El 28 de mayo se sabrá la jugada del poder en relación con la segunda vuelta. Se sabrá si el camino está abierto para un cambio en la naturaleza oligárquica del gobierno, tal como han avanzado los pueblos hermanos del Sur. Se sabrá, de los nuevos retos que se avecinan para las distintas fuerzas sociales y políticas. En la perspectiva de ese nuevo momento, podemos adelantar unos ejes de tarea que afrontará el movimiento social:

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Ante una prolongación del actual régimen

Corresponde al movimiento social profundizar la resistencia hasta ahora desplegada. Su objetivo no se centra solamente en impedir amenazas, detenciones y muertes de miembros de las distintas organizaciones, o en conservar las conquistas alcanzadas años atrás. Si bien estos son propósitos loables, la resistencia en este período adquiere una mayor connotación: debe orientarse a posibilitar la realización de una “tercera vuelta”, es decir, llevar al desgaste al gobierno reelegido hasta obligar a su renuncia. De esta manera, un gobierno de transición –con la obligación de integrarse con representación nacional plena y un programa democrático– tomaría asiento en el país.

Varios son los aspectos que colaboran para tal propósito:

Uno, la demanda de consulta popular sobre la firma del TLC con los Estados Unidos. Tal vez sea éste el aspecto que más brinde condiciones para adelantar no sólo un proceso de reorganización e iniciativa nacional popular, sino además un dinámico proceso educativo y organizativo con pilares dinamizadores como identidad, soberanía, justicia, desarrollo con sentido propio e integración latinoamericana.

Dos, el tema de la reforma agraria que está claramente relacionado con el anterior, pero que además retoma las agendas del movimiento indígena, en especial el caucano, manipulado en los acuerdos firmados con la “toma” de tierras que lideró a finales del año anterior.

Tres: la exigencia de respeto a los derechos humanos y de investigación y castigo por crímenes de Estado que deben investigarse al DAS y sus ramificaciones con la CIA, el poder Ejecutivo, el Departamento de Estado, políticos regionales, jefes paramilitares y mandos policiales y militares. Un deber constitucional que debe ir aparejado con el desmantelamiento de los aparatos paramilitares e institucionales del delito.

Cuatro, La paz y la reconstrucción nacional que incorpore efectivamente a los movimientos sociales. Con base en una propuesta y solución masiva frente al desempleo, la construcción de una propuesta para el “cese multilateral de fuegos” a cuatro bandas: (i) el derivado en oficiales y soldados, mercenarios, de intervención extranjera por el llamado ‘Plan Colombia’ (ii) el del Ejército nacional (iii) el de los paramilitares y su nueva fase y (iv) el de la insurgencia. Un “cese multilateral” que tiene su escalón en los pasos para y de un Intercambio Humanitario que en paralelo responda a las demandas de los familiares por desaparecidos, masacres y asesinatos acaecidos durante éste y en anteriores gobiernos.

Cinco, poner en marcha agendas de dualidad de poderes, como el parlamento de los pueblos, la integración con movimientos sociales –de diverso tipo– en toda América Latina y el mundo, emprendiendo proyectos de autosostenimiento y construcción de economía alterna que brinden el piso para sostener agendas políticas autonómas.

Si es elegido un nuevo gobierno

La mayor necesidad que tiene el país en materia de gobiernabilidad, es darle paso a un régimen democrático. La experiencia de América Latina evidencia con creces las ventajas que se obtienen al contar en la cabeza del país con una administración honesta y de verdad centrada en las necesidades nacionales, no solamente en los negocios de unos pocos.

Sin embargo, hasta ahora, las experiencias de gobiernos locales en Colombia deja un sabor amargo. La razón: como se ha vivido en otros países, sus líderes se centran en gobernar bien –cumpliendo con los acuerdos heredados o firmados con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial–, en administrar las crisis, en diferenciarse de programas radicales, alejándose de sus electores y de las organizaciones de izquierda donde nacieron, se formaron o que los propuso como candidatos alternativos.

El temor a relacionase y apoyarse en los movimientos sociales nos coloca en brazos del capital, que los mima, adula y les promete mayores puestos hacia el futuro. Centrados en su proyecto de vida, estos dirigentes terminan por eclipsar a los movimientos sociales y por eclipsarse así mismos.

De ahí que, sean tareas del movimiento social, en este escenario:

Uno, respaldar al nuevo gobierno, pero demandarle al mismo tiempo el cumplimiento de su programa de campaña electoral.

Dos, liderar un proceso de paz, inmediato, con las insurgencias existentes en el país, antecedido del acuerdo humanitario, que reanime al conjunto nacional y lo aboque al proyecto de unidad nacional, propósito indispensable de consolidar si queremos aportar a la construcción de una Amércia Latina unida y soberana.

Tres, Consolidar todo tipo de acuerdo que se derive de este proceso, en una nueva asamblea constituyente, que acompañada de una asamblea legislativa, cree un nuevo marco para la salud, la educación, la vivienda y el trabajo (como asuntos de prioridad pública) y las áreas estratégicas económicas (petróleo, gas, carbón, agua) como de responsabilidad y prioridad estatal.

Cuatro, darle cuerpo a una gran iniciativa que permita la construcción o consolidación de un plural movimiento político alternativo y latinoamericanista, que permita la participación de las más dinámicas posiciones nacionales, dando al traste con los restos de los partidos tradicionales. Con este antecedente, poner a marchar un nuevo tipo de relaciones internacionales, entre los pueblos, regidas por principios de solidaridad, reciprocidad, complementariedad, justicia, apoyo, auto- determinación.

Estimular el debate nacional y la iniciativa social, sobre temas como: reforma urbana, Planes de Ordenamiento Territorial, servicios públicos, vivienda, trabajo, ingresos familiares, haciendo de cada uno de estos una agenda nacional y proyectos de ley a presentar tanto al Congreso oficial como al paralelo.

Quinto, posicionar y fortalecer el parlamento de los pueblos, como una agenda que visibilice ante el país el tipo de Congreso que requerimos y demandamos. Establecer agendas paralelas con el oficialismo, estimulando la movilización cosntante de la población, permitiendo así una mayor iniciativa política de parte del gobernante nacional.

Estos son algunos aspectos que integrarían una agenda política del movimiento social en los próximos meses y años. Le corresponde a los mismos dar su palabra al respecto, sabiendo relacionarla con las agendas de los movimientos políticos, que cada vez deben estar más cerca de los primeros.