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A fechas recientes, la coexistencia contradictoria de esas posiciones se ha tornado explosiva a propósito de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) cerrados por Colombia y Perú con la superpotencia que han colocado en el límite existencial a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Vaivenes de la CAN

La crisis de la Asociación de Libre Comercio de América Latina y el Caribe (ALALC, ulteriormente ALADI) a mediados de los años 60 del siglo pasado, provocada por su enfoque crematístico y el agotamiento de procesos industriales adelantados sin previa remoción de las estructuras agrarias, abrió paso a la idea de la fusión entre unidades nacionales más homogéneas. Este fue el origen del Acuerdo de Cartagena/Pacto Andino (1969), posteriormente denominado CAN.

La CAN exhibe una biografía de etapas definidas y características.

En un primer momento, y conforme a los requerimientos de los empresariados industriales más poderosos de la subregión, es decir, los de Chile y Colombia, la CAN se configuró sobre la base de los mismos principios hegemonistas, competitivos y comercialistas que habían empantanado a la ALALC. Concretamente, el desarme arancelario, en la perspectiva de incursionar en los mercados más débiles, se convirtió en el eje de las negociaciones y ulteriores conflictos, mientras que propósitos como la planificación zonal y la armonización de políticas económicas y sociales, incluidos en el texto fundador del acuerdo, devinieron cada vez más elementos retóricos y decorativos. Estas condiciones de su primera época llevaron a que el proyecto andino fuera identificado como una “ALALC en pequeño”.

El segundo momento de la CAN se diferencia notablemente del anterior y corresponde a la fase de predominio en el área de gobiernos nacionalistas y populares como los de Salvador Allende en Chile, Juan Velasco Alvarado en Perú y Juan José Torres en Bolivia. El logro más significativo de esa coyuntura constituyó la aprobación (1970) de la Decisión 24, un instrumento jurídico que disponía una serie de restricciones al capital metropolitano (delimitación de sectores de inversión, progresiva nacionalización de empresas, inaccesibilidad al crédito local, límites a la repatriación de utilidades, registro y control de tecnología, etc.), disposiciones que, en la efervescente circunstancia de principios de los 70, resultó en una promisoria redefinición latinoamericanista de la CAN. A consecuencia de ese viraje, una serie de elementos –el pluralismo ideológico, el rol promotor del Estado en la economía, la complementación industrial, las empresas multinacionales andinas, la programación sectorial, amén de las políticas inherentes a la vigencia de la Decisión 24- bosquejaron una estrategia de desarrollo relativamente autodeterminado para nuestros países.

Semejante posibilidad no tardó en provocar la reacción de las viejas oligarquías criollas de añeja vocación librecambista y extranjerizante, que se materializó en una escalada de acciones desestabilizadoras mentalizadas y financiadas por Washington y que culminó con el derrocamiento manu militari de los gobiernos de Allende y Torres y en las caídas incruentas de Velasco Alvarado e incluso del tímidamente reformista Rodríguez Lara (1976).

Este giro derechista –incluso abiertamente fascista, como en Chile- inauguró el tercer momento de la CAN.

A la sombra de esa regresión política, el capital monopólico internacional y nativo –apoyándose en la dictadura pinochetista- no escatimó esfuerzos para socavar las aristas nacionalistas y democratizantes de la CAN; especialmente se buscó mellar la Decisión 24, propósito que terminó zanjándose con el retiro de Santiago de la entidad subregional (1977). Lo cual, de alguna manera, viabilizó que Pinochet y sus Chicago boys aceleraran la implantación del fundamentalismo liberal en la nación sureña.

La autoexclusión chilena y las disputas interburguesas en la asignación de las líneas de producción automotriz instalaron a la CAN en una senda de debilitamientos e incumplimientos, que se profundizaron en los años 80 a consecuencia de la reaganomics y el primer “shock” de la deuda (1982), que empujaron a los gobiernos andinos al tutelaje del FMI y sus rígidos programas de ajustes y reformas promonopólicas, instrumentadas para asegurar el cobro de astronómicas deudas externas y adscribir a las economías zonales a la reprimarizante “nueva división internacional del trabajo”, funcional al capital financiero internacional. A partir de los 90, y en el marco del Consenso de Washington, se institucionalizó esa reestructuración subordinada del continente y la subregión bajo el peregrino concepto de integración “hacia fuera”.

Esta fase de mediatización del latinoamericanismo es la que ha llevado a la CAN al estado comatoso que actualmente padece por obra de los TLCs firmados entre Estados Unidos y las sumisas administraciones de Álvaro Uribe y Alejandro Toledo.

Conforme era previsible, los “hombres de paja” del Imperio han buscado culpar de la segura muerte de la CAN al retiro de la Venezuela chavista y a las nacionalizaciones de los recursos energéticos decretadas por Evo Morales, con argumentos superficiales e hipócritas que, por lo mismo, soslayan la incompatibilidad conceptual y práctica entre una Comunidad Andina neoliberal y los nuevos esquemas de unidad que vienen aflorando en Nuestra América y a los cuales aludiremos más adelante.

En efecto, tales juicios –emitidos incluso por personajes de “izquierda”- antes que explicar reflexivamente la crisis de la CAN buscan solapar aviesos propósitos del eje filoimperialista Bogotá-Lima. Para el caso de nuestro vecino norteño, esos oscuros intereses fueron denunciados en un manifiesto de la Red Colombiana de Acción frente al ALCA, donde se lee: “Lo que últimamente han puesto de relieve el presidente Hugo Chávez y el presidente Morales, es el intento de convertir a la CAN en un mero organismo asesor para la promoción de tratados de libre comercio. Las gestiones y lloriqueos de Uribe Vélez y Humberto Botero para mantener la CAN, no son más que lágrimas de cocodrilo con las cuales se quiere ocultar el hecho de que la firma del TLC ha violado flagrantemente la disposición constitucional que ordena dar prioridad en las relaciones internacionales a la integración andina y latinoamericana”. (RECALCA; “Lágrimas de cocodrilo”, http://movimientos.org/noalca/show_... 28-04-2006)

La Revolución Bolivariana y la integración-integradora

El triste destino de esa CAN quintacolumnista no agota, ni mucho menos, la realidad subregional. Aún más, ha tenido el efecto de alumbrar el renacimiento de la tendencia latinoamericanista, suceso identificable en tres órdenes de procesos complementarios: a) la resistencia al modelo neoliberal (expresión contemporánea del monroísmo), b) la progresiva implantación de una estrategia alternativa de cuño nacional y popular, y c) la emergencia y puesta en marcha de desalienadas formas de integración regional.

Casi huelga señalar el rol clave de Venezuela en la praxis de estas tres vertientes político-económicas. ¿A qué aludimos en concreto?

Desde la objetividad que provee el paso del tiempo, aparece incuestionable ahora que el levantamiento del “pobretariado” en Caracas -el famoso “caracazo”- a principios de 1989, que se saldó con cientos de muertos y miles de heridos de las filas de los anónimos insurgentes, ha devenido un suceso fundacional de la historia contemporánea de nuestras naciones. No solamente porque mostró que la tolerancia al neoliberalismo tiene un límite, sino también porque abrió paso a inusitadas transformaciones internas y externas.

En el orden interno, la resistencia venezolana al modelo FMI-Banco Mundial fructificó en el ascenso del sentimiento nacional, el levantamiento de los militares patriotas contra el régimen del megalómano Carlos Andrés Pérez en 1992, la fundación del Movimiento V República, el avasallador triunfo del comandante Chávez en las presidenciales de 1998, la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el 2000 y la progresiva implantación de una política económica distinta a la institucionalizada por la banca internacional.

¿Cuáles son los elementos vertebradores de la Revolución Bolivariana? Sumariamente pueden apuntarse los siguientes:

- La revalorización del Estado y su conversión en el eje del desarrollo a partir del rescate de Petróleos de Venezuela (PDVSA), recuperándola de las manos de mafias político-empresariales adeco-copeianas, y de la revisión de leoninos contratos suscritos con empresas extranjeras. El control estatal de la riqueza petrolera comporta, sin duda, la pieza maestra de la Revolución Bolivariana.

- El destino productivo de una fracción sustantiva del excedente petrolero –la “siembra del petróleo”- es otro elemento clave del nuevo patrón de acumulación y desarrollo. A este respecto, Miraflores se ha fijado dos metas estratégicas. La primera, la asignación de cuantiosas inversiones para la búsqueda de nuevos yacimientos aceitíferos y para el equipamiento de la industria petrolera existente. La segunda, la canalización de fracciones asimismo cuantiosas de recursos provistos por la extracción y procesamiento del crudo a programas como la reforma agraria y el fomento de la industria (grande, mediana y pequeña) y la artesanía, política complementada con alzas salariales indispensables para asegurar el autocentramiento de la economía.

- Componente fundamental de la estrategia chavista-cepalina y de transición a un remozado socialismo son las inversiones sociales. A partir de una concepción que combina justicia social y racionalidad económica, la Revolución Bolivariana financia un amplio abanico de programas de promoción humana y productiva. Entre los de mayor relieve se cuentan: la Misión Robinson (que ha erradicado completamente el analfabetismo, según certificación de la UNESCO), la Misión José Félix Ribas destinada a estudiantes que no han logrado terminar la secundaria, la Misión Sucre para ayudar a bachilleres a inscribirse en las universidades, el Plan Simoncito para la educación parvularia, la Universidad Bolivariana para estudiantes de bajos ingresos, la Misión Barrio Adentro para la atención integral y preventiva de la salud de un millón y medio de pobladores, la Misión Zamora para el reparto de tierras, la Misión Mercal para abaratar los productos de subsistencia, la Misión Vuelvan Caras para promover pequeñas unidades productivas y reducir el desempleo, la Misión Piar para la pequeña minería...

A riesgo de aparecer redundante, conviene subrayar que esta estrategia nacionalista y popular habría sido completamente inviable sin las acciones del gobierno llanero en orden a la recuperación de la soberanía sobre sus recursos naturales, retomando uno de los legados teórico/prácticos más valiosos y visionarios de Simón Bolívar.

En este orden de reconocimientos historiográficos, conviene recordar también que, en la transformación de Venezuela, mucho tendrían que ver los aportes del pensamiento latinoamericano auténtico. Nos referimos a las contribuciones de científicos sociales como José Carlos Mariátegui, Raúl Prebisch, Celso Furtado, André Gunder Frank, Pablo González Casanova, Alonso Aguilar Monteverde, Domingo Maza Zavala, Antonio García, José Antonio Mayobre, Agustín Cueva, Federico Brito Figueroa, Aníbal Quijano, José Consuegra, Pedro Vuskovic, Ruy Mauro Marini...

En cuanto a las aportaciones de la Venezuela contemporánea al proyecto de una genuina integración de nuestras naciones, cabe destacar que la patria del Libertador ha devenido no solo la cuna de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), sino también su principal animadora mediante su exitosa “diplomacia del petróleo”.

El ALBA, creado en el 2004, cuenta actualmente con la membresía de Venezuela, Cuba y Bolivia, constituye una propuesta teórico/práctica que tiene como ejes la complementación, la cooperación y la solidaridad.

De su lado, instrumentos como el comercio compensatorio (una modalidad de intercambio que no requiere el egreso de divisas), la fijación de precios al margen de los establecidos por el mercado internacional, la provisión altruista de combustible y servicios de salud y educación (que están favoreciendo incluso a terceros países, Estados Unidos entre ellos) están rompiendo radicalmente con la lógica del costo/beneficio de los acuerdos unionistas convencionales.

A fechas recientes, y a pedido de Bolivia, el ALBA ha sido complementado con el Tratado Comercial de los Pueblos (TCPs), iniciativa que ha venido a enriquecer aún más el remozado espíritu del latinoamericanismo.

La CONAIE desafía a Wall Street

Abocado a firmar el TLC que venía “negociando” con Estados Unidos, el gobierno de Alfredo Palacio ha optado por una conducta ambivalente.

Mientras, por un lado, torpedeó el cierre del referido Tratado interponiendo reformas de corte nacionalista a la Ley de Hidrocarburos y declarando la caducidad del contrato con la estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY), al tiempo de aproximarse a Caracas para concretar un acuerdo por el cual PDVSA refinaría 100 mil barriles diarios de crudo ecuatoriano; por otro, no se da abasto en genuflexiones e imploraciones a la Casa Blanca para que retorne a las tratativas telecistas de signo recolonizador.

¿Cómo explicar esa ambigüedad diplomática? La respuesta se tiene que encontrar en los temores de Carondelet a la ascendente ola nacionalista en el Ecuador, traducida en vastas movilizaciones indígenas-populares comandadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) liderada por Luis Macas. Tales movilizaciones, de inevitable contenido antiimperialista y antioligárquico, paralizaron al país el pasado marzo con pancartas contra el TLC, la OXY, la dolarización, la cesión de la Base de Manta, el Plan Colombia/Plan Patriota, el FMI, la deuda externa-interna, la partidocracia burguesa en sus distintas coloraciones... Y a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente genuinamente popular, la nacionalización de las riquezas naturales, la reforma agraria, la reactivación productiva, la atención a las necesidades básicas de la población... Un inesperado plan gubernativo de signo bolivariano.

Más allá del incierto destino político del actual mandatario, el resurgimiento del nacionalismo en estas tierras no solo que está volatilizando el tablero ecuatoriano de cara a las presidenciales del próximo octubre, sino que ha instalado las cuestiones de la soberanía, la democracia directa y la vocación por fórmulas de integración-integradora subregional y continental como eje de las confrontaciones parlamentarias y/o extraparlamentarias.

Como explicaba un conocido enmascarado, la realidad siempre es más inteligente que la teoría.