Durante el mes de Mayo se presentaron diversas movilizaciones en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la reelección presidencial, desarrolladas principalmente por indígenas y campesinos en distintos lugares del país (aunque también participaron pobladores urbanos, mujeres y estudiantes).

Durante el gobierno Álvaro Uribe, las protestas sociales han tenido un pico alto, sólo superado por las que ocurrieron en 1975 y 1998. Las demandas se han presentado en torno a las políticas gubernamentales, la violación de los derechos fundamentales(1), el incumplimiento de pactos, los servicios sociales, la tierra y la vivienda, los servicios públicos y los problemas ambientales (asociados a una vivienda y un entorno dignos)(2).

Como se ve, el tema de la plena vigencia de los derechos humanos, vistos como una integralidad, sigue teniendo especial relevancia para organizaciones sociales y populares. Esto es así porque no existe una política pública destinada a asegurar adecuados niveles de garantía de los derechos y porque, evidentemente, son las comunidades las principales afectadas por la poca efectividad del Estado Social de Derecho propugnado por la Constitución Política de 1991 que, parafraseando a la Corte Constitucional, no es una mera formula retórica sino que de él se desprenden verdaderas garantías para la dignidad de la persona humana y de las comunidades.

Frente a un oscuro panorama social y armado que desafía a las organizaciones sociales, se programó una Cumbre Itinerante de movilización y acción. Con la convocatoria se ponía de presente que no sólo la cultura, las comunidades y las familias enfrentan la destrucción, sino la vida misma “por la ceguera de quienes se han equivocado y utilizan el mayor poder de la historia para convertir en mercancía todo lo que existe.”(3) El afán de protesta de los manifestantes se contradice con las informaciones oficiales sobre el “avance” en programas sociales y vigencia de los derechos humanos -sin mencionar las disquisiciones alrededor del manejo de las cifras por parte del gobierno. Las movilizaciones sólo confirman que cuando a la economía le va bien, al país le va mal.

Los objetivos centrales de la Cumbre, que continúa a pesar de los mecanismos represivos, son la defensa de la vida, de los territorios y de los procesos organizativos, cuyos antecedentes más cercanos fueron el Mandato Indígena y Popular resultante de la marcha a Cali en 2004, la jornada nacional de protesta del 12 de Octubre y las acciones de recuperación de tierras en el Cauca durante el segundo semestre de 2005, jornadas que fueron llamadas “Liberación de la Madre Tierra”. El resguardo La María, del municipio de Piendamó, departamento del Cauca, constituido desde 1999 como espacio simbólico de dialogo, paz y reconciliación, fue el punto central de la Cumbre.

La metodología acogida para desarrollar la Cumbre muestra una amplia creatividad para generar espacios de movilización y denuncia, y para reflexionar y discutir en torno al programa mínimo de lucha de las organizaciones sociales colombianas y sus mecanismos de articulación. Así, aunque se busca presionar al gobierno a negociaciones y gran parte del tiempo se va en las confrontaciones con la fuerza pública, lo importante aquí es el encuentro entre personas, organizaciones y sectores para debatir y echar a andar concepciones alternativas de democracia y ciudadanía. Todo en un marco complejo en el cual se cruzan distintos actores interesados en la configuración del poder social o, en palabras de Arturo Escobar, procesos de política cultural.

¿En qué contexto se desarrollan y de qué tipos de democracia y ciudadanía hablamos? En un país tradicionalmente manejado por la elites económicas, políticas, sociales y culturales, los procesos de desarrollo han sido siempre impulsados desde arriba. Si a esto sumamos la histórica lógica de privatización del ámbito público, el resultado es que los dispositivos de participación y de planeación autoestructurada de la vida, nunca han sido permitidos o no son suficientes para desarrollar un marco democrático amplio.

La gran masa de excluidos de los beneficios del modelo económico, reclaman, esencialmente, mecanismos que logren combinar equidad en la participación y en la redistribución, buscando una vez más, reafirmar su identidad y asegurar su reproducción material. La movilización social rechaza la idea elitista de superioridad de unas formas de ver el mundo, el territorio y la cultura, sobre otras. Entonces debe ser entendida como un grito, más que como un quejido, fuerte a fin de cuentas, pero necesario para salir del ensimismamiento de la sociedad colombiana.

Un grito frente al TLC con Estados Unidos, que busca darle fluidez al intercambio comercial de bienes y servicios, que tiene un impacto negativo sobre la vida y la cultura de campesinos e indígenas, y que no ha sido consultado más que con los gremios económicos. Un grito frente a la reelección de un gobierno que apuntala de distintas formas la comercialización de los recursos naturales. Un grito frente al ataque violento (declarado y soterrado) a las organizaciones sociales para frenar su trabajo.

La respuesta del Gobierno a la Cumbre sigue su constante: por un lado, deslegitimar las protestas sociales afirmando que han sido realizadas bajo órdenes o influencia de la guerrilla y, por el otro lado, negar cualquier posibilidad de diálogo por medio de la represión.

Sobre lo primero hay que resaltar el papel de los medios masivos de comunicación. Frente a movilizaciones de este tipo se limita a denunciar el traumatismo causado por los bloqueos, arguyendo violaciones a derechos por parte de los manifestantes. Por ejemplo, en el editorial del diario El Tiempo , del 18 de Mayo, se resaltó que ante la posible “ecuatorización” del sur del país, el Gobierno no podía permitir el bloqueo de la Panamericana, en defensa del derecho fundamental al libre tránsito de la mayoría.

La resonancia que se le dio a las declaraciones oficiales, en el sentido de que las Farc estarían detrás de las movilizaciones, superaba en exceso el espacio dado a las explicaciones de los reclamantes sobre la Cumbre. Apenas se mencionó lacónicamente que “los indígenas dicen que su protesta no tiene que ver con las Farc, sino con su reclamo por el incumplimiento a los acuerdos sobre entrega de tierras y en contra del TLC y la reelección.”(4)

Sin embargo, la denuncia periodística no toma en cuenta que las movilizaciones no son violentas. Aunque tengan manifestaciones de fuerza, están muy lejos de armarse para aniquilar al contradictor; todo lo contrario, pretenden consolidar encuentros de diálogo y negociación con el Gobierno. El problema es que éste, insistentemente, incumple los acuerdos logrados en negociaciones anteriores, principalmente, los de adjudicación de predios rurales. De ahí, que ante la respuesta guerrerista, los manifestantes se hayan negado a reconocer a los representantes del gobierno por su incapacidad de darle solución a los problemas sociales.

Sobre la otra respuesta gubernamental (el uso de la fuerza y la negación al diálogo) el saldo es desastroso: un indígena asesinado y dos niños muertos por asfixia. La toma a sangre y fuego de La María por parte de la fuerza pública, demuestra la nula intención del Gobierno de reconocer la movilización. Los testimonios hablan por si mismos: “la fuerza pública hizo de forma (sic) de ejércitos de invasión, irrespetando los sitios de atención, los espacios de reunión civil, el centro de comunicaciones, las casas de civiles, atacando niños, mujeres y personal que recibía atención médica.”(5)

Las acusaciones del Gobierno sobre la infiltración guerrillera no sólo deslegitiman la movilización, también aseguran que éstos y otros atropellos sean justificados desde la lógica de eliminación del contrario, es decir, del “terrorista”, pues ahora en Colombia todo el que se enfrente al unanimismo que se trata de imponer es juzgado como tal, por lo que no tiene derecho a nada.

En una de las reuniones preparatorias a la Cumbre, un indígena nos regalaba estas hermosas palabras: “Mi abuelo me decía: si quieres llegar más rápido debes llegar con el último. En comunidad no podemos llegar primero sino ha llegado el último”. De esto se trata la Cumbre, de encontrarse, de reírse, de compartir el plato y el abrazo, de luchar por un país en el que el desarrollo se construya desde abajo, donde nadie termine sin llegar.

(1) Sobre el comportamiento del actual gobierno en materia de derechos humanos, se pueden consultar los informes de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en http://www.plataforma-colombiana.org

(2) Esmeralda Prada, Álvaro Delgado y Marta García , "Luchas sociales de la memoria y la incertidumbre." En 100 días vistos por Cinep #57. Consúltela en línea: http://www.cinep.org.co

(3) En http://www.onic.org.co/nuevo/cumbre...

(4) El Tiempo, 19 de Mayo de 2006.

(5) Se mantiene la Cumbre Nacional Itinerante. Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Mayo 28 de 2006 en www.onic.org.co