Estos hechos constituyen una aterradora prueba de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos cometidas por los grupos paramilitares en proceso de desmovilización. Los cuerpos hallados en esas fosas son el resultado de crímenes atroces como secuestros, desapariciones forzosas, torturas, masacres, entre otras. Son pues, ilustraciones macabras de las atrocidades que ha cometido el paramilitarismo en las últimas décadas.

Sin embargo, el hallazgo de esas fosas comunes representa, al mismo tiempo y de manera paradójica, una luz de esperanza para las familias de las víctimas que yacen allí. Se trata, en efecto, de la posibilidad de tener por fin certeza sobre el paradero de sus seres queridos, así se trate de un paradero trágico y desolador. Pero se trata, además, de la posibilidad de indagar por las circunstancias que dieron lugar a la comisión de los actos atroces que culminaron en esos entierros masivos, y en particular por la identidad de las víctimas y los victimarios, así como por las causas que conllevaron a esas conductas. De hecho, con el hallazgo de las fosas comunes se abre la posibilidad de que tanto las personas cercanas a las víctimas allí enterradas, como la sociedad colombiana en general, empiecen a conocer la verdad de lo ocurrido. Aunque duela inmensamente y dé cuenta de atrocidades difíciles de comprender, esta verdad es el primer paso para hablar de un posible desmonte del fenómeno paramilitar.

Esto es así porque el derecho a la verdad, en su dimensión tanto individual (propia de las víctimas) como colectiva (propia de la sociedad entera), es el presupuesto básico de cualquier proceso transicional que pretenda respetar los derechos de las víctimas y garantizar que las graves violaciones de derechos humanos no se repetirán en el futuro. Sólo si se conoce la verdad de las circunstancias en las que ocurrieron los crímenes atroces habrá fundamentos suficientes para castigar a los victimarios y para reparar a las víctimas. Además, sólo así podrá la sociedad entera construir un relato histórico colectivo sobre lo sucedido, con miras a repudiar esas conductas atroces y a implementar mecanismos para garantizar que no volverán a suceder.

Ahora bien, para que ello sea así, es decir, para que el hallazgo de las fosas comunes pueda convertirse en una herramienta en pro del esclarecimiento de la verdad de las atrocidades cometidas por los paramilitares, los organismos encargados de implementar la Ley de Justicia y Paz tendrían que cumplir una serie de requisitos, que en muchos casos no están previstos en ese instrumento legal, ni se encuentran facilitados por el.

En efecto, la ley fue generosa en las declaraciones de principio sobre la importancia de garantizar el derecho a la verdad, pero bastante pobre en la consagración de mecanismos concretos para su protección efectiva. Así, la ley dispone que los paramilitares desmovilizados deben rendir una versión libre ante las autoridades, sin estar obligados a decir la verdad. En los siguientes sesenta días, la Fiscalía investigará su participación en crímenes de lesa humanidad, y formulará cargos con respecto de aquéllos en los que su intervención al menos se sospeche. Esos cargos podrán ser aceptados o rechazados por los desmovilizados, y sólo en el primer caso éstos recibirán los beneficios penales consagrados en la ley, consistentes en una pena alternativa de cárcel de máximo 8 años, en lugar de la pena ordinaria de hasta sesenta años que podrían recibir por crímenes como masacres y secuestros. Esos beneficios penales se mantendrán con independencia de la cantidad de crímenes que los desmovilizados acepten haber cometido.

Aquellos hechos que el desmovilizado no confiese podrán, en principio, ser investigados y sancionados posteriormente con todo el peso de la ley. Pero el desmovilizado tiene la posibilidad de aceptar los nuevos cargos por esos delitos que no confesó, y entonces ya no recibirá todo el peso de la ley; podrá obtener los beneficios de la pena alternativa también para esos crímenes. Los nuevos beneficios se acumulan con los anteriores, de manera que si en un primer momento pagó una pena de prisión, ésta será contabilizada para decidir cuánto le queda por cumplir, sin que nunca la privación de libertad sea superior a 8 años. El desmovilizado sólo tendría una agravante del 20% de la pena alternativa si los nuevos hechos son muy graves; y sólo perdería la posibilidad de obtener esos nuevos beneficios si la Fiscalía comprueba que la omisión de la confesión fue intencional, lo cual es difícil.

Así las cosas, la ley no prevé incentivos claros para la confesión de los crímenes cometidos por los paramilitares. Por ello, es bien posible que éstos se limiten a confesar su participación en aquellos crímenes que temen que el Estado haya descubierto ya, que son pocos.

En lo que se refiere a las fosas, esto se traduce en que los paramilitares desmovilizados no tienen ningún incentivo claro para confesar su ubicación, ni para identificar a los autores del ocultamiento de los cadáveres y de los crímenes que los precedieron, ni para explicar las razones que los llevaron a cometerlos, ni para señalar los nexos existentes entre éstos y otros crímenes de su autoría. Más aún, es muy posible que, por el contrario, los paramilitares busquen evitar que nuevas fosas comunes puedan ser ubicadas por los órganos investigativos del Estado, como al parecer están empezando a hacerlo mediante la quema indiscriminada e inhumana de tales fosas.

El hallazgo de estas fosas comunes constituye entonces una prueba de enorme importancia para la Ley de Justicia y Paz, y un desafío crucial para los órganos encargados de aplicarla, en especial para el Fiscal General de la Nación. En efecto, a pesar de las limitaciones con las que cuenta la ley para garantizar cabalmente el derecho a la verdad, estos órganos tienen aún la posibilidad de demostrar si la Ley de Justicia y Paz es capaz, en su implementación, de satisfacer dicho derecho. Y sólo podrán demostrarlo si se toman en serio el derecho a la verdad consagrado en la ley y si, por ende, continúan indagando activamente por los lugares donde se encuentran las fosas comunes, por la identidad de las víctimas que yacen en ellas y de los victimarios que las sepultaron allí.

El hallazgo de esas fosas comunes debería ser un punto de partida de gran relevancia para interrogar a los paramilitares que han operado en esas zonas sobre su participación en los hechos que condujeron a arrojar a las víctimas a esas fosas comunes. De hecho, dado que es bien poco probable que alguien pueda olvidar sin intención su participación en crímenes tan atroces, el hecho de no narrarlos en la versión libre debería ser considerado como una omisión intencional, que impediría que el desmovilizado obtuviera beneficios penales adicionales a los obtenidos por los delitos que sí aceptó haber cometido desde un principio. Esta interpretación de la ley podría ser defendida por la Fiscalía y podría generar un incentivo real para que los desmovilizados confiesen plenamente los crímenes cometidos, y se pudieran esclarecer así algunas de las lógicas de funcionamiento del paramilitarismo que puedan dar claves relevantes para su desmonte definitivo como organización criminal.

En buena medida, está en las manos de los organismos encargados de aplicar la Ley de Justicia y Paz, y en particular en las del Fiscal, comprobar que, como lo argumentaron cuando defendieron ante el Congreso el contenido de la ley, ésta sí puede satisfacer el derecho a la verdad.

Estas fosas comunes son entonces una prueba decisiva para la ley de justicia y paz. Los colombianos y la comunidad internacional sabremos si dicha normativa permite desenterrar verdades o, por el contrario, sigue enterrando esperanzas de justicia y reconciliación.

En esta prueba no se juega únicamente una controversia teórica o política entre defensores y detractores de la ley; se juega también, y sobre todo, el que los familiares y amigos de las víctimas dramáticamente sepultadas en esas fosas comunes puedan o no acceder a la verdad sobre lo sucedido, y mitigar así, de alguna manera, por más ínfima que ella sea, el desconcierto, el desasosiego y el dolor que implica una pérdida tan inconmensurable como la vida de un ser querido, arrebatada por un conflicto armado que, aunque resulta tan ajeno para algunos, afecta tan profundamente la vida de todos.