El informe sobre drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a conocer este año, calificó el 2005 como el año récord en erradicación de la hoja de coca en Colombia, al totalizar138.775 hectáreas fumigadas, a las que se deben agregar 31.285 erradicadas manualmente, para un gran total de 170.000 hectáreas. Sin embargo, al tomar como indicador determinante el número de hectáreas en producción, el resultado es desalentador[1]. En efecto, el boletín de la Oficina de Drogas de Estados Unidos, Ondcp (por sus siglas en inglés), de mediados de abril de 2006, arrojó un incremento de 30.000 hectáreas de hoja de coca en el 2005, frente al área existente en el 2004, es decir, un alza del 26%.

Pero también el año pasado fue uno que batió el récord en interdicción, al ser capturadas 223 toneladas métricas de cocaína y de pasta básica de cocaína (PBC). Así mismo, este “exitoso” cuadro de las acciones de fuerza se complementa con la extradición de 304 colombianos. En resumen, Colombia adelantó durante el 2005, con la mayor eficiencia, las tareas básicas antidrogas que buscan contener su auge en los territorios en donde se origina el circuito ilegal.

Con todo, un balance realista de los problemas que arrastra la actual estrategia antidrogas debe observarse en base a períodos más largos. En efecto, se reconocen dos grandes momentos en la aplicación más reciente de la política. El primero, que se inició en 1994 con las fumigaciones de coca y que va hasta 1999, período en el cual el crecimiento de áreas era incontenible frente a una dinámica constante de fumigaciones. El segundo, a partir del 2000, año en el que se inició la más grande estrategia con el Plan Colombia, el cual, buscó romper el círculo vicioso de mayores resiembras frente a la velocidad e intensidad de las fumigaciones; todo esto con un costo que sobrepasó en cinco años los US$4.000 millones. Hoy en día estamos en la fase final de esta segunda etapa y, por lo tanto, el balance es mucho más revelador sobre los aciertos o fracasos de la estrategia. Como se observa en el cuadro n.° 1, que toma como base la información del Departamento de Estado, las cosas no van por buen camino.

Cuadro No.1 Áreas de coca, Fumigaciones y Reducciones efectivas según cifras de ONDCP

RESULTADOS

Año base: 1999

No. de hectareas: 122.500

Año de fumigaciones: 2000

Áreas fumigadas: 58.073

Disminución efectiva: +13.700

Año base: 2000

No. de hectareas: 136.200

Año de fumigaciones: 2001

Áreas fumigadas: 94.153

Disminución efectiva: +33.600

Año base: 2001

No. de hectareas: 169.800

Año de fumigaciones: 2.002

Áreas fumigadas: 130.364

Disminución efectiva:-25.400

Año base: 2002

No. de hectareas: 144.400

Año de fumigaciones: 2003

Áreas fumigadas: 132.817

Disminución efectiva: -31.000

Año base: 2003

No. de hectareas: 113.850

Año de fumigaciones: 2004 Áreas fumigadas: 136.551

Disminución efectiva: +50

Año base: 2004

No. de hectareas: 114.000

Año de fumigaciones: 2005

Áreas fumigadas: 139.400

Disminución efectiva: + 30.000

Año base: 2005

No. de hectareas: 144.000

Año de fumigaciones:2006

Áreas fumigadas: -

Disminución efectiva: -

Fuente: US Department of State – Ondcp

En efecto, solo durante los años 2002 y 2003 se pueden observar efectos coyunturales de reducción de áreas de coca. Esto se debió a la alta concentración de la coca en Putumayo (cerca de un 45% del área nacional en el 2001) que facilitó los operativos y unos logros efímeros de reducción de áreas. Entre 2003 y 2004, las dinámicas de cambios en las zonas productores hicieron estéril la continuidad de las acciones: los cultivos hicieron metástasis involucrando a 23 departamentos, 11 más de los que existían al comienzo del Plan Colombia; se hicieron selecciones naturales de aquella coca que resistió la fumigación; se introdujeron nuevas variedades (por lo menos 15, sobre todo bolivianas) que modificaron los rendimientos de PBC por arroba de hoja de coca; y se dispararon las siembras en las áreas más inhóspitas y de difícil detección y control.

Asi mismo, en los cinco años de aplicación del Plan, se generó un desgaste de las aeronaves de control aéreo, no se superaron errores de coordinación entre ejército y la policía y las acciones dirigidas a contener el tráfico aéreo sufrieron duros reveses constatados por la General Accounting Office (GAO). En efecto, de acuerdo con su último informe sobre el tema, se han invertido, entre los años 2002 y 2005, US$68.4 millones para ésta estructura de control. Para el presente año se propusieron US$26 millones y los resultados son magros: de 390 aeronaves sospechosas sólo 48 (un 12.3%) han podido ser efectivamente localizadas por parte de la fuerza aérea. Una vez detectadas en la escena, han podido alcanzar sólo 14 (3.6%). Sólo en un caso han podido capturar drogas por esta vía. La falta de coordinación entre los organismos de seguridad, junto con el incremento de los sobrevuelos de las aeronaves sospechosas en las áreas fronterizas, hace que, finalmente, la mayoría de aeronaves logren escapar[2].

En ese mismo sentido, hacia finales de 2005, la fuerza aérea colombiana denunció el crecimiento del uso de pistas clandestinas ubicadas en fincas, zonas inhóspitas, pueblos alejados y potreros en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y en la región de Sur de Bolívar. Si bien ha habido una mejora en el control aéreo de la frontera con Brasil (sobre todo en la zona de Vaupés), se ha incrementado el uso de la costa atlántica.[3]

De otro lado, el incremento de las acciones de control en el mar territorial colombiano, específicamente en el Océano Pacífico, está generando un veloz aumento del uso de las costas de Ecuador para el embarque de drogas, situación que se constata con el volumen de las drogas incautadas en ese país: en 2004 fueron 5.6 toneladas, en 2005 fueron 30.

Esta tendencia se generaliza en la región andina. Según el Departamento de Estado, en Bolivia se utilizan 23.000 hectáreas de hoja de coca para el narcotráfico de las 30.000 que existen en ese país. Y en Perú, se registran más de 50.000 hectáreas, lo que significa un aumento del 14%, entre 2003 y 2004. A ello se agrega el incremento de casos de contrabando hacia Europa (uso de vía marítima y aérea) por Venezuela, en un contexto de desconfianzas mutuas entre Washington y Caracas.

La tendencia a un creciente involucramiento de otras subregiones como el Cono Sur (Paraguay y la triple frontera con incrementos de contrabando hacia Brasil y Argentina) y el Caribe y Centroamérica –la cual sirve de puente a los poderosos carteles mexicanos para su acceso al mercado de Estados Unidos-, es otra característica del actual momento de las drogas en el hemisferio.

Mientras tanto, por el tamaño del déficit fiscal y los crecientes compromisos de recursos que demanda la estrategia de seguridad de Washington en Asia Central, la ayuda que Estados Unidos brinda a los países mayormente involucrados en el circuito de drogas de las regiones andina y amazónica, ha caído en el pedido presupuestal para el 2007 en un 23%, si se toma como referencia el 2005. Venezuela (- 66%), Brasil (- 55%), Ecuador (-33%) y Panamá (-33%) representan los recortes más significativos, mientras que Perú (-15%) y Bolivia (-27%) sufren disminuciones sensibles dado que son los países que en términos absolutos le siguen a Colombia en cuanto al tamaño de la ayuda antidrogas[4]. El recorte parece ir al fortalecimiento y salvaguarda del programa aéreo antidrogas bajo el nombre “Critical Fligth Safety Program”, el cual, como se ha señalado, no goza de mucho prestigio en el Congreso estadounidense por los pobres resultados de las acciones de interdicción en el marco del Puente Aéreo.

Este desalentador panorama de los resultados del Plan Colombia, en el contexto de la Iniciativa Regional Andina (IRA), se volverá aún más grave cuando se conozca la verdadera incidencia en el mercado ilegal, los cambios en los manejos agronómicos de los cultivos y sus repercusiones en el tema de los rendimientos. A esto se suma que la oficina de drogas de Naciones Unidas (Unodoc) y la Ondcp mantienen conversiones erráticas del potencial productivo regional, al señalar una capacidad que gira alrededor de las 670 toneladas de cocaína.

Sólo Colombia, con sus 144.000 hectáreas posee hoy un potencial productivo de 1.050 toneladas de cocaína, que sumadas con las áreas de Perú (con un potencial alrededor de 250 toneladas) y Bolivia (cerca de 115 toneladas), estaríamos acercándonos a una sobre producción regional de 1.400 toneladas. Esta situación se puede constatar en las zonas productoras colombianas más tradicionales, con la impresionante caída de precios de la PBC, al cotizarse hoy en cerca de un millón cien mil pesos el kilo (US$500), cuando en el 2003 alcanzó un promedio 2’250.000 (US$1.023). Es decir, una caída del ¡50% del precio! Quiere decir, que la crisis social en las zonas productoras se ha empeorado.

Sin embargo, este contexto es óptimo para la aplicación de una estrategia bien diseñada de desarrollo alternativo. Pero son mucho los problemas que hoy enfrenta esa política comenzando por los impactos de las mismas fumigaciones y la irracionalidad en la distribución presupuestas a nivel departamental. A ello se suma la prolongación del conflicto y el poder de control territorial de los grupos armados, tanto de guerrillas como de paramilitares reciclados. Estos dos temas exigen un mayor análisis. Entretanto, la Casa Blanca cree que hay que seguir haciendo “más de lo mismo” en los próximos años. El Congreso empieza a pensar que se debe radicalizar aún más la estrategia y de allí la fuerte votación en la Cámara de Representantes (399 votos a favor y 5 en contra) de la ley HR2829 liderada por los republicanos Dan Burton y Mark Souder, que aprobó un presupuesto y conmina al Zar Antidrogas a formular un plan de ensayos de campo para experimentar armas biológicas contra los cultivos de coca. Si el Senado acepta esta desesperada medida, las cosas serán aún peor.

Por su parte, la oficina de drogas del Departamento de Estado cree que la estrategia mejorará al proponerse extraditar a 50 miembros de la cúpula de las Farc, sindicados, equivocadamente, como el cartel más poderoso de las drogas por el hecho de que controlan un 60% de las áreas de cultivos. Por sí sola, esta medida ignora la segmentación del narcotráfico en centenares de redes organizadas, que van desde el procesamiento hasta los mercados internacionales. De esta forma, Washington parece entrar en una lógica de “palos de ciego” ante los pobres resultados de una estrategia que reclama, más bien, un diálogo franco con los países involucrados, concertación de políticas con las comunidades urbanas y rurales, y evaluaciones realistas que permitan ajustes eficaces. Esto también exige, por parte de quienes reclaman un cambio de estrategia, un compromiso político con propuestas viables.

[1] Véase, International Narcotics Control Strategy Report 2006, Released by the Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, March 2006, Washington.

[2] GAO, “Drug Control: Air Bridge Denial Program in Colombia has implemented new safeguards, but its effect on drug traffiking is not clear”. September 2005.

[3] Las zonas coinciden con territorios bajo control paramilitar. La denuncia fue hecha por el subdirector de Defensa de la Fuerza Aérea colombiana en el marco de la XV reunión de jefes de organismos encargados de combatir el narcotráfico en América Latina y el Caribe, reunida en Cartagena el desde el 17 al 21 de octubre de 2005.

[4] Center for International Policy CIP “Aid to Latin America in the 2007 request”, february 08, 2006.