Más allá de la violación de los mínimos principios elementales de la diplomacia internacional, el método de comunicación de Michael Parmly, jefe de la SINA, se inscribe en la estrategia de desestabilización orquestada por la Casa Blanca [1].

El objetivo de este "diálogo con el pueblo" es provocar una ruptura de las relaciones bilaterales entre las dos naciones, y anular así los acuerdos migratorios firmados en 1994. Pero el gobierno de La Habana no procedió a la expulsión de los diplomáticos estadounidenses como lo hubieran hecho numerosos países. Prefirió erigir frente al edificio de la SINA 138 mástiles, en cuyas puntas flotan banderas negras adornadas de una estrella blanca, simbolizando la memoria de los 3 478 cubanos víctimas del terrorismo estadounidense [2].

Wayne S. Smith, antiguo jefe de la SINA entre 1979 y 1982 y fino conocedor de Cuba, calificó las señales electrónicas, cuya meta es "romper el bloqueo de la información" según Parmly, "de nada menos que otro signo de la bancarrota intelectual" de la administración Bush [3]. La quiebra es también moral, pues además de emitir mensajes de famosos líderes anticomunistas, el letrero luminoso se atreve incluso a transmitir, cuando todo el mundo sabe de los escándalos de Abu Ghraib, de Guantánamo y de las cárceles secretas, el artículo de la declaración universal de los derechos humanos que estipula que nadie debería ser sometido a la tortura [4].

Las fotos publicadas en la prensa internacional relativas a los malos tratos cometidos en la prisión de Abu Ghraib, no constituyen más que la punta del iceberg. En efecto, el Pentágono ha decidido mantener escondidos 1 325 documentos, fotos y videos de actos de tortura, violaciones y asesinatos de detenidos iraquíes, especialmente mujeres y adolescentes, realizados entre el 18 de octubre de 2003 y el 30 de diciembre de 2003. El informe, establecido por el agente especial James E. Seigmund relativo a este material no publicado, alude a 660 agresiones sexuales, 93 videos mostrando a prisioneros torturados y 547 imágenes de detenidos que fallecieron en la cárcel [5].

El Pentágono justificó su decisión de no divulgar los documentos ante el Tribunal Supremo Federal alegando, con una hipocresía monumental, la necesidad de "proteger la intimidad de los detenidos iraquíes de Abu Ghraib". En septiembre de 2005, cuando un juez ordenó la publicación del material, el Departamento de Defensa mantuvo su posición y evocó esa vez la necesidad de no poner en peligro la vida de los militares responsables de los actos de barbarie. Según la Cruz Roja, entre el 75% y el 90% de los prisioneros iraquíes son puestos en libertad al cabo de varios meses de calvario sin ningún cargo contra ellos [6].

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó el doble rasero que los Estados Unidos aplican en la cuestión de los derechos humanos. "Esta administración ha demostrado un desprecio por los valores jurídicos universales. Estados Unidos no tiene ningún problema en ver la paja en el ojo ajeno y no reconocer la viga en el suyo propio cuando se trata de hacer críticas sobre violaciones de los derechos humanos", declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW. Según éste, los malos tratos que cometen las fuerzas estadounidenses contra los prisioneros, en nombre de la guerra contra el terrorismo, constituyen la mayor violación de la historia perpetrada contra el derecho internacional [7].

El representante de la organización internacional condenó también la detención ilegal y sin juicio de varios centenares de individuos de diversas nacionalidades sospechosos de terrorismo, así como los asesinatos cometidos en Afganistán, Irak y en las cárceles secretas de Europa entre 2002 y 2005. "Estos detenidos han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad norteamericanas y casi un tercio de ellos [...] fallecieron como resultado de homicidios [...] [y] los responsables aún no han pagado", subrayó [8].

Incluso el fiel Parlamento Europeo, dominado por la derecha y gran aliado de los Estados Unidos, publicó, el 16 de febrero de 2006, una resolución que exige el cierre del centro de detención de Guantánamo. "Todos los prisioneros deben recibir un trato conforme a la legislación humanitaria internacional y ser juzgados en el plazo más breve posible tras una vista justa y pública a cargo de un tribunal competente, independiente e imparcial", afirma la declaración que "condena todas las formas de tortura y malos tratos y reitera la necesidad de respetar el Derecho Internacional" [9].

De la misma forma, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak, conminó a la Unión Europea, que se ha vuelto cómplice de los malos tratos cometidos por la CIA al permitir los vuelos en su espacio aéreo, para que se uniera a la demanda y exigiera a los Estados Unidos que cerrara definitivamente la prisión de Guantánamo. "Lo importante ahora es que la Unión Europea cumpla su papel de convencer a los Estados Unidos de que sus argumentos legales para mantener a esas personas detenidas sin acusaciones no [son] aceptable[s] en el Derecho Internacional", señaló [10].

Nowak criticó también a algunos países europeos tales como el Reino Unido y Suecia por extraditar a sospechosos hacia países que practican la tortura. En cuanto a las cárceles secretas, el relator especial afirmó que "el mantenimiento de sitios secretos de detención significa que personas han desaparecido, han sido mantenidas sin ningún contacto con el mundo exterior y, por lo tanto, más vulnerables a ser torturadas", agregando que la desaparición constituía "una de las peores violaciones a los derechos humanos" [11].

Las cárceles de Guantánamo y de Abu Ghraib, que han recibido una gran cobertura mediática internacional debido a las siniestras vejaciones cometidas contra individuos, no son sin embargo los peores centros de detención estadounidenses. En efecto, cerca de 500 prisioneros están encerrados indefinidamente en la base aérea de Bagram, al norte de Kabul en Afganistán. Algunos de ellos se encuentran en jaulas desde hace más de tres años, sin ningún cargo contra ellos y sin contacto con un abogado (contrariamente a los detenidos de Guantánamo). Mientras que visitas minuciosamente limitadas se organizan en la base naval cubana ocupada por los Estados Unidos, la prisión de Bagram ha sido mantenida en secreto desde su creación en 2002. Las autoridades militares todavía se niegan a publicar los nombres de los prisioneros y no permiten ninguna visita salvo las de la Cruz Roja [12].

Según Clive Stafford Smith, abogado británico que representa a 40 detenidos de Guantánamo que pasaron por Bagram, varios prisioneros de la base afgana han sido entregados a terceros países para ser torturados y varios de ellos "han desaparecido". "Si ustedes piensan que la gente ha padecido tratos crueles en Guantánamo, no es nada en comparación con lo que ocurre en otras partes", enfatizó. "Uno de mis clientes se llama Binyam Mohammed. Fue entregado a Marruecos. Tenemos los números de vuelos. Disponemos de los nombres de los soldados a bordo del vuelo. Fue torturado durante 18 meses. Le han cortado el pene con una cuchilla de afeitar, ¡dios mío! Y ahora, el ejército lo está juzgando en Guantánamo. [...] Le hicieron confesar que había cenado con Khalid Sheikh Mohammed, Ramsey bin al-Shaid, Abu Zubaydah, Sheikh al-Libbi y José Padilla, todos juntos, el 3 de abril de 2002, en Pakistán. El problema es que dos de ellos, Abu Zubaydah y Sheikh al-Libbi estaban detenidos por los soldados estadounidenses en esa fecha. [...] Hassin bin Attash, un joven de 17 años, fue llevado a Jordania y fue torturado durante 16 meses. Y la lista es todavía más larga", testificó [13].

Según Michael Ratner, presidente del Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) y abogado estadounidense que representa también a detenidos de la base cubana, los sospechosos son enviados a Bagram puesto que no tienen ninguna existencia jurídica. En junio de 2004, la Corte Suprema estadounidense ordenó a la administración Bush que presentara a las personas retenidas en Guantánamo ante un tribunal. La respuesta de la Casa Blanca, afirma Ratner, ha sido mandar a la gente a Bagram. "Ninguna corte, ningún abogado, nadie tiene derecho a visitar a alguien en Bagram [y Estados Unidos] ha instalado salas de tortura en el mundo entero", deploró [14].

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe abrumador sobre la detención y la tortura en Irak. "Numerosos casos de tortura y de malos tratos [...] han sido relatados [...]. Las víctimas fueron sometidas, entre otros métodos, a descargas eléctricas y golpeadas con cables eléctricos", declaró la organización [15].

A pesar de la condena internacional de las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la lucha contra el terrorismo, Washington no vacila en publicar su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, en el cual, desde luego, el único país que no se menciona es Estados Unidos. Ahí también, en el continente americano, las naciones que se niegan a entrar en el rango del neoliberalismo, tales como Cuba y Venezuela, están estigmatizadas. Seguro que Bolivia con Evo Morales formará parte de los países "violadores de los derechos humanos" en el próximo informe del Departamento de Estado en 2007 [16].

Por tanto no es sorprendente ver al embajador John Bolton votar contra la creación del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas que remplazará la Comisión de Derechos Humanos, desacreditada por su trato parcial y partidista de este tema. En 2005, por ejemplo, la Comisión se había negado a pedir una investigación sobre las tropelías de Guantánamo, adoptando al mismo tiempo una resolución contra Cuba. Otra vez, los Estados Unidos se han aislado en el seno de la comunidad internacional. En efecto, el nuevo Consejo fue aprobado por 170 países, y sólo tres naciones se alinearon con la posición de la administración Bush (Israel, Islas Marshall y Palau) [17].

No es la primera vez que Washington se niega a adherirse a un instrumento internacional sobre los derechos humanos. Los Estados Unidos se han opuesto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los dos protocolos de pacto de derechos civiles y políticos. También han rechazado la convención contra el Apartheid; la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad; la convención sobre la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer; la convención sobre la supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución; la convención para el estatuto de los refugiados; la convención sobre los derechos de los trabajadores emigrantes y sus familias; la convención de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonales; la convención sobre los derechos del niño; la corte penal internacional y 158 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Cuba ha suscrito a todas estas convenciones, pero la SINA sigue su "diálogo con el pueblo". El gobierno de La Habana ha decidido responder, a su manera, a los Estados Unidos. Fidel Castro ha propuesto a Washington operar gratuitamente a 150 000 ciudadanos estadounidenses pobres que padecen ceguera. La oferta vale "para aquellos ciudadanos pobres de Estados Unidos, de cualquier creencia, de cualquier pensamiento, de cualquier etnia que necesiten" una operación de la vista, subrayó el presidente cubano. La Habana incluso ha propuesto hacerse cargo de los gastos de transporte a partir de la Florida [18].

En 2005, más de 250 000 latinoamericanos recobraron la vista después de operarse gratuitamente en Cuba. Pero dado que los norteamericanos no tienen derecho a ir a Cuba, Castro planteó la siguiente pregunta: "Me pregunto si los van a autorizar para que vengan o les van a poner una multa de 100 000 dólares o no sé cuánto por venir a operarse en Cuba. [A lo mejor] prefieren que se queden ciegos" [19]. Cuando se trata de los derechos humanos, Washington adora incondicionalmente la teoría y los discursos grandilocuentes. Cuba, en cambio, prefiere la práctica.

Notas

1 Mar Martin, «Para Washington la transición ya comenzó», El Nuevo Herald, 29 de enero de 2006.
2 El Nuevo Herald, «Cuba agiliza las obras frente a sede de EEUU», 31 de enero de 2006; Salim Lamrani (editor), EEUU contra Cuba. La guerra contra el terrorismo y el caso de los Cinco (Barcelona: El Viejo Topo, 2005).
3 Wayne S. Smith, «U.S. Policy’s Effet the Opposite of Goal», The Sun Sentinel, 2 de febrero de 2006.
4 U.S. Interests Section, «U.S. Interests Section Billboard», 20 de febrero de 2006 http://havana.usinterestsection.gov/usint-billborad.html (sitio consultado el 21 de febrero de 2006) ; El Nuevo Herald, «EEUU le sube el tono a la Guerra de los Carteles», 11 de febrero de 2006.
5 Carlos Varea, «El Pentágono oculta más de mil documentos e imágenes sobre torturas y asesinatos en Abu Ghraib», Granma, 23 de febrero de 2006. www.granma.cu/espanol/2006/febrero/juev23/pentagono.html (sitio consultado el 24 de febrero de 2006).
6 Ibid.
7 Agencia Bolivariana de Noticias, «Human Rights Watch condenó doble rasero de EEUU en derechos humanos», 24 de febrero de 2006.
8 Ibid.
9 Parlement européen, «Resolución del Parlamento Europeo sobre Guantánamo», 16 de febrero de 2006.
10 Granma, «ONU pide a UE pida a EE.UU. cerrar cárcel de Guantánamo», 17 de marzo de 2006. www.granma.cu/espanol/2006/marzo/vier17/onu.html (sitio consultado el 18 de marzo de 2006).
11 Ibid.
12 Tim Golden & Eric Schmitt, «A Growing Afghan Prison Rivals Bleak Guantánamo», The New York Times, 26 de febrero de 2006, p. 1.
13 Democracy Now, «‘Worse’ Than Guantanamo : U.S. Expands Secretive Prison Inside Bagram Air Base in Afghanistan», 27 de febrero de 2006.
14 Ibid.
15 Amnistie Internationale, «Beyond Abu Ghraib: Detention and Torture in Iraq», 6 de marzo de 2006. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE140012006?open&of=ENG-2MD (sitio consultado el 7 de marzo de 2006).
16 El Nuevo Herald, «Cuatro países latinoamericanos bajo observación en DDHH», 8 de marzo de 2006.
17 Organisation des Nations unies, «L’Assemblée générale établit le Conseil des droits de l’homme», 15 de marzo de 2006.
18 EFE, «Castro ofrece operar de la vista a pobres de EEUU», 23 de enero de 2006.
19 Ibid.