Vergüenza en Perú

Fue el martes 21 de marzo. Durante aquella semana en que aquí nuestras fuerzas hacían florecer memoria, militancia, luchas y recuerdos de miles de compañeros ¡Presentes!

Nosotros en las calles, gritándole a la sociedad las aberraciones y el horror del 76. Allá, al mismo tiempo, los principales dirigentes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru de Perú (MRTA) eran condenados a penas de entre 20 y 32 años, y a pagar cada uno de ellos un millón de soles por “reparación civil”.

Sala Penal Nacional para casos de terrorismo. Así se llaman los tribunales de la vergüenza en Perú. Sentenciaron a Víctor Polay Campos, líder del MRTA, a 32 años de cárcel. Polay se encuentra preso desde 1992, el mismo año en que fue detenido también Abimael Guzmán de Sendero Luminoso.

Esta es la primera sentencia que los dirigentes del MRTA reciben en el fuero ordinario, después de que un Tribunal Constitucional anulara las condenas de cadena perpetua que dictaron los milicos durante el reinado de Fujimori (a) “Menem II”.

La insaciable fiscalía había pedido cadena perpetua para Polay, Peter Cárdenas Schultz, Miguel Rincón Rincón, Alberto Gálvez Olaechea y Lucero Cumpa buscando repetir las sentencias de tribunales militares compuestos por los “jueces sin rostro”, una de las mayores tragedias de la justicia latinoamericana, que operaron ilegalmente bajo la dictadura fujimorista.

El tribunal, integrado por tres jueces cuyos nombres no deben olvidarse (Pablo Talavera Elguera, David Loli Bonilla y Jimena Cayo) y a quienes la prensa reconocía su “experiencia antiterrorista”, condenó a Polay y a Miguel Rincón Rincón, a 32 años. De mantenerse estas sentencias, Polay saldría en libertad en 2023 y Rincón en 2027; Lucero Cumpa, en 2018; Alberto Gálvez Olaechea, en 2014 y Américo Gilvonio en 2013.

Fueron absueltos Walter Palacios Vinces, Sonia Cuentas, Teodora Valentina Rodríguez Motta y Rosa Victoria Salas. Los jueces entendieron que “no pertenecían necesariamente al MRTA quienes militaban en el movimiento Patria Libre”.

Casi como un consuelo, muchos compañeros peruanos al menos evaluaron como saldo a favor que Polay, Rincón y Cárdenas Schultz ya no pasarán el tiempo de sus condenas en la Base Naval del Callao (una verdadera tumba para vivos), sino en una cárcel de aquellas que llaman de máxima seguridad.

Durante más de una década, y aún bajo la supuesta democracia de Toledo, la prisión de la Base Naval ha sido y es para los presos políticos peruanos un centro clandestino de detención en el que son privados de derechos elementales, como visitas conyugales, libre información y libre expresión, visitas de amigos, lecturas, uso del patio.

Todo ello ocurría ante el silencio y complicidad de la prensa, gran parte de los intelectuales y de la mayoría de los partidos políticos. A los presos (del MRTA y de Sendero Luminoso) se los privó de luz solar y artificial 23 horas al día, se limitó sus visitas de parientes a media hora ¡al mes ¡ y se les prohibió hablar con los periodistas.

¿Justicia peruana? ¿Vale llamarla así? No contentos con esta aberración, los señores de la toga, en su sentencia, demandaron ingenuamente que otros 13 procesados del MRTA, se entreguen y comparezcan ante este tribunal. Los reclamados hoy están exiliados. Entre ellos, Elio Portocarrero, Hugo Avellaneda y Rodolfo Klein Samanez, quienes escaparon de la cacería peruana desde 1992. ¿Es que los jueces son imbéciles o qué? ¿Quién se va a someter a un tribunal que sentencia presionado por el poder económico y militar del Perú? ¿Todo para recibir condenas a 32 años?

Los abogados de los compañeros condenados preparan en estos días los recursos de apelación y nulidad contra las sentencias. Como ocurrió en la Argentina con decenas de compañeros procesados y condenados durante la dictadura, y luego con los gobiernos de Alfonsín y Menem, la defensa sostiene que se ejerció el derecho a la “Rebelión” a la que pretenden llamar delito, poniéndola a la par del “delito de Terrorismo” por el cual ahora fueron condenados.

El fallo no ha sido casual. Se dio en el marco de la campaña electoral en el Perú cuando alguno de los candidatos polemizaban sobre una posible amnistía a los presos políticos tupacamaristas. Amnistía que, por supuesto, nadie promete con firmeza.

Jueces peruanos, ahora con rostro, pero con la misma máscara del fraude.

Orgullo en Perú

Son pocas. Son pocos. Mujeres, hombres. Jóvenes. Alguna periodista. Algún periodista. Una plaza.

El recuerdo con aquel 30 de abril de 1977 de nuestras Madres es inevitable.

Lo llaman plantón. Aquí le diríamos marcha. Todos los martes, desde las cuatro y hasta las cinco de la tarde, en la Plaza San Martín de Lima.

Ellas, ellos, esperan adhesiones, palabras, saludos, poemas, canciones, teatro, flores, abrazos. Y esperan compañeras y compañeros. Aquí, las nuestras y los nuestros dan vuelta alrededor de la pirámide. Allá giran alrededor del monumento a un argentino.

Plantones. Por la justicia, la libertad y contra la impunidad. Lo hacen por sus presos políticos, sus desaparecidos, sus asesinados y sus torturados. Que no son otros que los nuestros.

Ellos en cárceles tumba. Víctimas de los gobiernos, los políticos y los empresarios ganadores que se ensañan no sólo con ellos sino con sus familias, sus madres y sus hijos.

La pelea y el reclamo son uno solo: conseguir su libertad. Duele además que a muchos esto les parezca una exigencia trasnochada. Buena parte de la izquierda peruana mantiene una indiferencia cómplice, exhibida en los últimos años, y que les hace el juego a los ideólogos y militantes de la derecha que llaman “terroristas” a los guerrilleros. Ya es hora que aquella izquierda y la nuestra se pongan a la cabeza de un pedido: ¡libertad a los presos políticos de Perú!

Pasemos de la palabra a la acción en nuestra solidaridad. Como en el 76, o en el 77, cualquier gesto de apoyo, la mínima acción en las calles o en las blancas páginas de un diario ayudarán. No sentirnos impotentes. Nuestra gota alimentará el río de su esperanza.

Lo merecen. Como lo merecían nuestras Madres.

A dónde enviar la solidaridad

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estableció en su informe final que más del 50% de peruanos sufren el flagelo terrible de la pobreza. Miles de niños mueren anualmente, la desocupación se incrementa tanto como la delincuencia, la prostitución y miles de jóvenes tienen que trabajar en labores ajenas a sus posibilidades físicas. Miles de peruanos están imposibilitados de estudiar; millones de peruanos viven marginados del Estado y olvidados en aquello que se conoce como “Perú Profundo”.

La Comisión reconoce que el MRTA fue una organización guerrillera similar a experiencias latinoamericanas como las de El Salvador, Nicaragua, Cuba y que es sólo responsable del 1.5% de las victimas de la lucha interna y que dichas muertes ocurrieron en el enfrentamiento con las fuerzas armadas.

Los militantes del MRTA actuaron uniformados y con distintivos propios de su organización, con total respeto por la población civil en rebelión contra la situación nacional y el estado de corrupción que recorrió y recorre al Perú.

¡LA SANGRE DERRAMADA JAMAS SERA OLVIDADA! ¡SANCION PARA LOS VERDADEROS CULPABLES! ¡REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO! ¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD! ¡SOLIDARIZATE CON TU FIRMA!

Lima, 2006 Aprodevil “Micaela Bastidas” [email protected]