En los últimos meses, el presidente Alfredo Palacio ha adoptado medidas represivas y dictatoriales, violentando los derechos ciudadanos tanto civiles como políticos, utilizando el ‘Estado de Emergencia’ como un mecanismo de control de conflictos serios. La finalidad ha sido acallar el clamor popular de atención a sus necesidades urgentes, así como de respeto a la dignidad nacional y al desarrollo soberano del país.

La medida de excepción se inició en la provincia de Manabí, que paralizó sus actividades en demanda de obras básicas, luego en las provincias amazónicas, que por ser zonas petroleras exigían la retribución de por lo menos una parte de la riqueza de su suelo en obras para sus cantones, el cumplimiento de los derechos de los trabajadores tercerizados, la suspensión de las negociaciones del TLC y la caducidad del contrato con la petrolera OXY.

Finalmente, las movilizaciones indígenas en las provincias de la Sierra Norte, Centro y Sur del país, que se oponían al TLC y la OXY, también fueron enfrentadas por el régimen con el Decreto de Estado de Emergencia, que esta vez fue en cinco provincias de la Sierra: Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Cañar, y los cantones de Tabacundo y Cayambe de la provincia de Pichincha.

Este Gobierno, en apenas un año, ha tenido que acudir por reiteradas oportunidades a este mecanismo, lo que deja entrever su debilidad política y su incapacidad frente a la constante presión de las paralizaciones provinciales, movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores, indígenas, negros y campesinos, violentando de esta manera los derechos humanos y políticos de los ecuatorianos. Las amenazas de muerte del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al manifestar que las Fuerzas Armadas no se subordinarán al capricho de los grupos sociales y que de ser necesario dispararían, ubicaron en otro papel a esa institución; un papel que no les competía, olvidándose de su rol principal que es el de la defensa de la soberanía.

Producto de la brutal represión, en la ciudad de Cuenca murió el estudiante Johnny Montesdeoca, el pasado 6 de abril, cuando protestaba junto con el movimiento estudiantil. Como consecuencia de ello, en la jornada de lucha del 19 de abril convocada por el Frente Popular, se llegó a plantear incluso un enjuiciamiento político al presidente Alfredo Palacio por este tipo de actos. Los voceros del Gobierno manifiestan que se ha actuado con firmeza, pero en el marco de la Constitución y las leyes. Se trató de deslegitimar la indignación del pueblo creando fantasmas detrás de las movilizaciones, implicando a extranjeros y a partidos políticos de izquierda como los responsables del caos en el país.

En el Congreso Nacional, la política del régimen fue cuestionada por diputados de la ID, Partido Socialista, MPD, quienes consideran que los estados de emergencia decretados no cumplen con los requisitos contemplados en el Art. 180 de la Constitución, que dice: “El presidente de la República decretará el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional o en una parte de él en caso de inminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales”, por lo cual se habla de un enjuiciamiento político en contra del Ministro de Gobierno Felipe Vega de la Cuadra, por violación a las garantías constitucionales y la aplicación de medidas represivas contra las movilizaciones.