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La Cláusula Democrática pactada en el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea se convierte en palabra hueca y hasta en un acto de cinismo frente a su nula aplicación frente a tales violaciones.

Un hecho escandaloso sobre el que aún reina la impunidad fue el que aconteció precisamente durante la pasada cumbre realizada en Guadalajara, donde a los ojos de los civilizados gobiernos reunidos ahí se desató una brutal represión, redadas, torturas y vejaciones contra manifestantes civiles indefensos, todo lo cual está documentado y denunciado por las más diversas instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos; los últimos presos salieron de la cárcel un año después y ha llegado la nueva cumbre dos años después sin que la Unión Europea haya dicho una sola palabra, y mucho menos aplicado los acuerdos internacionales, sobre lo sucedido en una cumbre en la que estuvo directamente involucrada. Pareciera que lo que se firmó con el gobierno mexicano es más bien una Cláusula de Impunidad.

Tan sólo en los últimos dos meses que preceden a la actual cumbre, se ha sucedido una cadena de actos alarmantes y claramente violatorios de los derechos civiles y humanos por parte del gobierno que preside el Sr. Vicente Fox. En el Estado de Coahuila, en el norte de México, más de sesenta y cinco mineros quedaron enterrados después de un accidente imputable a la empresa y a la complicidad de la autoridades sin que hasta la fecha hayan sido rescatados sus cuerpos ni se haya hecho justicia. Además de la intervención autoritaria del gobierno en asuntos sindicales, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el desalojo violento de un paro obrero que intentaron las fuerzas policiales culminó con decenas de heridos y dos muertos de parte de los trabajadores sin que tampoco a la fecha se haya hecho justicia. En La Parota, en el estado de Guerrero, la resistencia de la comunidad a la construcción de una presa que amenaza su sobrevivencia misma ha encontrado la represión estatal que ha dejado un saldo de varios asesinados, encarcelados y la amenaza constante de ser desalojadas con la fuerza pública más de 42 comunidades.

El hecho más grave y reciente lo constituye la brutal represión ejercida contra el pueblo de San Salvador Atenco, cercano a la capital, el que después de solidarizarse con floricultores de un pueblo cercano y resistir a un cerco policiaco, terminó siendo víctima del más salvaje asalto por parte de más de tres mil elementos de las fuerzas de seguridad, quienes agredieron indiscriminadamente a quienes se encontraron a su paso, hirieron de bala a varios y mataron a un joven de 14 años, allanaron y destruyeron casas del poblado, golpearon brutalmente a quienes se encontraban ahí, se llevaron presas a más de doscientas personas a quienes siguieron golpeando y torturando posteriormente, en especial a las mujeres, quienes fueron vejadas y violadas, incluso algunas extranjeras, dos de ellas europeas, a quienes deportaron sin mediar el proceso legal correspondiente. Acto de venganza, inadmisible en un estado de derecho, por la resistencia de ese pueblo a la construcción de un aeropuerto, acto de intimidación a toda la población, acto de barbarie que no puede ser soslayado.

La represión al pueblo de San Salvador Atenco se vincula también al constante hostigamiento que sufre La Otra Campaña impulsada por los zapatistas mexicanos, cuya última víctima fue el indígena asesinado a sangre fría en el municipio autónomo en resistencia de San Blas Atempa, Oaxaca.

El recrudecido autoritarismo con el que se está conduciendo el gobierno del presidente Fox en su último año de gestión, los abusos policiacos, la violación flagrante de las normas nacionales e internacionales y de los más elementales derechos humanos, está colocando al país en un estado de zozobra y conflicto, y contradice los principios en los que supuestamente están basadas las relaciones que se pretenden fortalecer en la Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Exigimos la libertad inmediata de los detenidos en San Salvador Atenco, el alto a la impunidad, la aplicación de la justicia a los responsables de crímenes y torturas, se detenga el terror de estado, se ponga fin a las salidas represivas y a los abusos policiacos. Los gobiernos reunidos en esta cumbre deben condicionar las relaciones con el gobierno mexicano a su pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos en México.