Futuros que se convirtieron en realidades feudales, presentes que repiten la impunidad del pasado y memorias que todavía no se hicieron realidad, conviven en este territorio que fue calificado como granero del mundo, Chicago argentina, centro nacional del fútbol, corazón de la pampa gringa, ciudad industrial, capital del peronismo y nueva Barcelona.

Hace tiempo, en la llamada comisaría de menores de esta ciudad, húmeda, rebelde y con sus fuerzas vivas siempre mirando de reojo a Buenos Aires y dando la espalda a su propia rebelde crónica existencial, los pibes concretaron un motín contra sus carceleros por la posesión de una pelota número cinco que les había regalado un periodista.

La pelea fue descomunal y llegó a las páginas de los diarios.

Lo que no apareció fue la represión que sufrieron esos muchachos.

Eran los primeros tiempos de la democracia y semejante paliza parecía formar parte del pasado.

Dos décadas después, en esta curiosa ciudad en la que conviven formas feudales con modernos espacios para pocos, las cosas no evolucionaron de acuerdo a los postulados de la lógica cartesiana. Al contrario.

La organización social llamada Coordinadora de Trabajo Carcelario acaba de denunciar el estado cotidiano de tormentos que sufren los chicos encerrados en la provincia de Santa Fe, más específicamente, los que están enjaulados en la zona del Gran Rosario.

La presentación se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuestiona la decisión del estado santafesino de poner bajo la esfera del Servicio Penitenciario a los institutos de menores que dependen de su jurisdicción.

De acuerdo a los integrantes de la Coordinadora, la medida va en contra de la ley nacional que habla del cuidado de los chicos.

Para la organización, “lejos de brindar un tratamiento integral tendiente a la recuperación de los menores, la disposición expresa la ausencia de políticas públicas que vayan más allá del mero encierro y la inhumana sobrevivencia de los jóvenes en los lugares de reclusión de Rosario y Santa Fe”.

El reclamo está acompañado por un informe que detalla las características de la sobrevivencia en los institutos de reclusión de los pibes en Rosario y su zona de influencia.

Hablan de edificios que se caen a pedazos, prepotencia permanente de los integrantes de las guardias e “inexistencia de personal civil debidamente capacitado para abordar la problemática tutelar, todo lo cual, para la entidad, implica una situación ilegal”.

Y más allá de ciertos pronunciamientos de algunos jueces de menores, no hubo respuesta concreta y efectiva que demuestre la voluntad política del Estado santafesino en corregir las formas de malvivir de los pibes entre las rejas del sur provincial.

El traspaso a la órbita del Servicio Penitenciario termina siendo “un verdadero retroceso en la materia” y contradice la vigencia de la reciente ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.

Desde que esa medida se implementó, “la violencia se incrementó y ante cualquier conflicto ingresa el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, quienes no sólo han golpeado a los niños sino que han disparado con perdigón antitumulto”, termina diciendo la denuncia de la Coordinadora de Trabajo Carcelario.

Fuente de datos: Agencia de Noticias Argenpress 08-05-06

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