, se buscó sustraer a los paramilitares de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ya que supuestamente el proceso así desarrollado, permitiría que los graves delitos cometidos por el paramilitarismo fueran presentados formalmente como cosa juzgada por la justicia colombiana. Adicionalmente, el gobierno se esmeró maniqueamente en establecer la extensión acomodaticia del concepto de delito político a los delitos cometidos por los paramilitares, para así justificar el otorgamiento de favorabilidades penales, despejarles los espacios políticos para su actividad posterior a la desmovilización, y generar condiciones para hacer aparecer el delito de narcotráfico como conexo al delito político -con lo que además se eludiría el peligro de extradición-, todas éstas exigencias de las AUC.

Como consecuencia, el gobierno fue claramente sometido por los paramilitares para la elaboración conjunta de los contenidos de la ley, en sustitución del legislativo, que se limitaría posteriormente a impartir aprobación formal a una alternatividad penal previamente hecha en beneficio propio.

Ante semejante contubernio, el Grupo de Paz de Planeta Paz, a nombre de las organizaciones sociales populares que lo integran, expidió su Primera Declaración Pública, señalando que las negociaciones con los denominados grupos armados de autodefensa no tienen ni pueden tener reconocimiento político. Cualquier negociación debe estar orientada al desmonte definitivo y total del paramilitarismo en Colombia con sus redes de apoyo, financiación y legitimación. Debe implicar un diálogo permanente entre la sociedad y el Estado, externo a las conversaciones entre gobierno y paramilitares, garantizar plenamente la protección de los derechos de las víctimas e inspirada en la consecución de la verdad, la justicia y reparación material, moral y simbólica de las personas, organizaciones y comunidades que han sufrido las consecuencias de las acciones paramilitares.

Afirma el Grupo de Paz en ese primer comunicado, que el Proyecto de Alternatividad Penal presentado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez NO contribuye a la paz y a la reconciliación de los colombianos, dado que propone mecanismos para la suspensión provisional de penas y condenas alternativas que permiten a quienes han cometido delitos atroces y de lesa humanidad, obtener la libertad con el cumplimiento de condiciones que no guardan proporcionalidad alguna con la gravedad de los delitos cometidos y la responsabilidad frente a las víctimas. La propuesta no cumple –señala el comunicado- ni con la Constitución Política de Colombia ni con los Tratados Internacionales a los que está obligado el Estado Colombiano. No crea la condición obligante de que para ser beneficiarios de la Alternatividad Penal, deban confesar plena e integralmente los delitos cometidos, colaborar eficazmente con la justicia en aras al esclarecimiento pleno de los hechos e identificación de todos los responsables, ni contempla la conformación de unas Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que permita establecer la responsabilidad de los actores sociales, económicos, políticos y estatales que contribuyeron a la formación y desarrollo del paramilitarismo. No garantiza, por tanto, la verdad, justicia y reparación.

Posteriormente, el gobierno presenta un Pliego de Modificaciones al proyecto de Ley estatutaria, frente al cual el Grupo de Paz de Planeta Paz se pronuncia por segunda vez, reiterando plenamente el contenido de la Primera Declaración y destaca cómo el Pliego de Modificaciones de origen gubernamental sólo contempla mecanismos para el establecimiento de la verdad judicial de los delitos individualmente considerados, e ignora el esclarecimiento de la verdad y las responsabilidades históricas, políticas, sociales y estatales en la formación y desarrollo del paramilitarismo. Por lo mismo, no contempla la conformación de una Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Históricos que ofrezca imparcialidad y credibilidad, ni incluye una Comisión de Verificación con la participación de las víctimas individuales y colectivas, reduciendo el fenómeno del paramilitarismo a un simple asunto penal, detrás del cual se agazapan las responsabilidades estatales y de otros agentes civiles y militares involucrados en a formación, estímulo y financiación del paramilitarismo.

Transcurrido un periodo de dilaciones en el Congreso, el gobierno ante la lluvia de críticas nacionales e internacionales a su proyecto, opta por retirarlo e inicia un proceso de reelaboración del mismo, convirtiendo la Casa de Nariño en espacio legislativo con las bancadas uribistas, en una especie de conclave, en torno a desayunos y almuerzos, a espaldas de la sociedad, de las víctimas, organizaciones sociales y del resto del Congreso de la República.

Se produce en Cartagena un encuentro con presencia de representantes del gobierno y la Comunidad Internacional. Allí el gobierno presenta una propuesta de Proyecto de Ley matizada con contenidos de una propuesta de origen parlamentario, con el claro prepósito de engañar a la Comunidad Internacional, presentando algo que resultara más potable a dicha Comunidad. Propósito de engaño que resulta más evidente, cuando casi de manera simultánea presenta ante el Congreso de la República, su nueva propuesta, en esta ocasión, no como proyecto de “Alternatividad Penal”, ni de “Verdad, Justicia y Reparación” sino como “PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ”, totalmente diferente al exhibido ante los miembros de la comunidad internacional en Cartagena e ignorando todos los demás proyectos, para entonces existentes, de origen parlamentario.

El Grupo de Paz de Planeta Paz expide una nueva declaración, esta vez como Constancia Histórica “que pueda ser considerada en un futuro por la justicia internacional”, ratificando los principios de verdad, justicia y reparación señalados en las anteriores declaraciones.

Finalmente, acudiendo a cuantas formas de presión y maquinaciones fue posible, el gobierno alcanzó la aprobación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en las Comisiones Primeras de Cámara y Senado y en las respectivas plenarias, logrando así el gobierno una ley a imagen y semejanza de sus acuerdos con el paramilitarismo, que le otorga carácter político a sus desafueros, establece una penalización que resulta ser una burla al espíritu de la justicia nacional e internacional, a las víctimas y a los más elementales principios de democracia, garantiza la impunidad de delitos atroces y de lesa humanidad y de los actores estatales en el cruento proceso criminal del paramilitarismo en Colombia.

A escondidas, detrás de las celebraciones de final del año 2005, fue expedido el Decreto 4760 de 2005, reglamentario de la llamada Ley de Justicia y Paz, que como lo dice la reciente declaración del Grupo de Paz de Planeta Paz, está destinada a favorecer la reinserción de los paramilitares a la vida civil, sin respetar los principios mínimos de verdad, justicia y reparación, y privilegiando los derechos de los victimarios sobre los de las víctimas y la sociedad colombiana. Confirma el favorecimiento del gobierno a los paramilitares y extiende los generosos beneficios de la ley a los autores de masacres y delitos atroces actualmente juzgados y detenidos en las cárceles. En clara extralimitación de las funciones reglamentarias del ejecutivo cobija con la reparación colectiva a los reinsertados, quienes podrán obtener bienes, que habiendo sido adquiridos ilegalmente por sus compañeros de criminalidad, podrán ser saneados económica y financieramente. Y posibilita la exoneración de responsabilidad a los testaferros de los paramilitares e impide que las víctimas elijan directamente a sus representantes en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación creada a instancias del gobierno.

En consecuencia, la ley y su decreto reglamentario, no garantizan la verdad justicia y reparación, y en su lugar establecen la trilogía del perdón, olvido e impunidad. No está dirigida al desmonte total del paramilitarismo, no contribuye a la reparación de las víctimas y a la reconciliación nacional, No permite la formación democrática de una representación autónoma y directa de las víctimas, favorece a los victimarios por encima de las víctimas, señala una gravísima connivencia del Estado a través del gobierno con el paramilitarismo en Colombia en el marco de un inescrupuloso proceso reeleccionista del presidente y por ello, lejos de contribuir a la consecución y afirmación de la paz en Colombia, genera factores que alejan cada vez más el logro del profundo anhelo colombiano de obtener pronto una paz con justicia social y en democracia real. Por tales razones, el Grupo de Paz de Planeta Paz y las organizaciones sociales populares que lo conforman no aceptaron participar de la convocatoria para la integración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Mario Giraldo Pérez