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En su segunda comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, los Estados Unidos precisaron ayer lunes en Ginebra que se hayan en un conflicto armado internacional contra Al-Qaida, “sus afiliados y quienes los sostienen”, a los que definieron como “enemigos combatientes”.

Agregaron que si bien sus leyes se limitan a castigar a quienes cometen tortura en el interior del territorio, las fuerzas militares y civiles bajo su mando tienen vedado aplicarla durante la lucha contra el terrorismo en el extranjero. Se auto criticaron por la revelaciones “escalofriantes” de lo ocurrido en la penitenciaría iraquí de Abu Ghraïb y admitieron que no saben que hacer con el complejo carcelario de Guantánamo. El próximo 19 de mayo la ONU emitirá su veredicto.

El pasado viernes la delegación estadounidense defendió su informe periódico ante este Comité, que vigila el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, siendo interpelada por más de cuarenta preguntas, que intentaron responder ayer. Replicaron que la tortura está prohibida dentro y fuera de los Estados Unidos, y que no entregan prisioneros a terceros países en donde pudieran torturarlos, pese a que no reconocen la obligación que les impide hacerlo impuestas por esta Convención.

Anunciaron que en un nuevo manual de interrogatorios para el Ejercito que se conocerá antes de fin de mes se enumeraran expresamente todos los actos que pudieran constituir torturas, los cuales estarán vedados, prometiendo comunicar un ejemplar a este Comité de manera que pueda examinar su contenido. Insistieron que no informan sobre operaciones de inteligencia.
Sin embargo, aclararon que la CIA debe también respetar la prohibición de la tortura, y que sus actividades están sometidas a un control del Ministerio de Justicia y del Congreso.

Sobre los abusos de Abu Graib reconocieron un “comportamiento indebido” y “falta de liderazgo moral y jurídico” en los hechos “inadmisibles” perpetrados por sus funcionarios contra prisioneros. Al respecto, resumieron cifras de los proceso judiciales en curso por la totalidad de alegaciones de malos tratos contra detenidos en Afganistán, Irak y Guantánamo. Dieron cuenta de 800 sumarios con 270 imputaciones en 103 cortes marciales, en las que ya se han encontrado culpables a 89 personas, sobre 250 implicados, con 19 militares condenados a un año de cárcel.

Estimaron que eso significa un 86% de eficacia para sus tribunales, haciendo innecesario la creación de un órgano de investigación independiente. Los Estados Unidos no definieron si las detenciones secretas y las desapariciones forzadas de personas podrían considerarse actos de tortura, incluyendo las repercusiones sobre los familiares del desaparecido.

En cuanto a las instalaciones de Guantánamo, donde se hayan detenidos los “combatientes enemigos” de Al Qaida, los Estados Unidos eludieron referirse al vacío jurídico que pesa sobre ellos, sin posibilidad de ser juzgados o liberados luego de tanto tiempo transcurrido desde que fueran capturados. Esquivaron el dilema de soltar a los prisioneros, al no reunirse las cargas penales que les permitieran traducirlos ante un tribunal, enfatizando que cada uno de los mismos es objeto de un examen administrativo anual sobre su situación y que pueden recurrir en queja a un tribunal presentando un habeas corpus.

Subrayaron que el 10% de los ya liberados han vuelto a luchar contra ellos, y que empero no pueden inculpar a otros que aún mantienen encarcelados, desechan otorgarles libertad para que no vuelvan al terrorismo.