La contracara del Derecho a la información es la censura, obstáculo que impide el acceso a aquello la sociedad necesita para orientarse en lo personal, en lo profesional, en la vida. La acción censurante surge de una acción humana y, como afirma la investigadora María Luisa Lacroix, no es espontánea, es una construcción social y política.

Bajo dictaduras, el control del discurso público adquiere niveles de extrema gravedad. Bajo períodos democráticos hay otras formas de impedir el acceso a la información y controlar lo que se dice.

Hay etapas donde el discurso censurante organiza su sentido y se sistematiza. Atraviesa a toda la sociedad, no sólo a los periodistas, instala eufemismos, contextos opacos, lecturas entrelíneas, fronteras que fluctúan entre lo que se debe decir y lo que se puede decir. La situación interna de la sociedad y el marco internacional completan el sentido del discurso censurante.

La inseguridad jurídica, es una eficiente forma de coerción para neutralizar y castigar a los periodistas que investigan abusos del poder en las órbitas privadas y públicas.

Las democracias de “baja intensidad” tuvieron al desacato como uno de los recursos jurídicos preferidos para frenar opiniones contrarias,

Sancionaba el delito de falsa denuncia y amparaba a los funcionarios públicos. Estuvo vigente en Argentina hasta el año 1993. Fue derogado por la acción pública nacional e internacional de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Era un claro ejemplo de la persistencia de privilegios estamentales y dejaba en evidencia la desigualdad ante la ley de los ciudadanos respecto a los funcionarios públicos.

Derogada esta figura, las calumnias e injurias se elevaron como figuras jurídicas funcionales para coartar el desempeño profesional de los periodistas.

La UTPBA reclama desde el año 1991 la eliminación de esta norma jurídica y sostiene que:

“Bajo estos principios el periodismo carece de las más elementales garantías jurídicas para funcionar. No sólo el periodismo de investigación, sino las más superficiales notas pueden colocar a los hombres y mujeres de la prensa frente a serias complicaciones penales y civiles. La seguridad de los periodistas y el derecho de la sociedad a recibir información requiere la inmediata eliminación de este artículo (…)” (Párrafo extraído de los fundamentos presentados por la UTPBA ante las Cámaras de Senadores y Diputados durante el año 1991).

Las normativas jurídicas al menos son apelables. La represión arbitraria ejercida por estados o grupos paraoficiales no ofrece esta posibilidad y se despliega bajo múltiples manifestaciones de censura.

La política de guerra preventiva que lleva adelante EE.UU. en nombre de la democracia planetaria, deja al descubierto la utilización del periodismo para desinformar o transformarlo en polea de transmisión de mentiras (la existencia de arsenales químicos como excusa para invadir Irak).

La manipulación de la realidad es una de las formas en que el Derecho a la Información queda reducido a letra muerta.

En el plano interno de los EE.UU. , periodistas, artistas, investigadores y la sociedad en general, padecen, por parte del gobierno de George W. Bush, el control minucioso de ideas, pensamientos, correspondencia privada, movimientos financieros y preferencias de consumo.

El control del discurso público es, en este caso, el tiro de gracia para la libertad de expresión, cierra el círculo censurante y completa su sentido.

Los mecanismos de control que aparecen en un país tienen que ver con su historia concreta.

El periodismo es una tarea de riesgo, que se diferencia de lo que se conoce como “misión riesgosa”. No sólo corre riesgos el corresponsal de guerra, sino también cientos de profesionales que en zonas no conflictivas y de manera cotidiana tienen como insumo informativo la política nacional, el deporte, o cualquier otra área. Los riesgos a los que se expone son laborales, éticos, intelectuales, económicos, jurídicos y físicos.

Pactos, Declaraciones y Tratados internacionales amparan al Derecho a la Información, a la Libertad de Expresión, y al derecho de Opinión.

Todos estos derechos quedan en meros enunciados ante la realidad acuciante de un mundo dual, violento y peligroso, de incluidos y excluidos.

El periodismo conciente, que investiga y denuncia, se instala en la mira de mafias de todo tipo que lo señalan como “testigo molesto”. Ese periodismo será el blanco predilecto no sólo de figuras legales que obstaculicen el acceso a la información sino también de armas letales concretas.

El informe elaborado por Hernán Uribe para la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) da clara noción de ello: 80 periodistas murieron en Irak desde el inicio de la invasión, en 2003. Durante toda la guerra de Vietnam el número alcanzó a 72 .

Uribe subraya también que “mientras algunos fueron víctimas de fuego cruzado, la mayoría de ellos fueron víctimas de la metralla operada por soldados estadounidenses o por la policía iraquí creada por los invasores”.

El mismo informe ratifica que durante 2005, en América Latina fueron asesinados 17 periodistas.

Durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, 128 periodistas fueron secuestrados. Otros, que debieron marchar al exilio recibieron el respaldo solidario de la Federación Latinoamericana de Periodistas, que no por casualidad nació en aquellos años aciagos.

Así, desde que nació como profesión, el periodismo conciente, se ve trabado en su accionar por normativas de toda índole, mientras que –paradójicamente- vicios profesionales como la ausencia de pluralidad informativa y la discriminación y estigmatización de fuentes, sólo pueden ser sancionados desde una ética de lo social o la condena moral de la sociedad.

# Ponencia presentada en la mesa-debate “Ética y Despenalización de los delitos contra la prensa: Injuria, Calumnia y Difamación”, organizada por la FELAP el 5/6/06.