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Ese día, en medio del operativo de decenas de agentes que incluyó la utilización de armas largas y helicópteros, los agentes estadounidenses empujaron malamente a los reporteros que documentaban la acción y les rociaron en el rostro gas pimienta con el propósito de impedirles que fueran testigos de los atropellos que allí se cometían.

La propietaria del apartamento allanado, la socióloga Lilliana Laboy, fue mantenida aislada mientras se procedía al registro de su hogar, de donde se llevaron un equipo de computación personal, disquetes, agendas, un teléfono móvil, libros y otras pertenencias que todavía la perjudicada no ha podido inventariar.

El método se reprodujo en las otras cuatro residencias allanadas y en un centro de servicio comunitario, en las que el denominador común es que se trata de gente vinculada a la lucha por la consecución de la independencia nacional de Puerto Rico, bajo dominio de Estados Unidos desde 1898. En la mayoría de los casos, los periodistas fueron mantenidos a distancia extrema, con excepción del sector capitalino de Río Piedras, donde por tratarse de un edificio de apartamentos, se dificultó el control de los agentes federales, todos traídos de Estados Unidos expresamente para este operativo. En algunas de las residencias allanadas sus habitantes no se encontraban en ese momento por lo que se forzó la entrada y se llevaron pertenencias indeterminadas.

En términos generales puede decirse que el periodista puertorriqueño goza de ciertas libertades democráticas, garantizadas por las constituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creado en 1952, y de Estados Unidos, a partir de su primera enmienda, que protege la libertad de prensa.

En este caso, sin embargo, agentes del FBI actuaron de espaldas a las leyes, por lo que deben ser sometidos a la justicia, a juicio de Oscar J. Serrano, presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Naturalmente, esto no será tan fácil, porque el FBI se ha negado a identificar a los agentes agresores y, todavía más, el encargado de ese cuerpo federal en Puerto Rico, Luis Fraticelli, ha imputado a los reporteros haber violado “el perímetro” policial, que al parecer nunca se estableció. Serrano ha desafiado a Fraticelli a que, con la evidencia de esas violaciones, acuse a los periodistas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, que vendría obligado a asumir el caso por tratarse de un “delito” federal.

El líder de los periodistas puertorriqueños espera que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, organismo encargado de procesar las violaciones que ocurren al Código Penal de esta isla del Caribe, logre que el FBI identifique a los agentes agresores para su debido procesamiento.

Y aunque esto parece difícil, a partir de experiencias anteriores como el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder del EPB-Macheteros, el 23 de septiembre de 2005, no hay que perder la esperanza.