Dichos cambios resultaron insuficientes para enfrentar la exclusión económica, que como lo afirmó el informe sobre la democracia en América Latina de las Naciones Unidas, es el asunto más critico que tiene la democracia. Sin embargo, no se puede pasar de largo sobre las cifras que dan cuenta de una situación anómala como de la que hemos sido testigos por varias décadas y que en las últimas elecciones se expresa con una abstención que bordea el 60%, y unos votos nulos, en blanco y no marcados que en total para el Senado crecieron tres puntos por elección, hasta ubicarse en el 16.6% de total de votos y para Cámara de Representantes, seis puntos por elección, hasta llegar al 19.1% del total de votos sufragados. Ya que, si nos atenemos al principio de un voto, un escaño, con el porcentaje de votación del senado, cualquier partido hubiese alcanzado 20 curules, un caudal electoral no despreciable.

Muchas son las opiniones e interpretaciones sobre cuales pueden ser las causas o detonantes del fenómeno dela abstención. Algunos quisieran desmeritar el volumen de votación al fragmentar sus resultados, asignándole un valor peyorativo a los mismos. Oros por el contrario la denominan como abstención activa, y van más allá del acto de no votar o no participar en las elecciones, ya que esta puede significar no expresar preferencia por ninguna de las opciones electorales concurrentes. Afirman también que, el no votar ya implica la no expresión de preferencia alguna, pero, y aquí estaría el matiz diferencial importante, también es posible no expresar ninguna preferencia y, sin embargo, no dejar de participar en el proceso electoral, porque manifestar preferencia y votar no son ni acciones idénticas ni sinónimos[1].

De ahí que definan el voto en blanco como una abstención voluntaria y legítima que puede estar relacionado con el apoyo a la democracia y al régimen político pero de rechazo y de no preferencia a uno o varios actores políticos[2]. Para el caso colombiano, es preciso reseñar la tarjeta no marcada como una práctica en la cual el elector decide no marcar ninguna opción, y que ha sido interpretado como voto en blanco pero por cuestiones jurídicas no ha querido ser reconocido como tal. Finalmente, el voto nulo, es un voto no válido jurídicamente pero a su vez es un voto irregular, que expresa discrepancia formal con las reglas establecidas o discrepancia material, que no permite conocer la intención de voto que el elector pretende expresar y a su vez suscita dudas razonables acerca de su voluntad. Este puede ser de dos clases, el voto nulo involuntario, producido por un error, lo que catalogaríamos como abstención pasiva o técnica. O voto nulo voluntario, este último como una expresión de protesta frente al régimen político, frente a opciones electorales o candidatos específicos, así como falta de respeto por algún componente de sistema electoral o el sistema en sí mismo.[3]

En aras de interpretar la abstención como un todo, se han erigido tres enfoques, uno de carácter psicológico, otro sociológico y otro político. El primero de ellos explica la abstención como el resultado de un conjunto de actitudes individuales hacia el sistema político. El segundo, asume que la abstención es el entrecruce de una serie de factores estructurales como la edad, el hábitat, la clase social, y la renta económica que afectan los recursos[4] personales del elector, modificando la probabilidad de que este vote Y el tercero, ha tratado de explicarla preguntándose sobre las motivaciones que tiene las personas para participar en el ámbito electoral, apreciando que la participación se genera estrictamente por factores políticos como, la satisfacción global del electorado con la situación política del país, la implantación y capacidad de movilización de los partidos políticos; El nivel de asociacionismo y capital social; además del grado de competitividad electoral en cada área geográfica y los cálculos estratégicos que los electores realizan en función de los tamaños de la circunscripción electoral y de las distorsiones en la representación que impone la ley electoral[5]. En esta misma dirección algunos proponen que la abstención dependerá del tipo de elección y el contexto en que esta se desarrolle, por tal razón es preciso tener en cuenta, la importancia del cargo que se elija, la cobertura que hagan los medios de comunicación, la importancia de los temas que se traten en la campaña y lo atrayente que sean los candidatos para el electorado[6].

Con este marco referencial no se puede hacer el esguince a las cifras de pobreza y desigualdad en nuestro país para explicar la abstención, teniendo en cuenta que estudios hechos en México al respecto, comprueban esta imbricación[7]. Según la Misión para el Diseño de Una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad[8], Colombia conserva durante la última década y media una pobreza en promedio del 52.7% y un porcentaje de miseria en este periodo de tiempo del 18.5%. Así mismo, la desigualdad medida por el coeficiente Gini se encuentra en el 0,55, manteniendo esta tendencia desde 1991, lo que nos coloca como uno de los países más desiguales del mundo. Esta tendencia de pobreza y desigualdad se asemeja a la establecida por la abstención, la cual ha tenido un comportamiento en las últimas cinco elecciones para presidente del 55% y en las últimas ocho elecciones para Senado y Cámara del 58%. Esta relación más que ser una explicación comprobada es una pista de indagación para los investigadores y lideres políticos, que pretendan enfrentar el problema.

Ahora, en torno a las explicaciones políticas de la abstención, es preciso señalar que nuestro país viene de superar el Frente Nacional y de tener un sistema bipartidista cerrado y excluyente, caracterizado por la baja competitividad, lo que llevó a la despolitización de la sociedad y a la deslegitimación del sistema político. Adicionalmente, los colombianos afrontaron un cambio brusco con la constitución de 1991 que decidió romper el bipartidismo, flexibilizando las normas para participar en elecciones que significó una apertura política pero una fragmentación extrema del sistema de partidos, en donde la personalización de la política hizo mella, al punto de importar más, las figuras individuales, las cuales profesaban discursos antipolíticos, que las estructuras colectivas. Además, y luego de una década de constitución, el país volvió a sufrir una reforma en el sistema de partidos y el sistema electoral, trayendo consigo cambios de los cuales, ya tenemos algunos atisbos, como son, el retorno a las estructuras colectivas en torno a planteamientos ideológicos más diferenciados, forzados en parte por los cambios en el sistema electoral como la lista única, el cambio de la fórmula para asignar escaños, el umbral.

Pese a estos avances, en esta reforma se incluyó el voto preferente, y la utilización de una nueva tarjeta electoral, que durante los últimos tres años ha forzado nuevos aprendizajes de los electores, generando confusión y distorsión al momento de elegir, que pueden incidir para que el propósito de reducir la abstención se neutralice. Cambios que probablemente se expresen en el crecimiento de los votos nulos, en un 76%, entre 1998 y 2006 para Cámara y Senado, en contravía de la tendencia de disminución de los votos en blanco para estas mismas corporaciones, en un 25% entre 1998 y el 2006 y un 40% entre el 2002 y el 2006.

A estos cambios institucionales, se le suman las desmotivación que puede generan en los electores, la baja popularidad de la clase dirigente del país, sus instituciones y sus propuestas, que se ha denominado como la crisis política y de representación. Crisis que se expresa en datos como los ofrecidos por el Latino barómetro y su encuesta de opinión 1995-2005. Según esta encuesta, frente a la percepción de confianza de las personas sobre las elites que dirigen el país, esta solo llega a un 40%. Adicionalmente, solo un 27% cree que las elecciones en el país son limpias, un 64% cree que los funcionarios públicos son corruptos, solo un 8% dice trabajar con un partido. Ahora, datos recientes como la encuesta de enero de 2006 de Gallup, el congreso solo tiene una imagen positiva del 38% y desfavorables del 46%.

En consecuencia, las razones que pueden tener los votantes son bajas y exigen de toda la sociedad, en especial de las instituciones política electorales, empezar por algunas decisiones radicales, para lo cual, ya existen herramientas jurídicas y condiciones de infraestructura para ponerlas en marcha, como lo es la propuesta del voto electrónico.

Según las Naciones Unidas[9], el proceso electoral colombiano tiene riesgos serios el día de las elecciones que podrían aminorarse por el mecanismo del voto automatizado, gracias a la utilización de una urna electrónica, la cual cuenta con un software que permite al elector, votar sin que su voto sea considerado nulo; votar por el candidato que realmente desea, pues le permitiría devolverse en caso de que se haya equivocado, con lo que se aumentaría la efectividad del proceso electoral y la representación del mismo; además aminoraría ostensiblemente las interferencias de personas en el conteo de los votos, en tanto es la misma urna la que entrega los resultados en cada una de las mesas, reduciendo los riesgos de fraude electoral en el escrutinio inicial. A esta propuesta le han surgido contradictores con base en los costos y la barrera de analfabetismo tecnológico de la población, si embargo las experiencias de Brasil y Paraguay demuestran que este tipo de instrumentos han sido recibidos de muy buena forma por los electores, gracias a su implementación gradual y articulada a procesos de capacitación e información masiva.

En cuanto a los costos, estos no aumentan considerablemente, ya que su implementación en las 60 mil mesas que se instalaron en las elecciones pasadas, estaría por el orden los 88.589 millones de pesos, incrementándose en solo un 19% con relación a los costos anteriores, incremento que se explica por la compra de las urnas por una sola vez[10]. También se le atribuye al sistema automático el problema de la seguridad, sin embargo los expertos aseguran que la información se protegería mediante datos encriptados que al tratar de vulnerarse dejarían una marca, sobre la cual se podrían establecer investigaciones inmediatamente. Por otra parte, la urna cuenta con una impresora que al momento de la terminación de las elecciones imprime automáticamente un acta que le es entregada a cada uno de los testigos electorales, con lo que se preserva la transparencia de las elecciones y la agilidad en el conteo.

En suma, el fenómeno de la abstención requiere de acciones arriesgadas que respondan a lo que esta quiere expresar, el voto electrónico es una salida vital, así como la voluntad política de los protagonistas de la acción gubernamental y del sistema político para resolver los problemas estructurales que vive el país, ya que sin ello, el sistema político y electoral seguirá de capa caída. Ya decían algunos que la democracia no son solo elecciones.

[1] HERNÁNDEZ BRAVO DE LAGUNA, Juan. Abstención Activa, En “Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales, Universidad de La Laguna, Tenerife, España. http://www.ucm.es/info/eurotheo/dic...

[2] Ídem.

[3] Ídem.

[4] Los recursos del elector son, el acceso a la información, educación, medios materiales, tiempo.

[5] BOIX, Carles y RIBA, Clara. Las bases sociales y políticas de la abstención en las elecciones generales de españolas: Recursos individuales, movilización estratégica e instituciones electorales, http://home.unichicago.edu/ cboix/a....

[6] Estudio sobre abstencionismo en México, www.ife.org.mx

[7] Ídem, BOIX, Carles y RIBA Clara .

[8] Misión para el Diseño de Una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualad. Metodología de medición y magnitud de la pobreza en Colombia, Bogotá, 2006.

[9] Naciones Unidas DAE, Registraduría Nacional de Estado Civil, Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y UNDP Colombia. Proyecto integral para la modernización del sistema electoral colombiano, Bogotá, 2005.

[10] CEPEDA ZULETA, Luis Fernando. Implicaciones de la adopción del voto electrónico en Colombia, Documento de Trabajo, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2003.