La semana previa a las elecciones presidenciales, las tres plataformas que agrupan a la mayoría de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos le enviaron una carta al presidente Álvaro Uribe Vélez (ver comunicado) . En ella, le solicitaban un pronunciamiento condenando la creciente ola de amenazas en su contra, aparentemente provenientes del reciclaje de antiguos grupos paramilitares con nuevas denominaciones y similares propósitos (limpiar la tierra de opositores al actual régimen), y le pedían explicitar la legitimidad y oportunidad de su labor.

No es la primera vez que las ONG de derechos humanos se dirigen en términos similares al Primer Mandatario. En realidad, ésta ha sido una aspiración recurrente, desde que Uribe las puso en la picota pública[1]. Como se recordará, al cumplirse el primer año de su Gobierno la Plataforma Desc publicó una evaluación de gestión, titulada El Embrujo Autoritario[2]. Lo que motivó la primera ira pública de Uribe Vélez, quien no dudó en calificarlas de politiqueras y tendenciosas[3].

Con los años a cuestas, la opinión pública ya le ha visto escenificar varias de estas rabietas, que nunca generan rectificación. Al banquillo han pasado periodistas, políticos, estudiantes y hasta generales. Estos arrebatos, que los áulicos del régimen califican de talante y sus críticos de autoritarismo, le han generado paradójicamente al Presidente una buena imagen pública interna. O, por lo menos, así lo indican algunas encuestas de opinión. Pero no necesariamente se compadecen con sus funciones, ni se corresponden con las expectativas de la comunidad internacional.

Durante los tres últimos años, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas ha alentado al Gobierno a propiciar espacios estables y permanentes de interlocución con las organizaciones de defensores de los derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil, en el nivel nacional y regional, con el fin de lograr mayores grados de entendimiento y respeto[4]. Aunque con dificultades, se han abierto algunos espacios de esta índole - con presencia de entidades estatales, de la sociedad civil y de la comunidad internacional- , para analizar el estado de las Recomendaciones de la misma Oficina, el cumplimiento de las Declaraciones de Londres y Cartagena, la política pública en materia de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad, la orientación de la cooperación internacional y la adopción concertada tanto del Plan Nacional de Derechos Humanos como del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Sin embargo, a juicio de las ONG estas iniciativas no tendrán un sustento firme mientras el mismo Presidente deslegitime públicamente su labor y los asuma o bien como opositores políticos, o bien como idiotas útiles al servicio de la subversión armada. De aquí que el análisis sobre las posibles estrategias gubernamentales en derechos humanos, de cara a un nuevo período, podría empezar por ahí: ¿Cambiará el Mandatario de actitud frente a los defensores de derechos humanos?

Las cifras: terreno en disputa

Como en otros campos del acontecer nacional, buena parte de la molestia del Gobierno responde a una estrategia política: diferenciarse en la construcción y análisis de los datos[5][6]. Así como ha sucedido con los indicadores de pobreza, empleo, cobertura educativa o de salud, en el campo de violaciones a los derechos humanos el Ejecutivo no sólo ha promocionado sus propias metodologías de medición, sino que ha buscado deslegitimar a cualquier precio las que utilizan las organizaciones independientes de derechos humanos.

En el fondo, la conclusión a la que apunta pareciera ser la siguiente: la política de Seguridad Democrática no sólo ha puesto contra las cuerdas a la subversión armada y propiciado el desmonte del paramilitarismo: también ha posibilitado una disminución sensible en el número de violaciones a derechos humanos, homicidios y secuestros.

Por su parte, los diferentes Bancos de Datos de las ONG muestran una realidad diferente: si bien algunos indicadores registran descensos, como el de homicidios, otros han aumentado sustancialmente, como el de detenciones arbitrarias. Otras infracciones han cambiado de sentido: los desplazamientos masivos de antaño han dado paso, sin desaparecer del todo, a otras prácticas de los actores armados, como las de confinamiento. Y la selectividad de los ilícitos cometidos contra poblaciones vulnerables, tales como comunidades indígenas, sindicalistas, periodistas o defensores de derechos humanos, lleva a pensar en modalidades más individualizadas de persecución política.

La tesis que se derivaría de estos guarismos sería la siguiente: No existe voluntad por parte del Ejecutivo para combatir de fondo las violaciones a los derechos humanos. De existir, nada tan fácil, por ejemplo, como no impulsar detenciones arbitrarias y masivas. Lo que se ha presentado es simplemente una transformación en los escenarios del conflicto armado interno, que lleva aparejada nuevas modalidades de infracción.

Por lo tanto, así como de la disminución de casos de violaciones al DIH por parte de la guerrilla no puede deducirse un mayor compromiso con su respeto, del descenso de algunos indicadores de infracciones a los DDHH no puede inferirse automáticamente un mayor interés del Gobierno con sus compromisos en la materia[7].

Entonces, así como en otras épocas los escenarios del conflicto llevaron a distintos gobiernos a asumir alternativa y masivamente el genocidio, la tortura, la desaparición forzada o el desplazamiento, ahora correspondería leer los signos de los tiempos y rastrear comportamientos, para evidenciar las nuevas modalidades de violación.

En este sentido, la Administración Uribe parecería haber atravesado por dos períodos distintos en materia de lucha antisubversiva. Durante la primera, se generaron zonas o teatros de conflicto, se dispararon las detenciones masivas, se pedía a todo trance cortar las posibles relaciones entre sociedad civil y guerrilla, tarea en la que cualquier actitud contestataria resultaba sospechosa, mientras que un positivo era recibido con salvas y aplausos. A su vez, los grupos subversivos se replegaron o se mimetizaron, disminuyendo su impacto nocivo frente a las poblaciones y regiones que los soportan.

Avanzadas las conversaciones para la reincorporación de los diferentes frentes paramilitares, la estrategia parece variar. El Ejecutivo mantiene la presión sobre la guerrilla, especialmente a través del Plan Patriota. Pero, ahora se le suma la necesidad de mantener o asumir el control sobre zonas que antes estaban en poder del paramilitarismo.

Esta situación puede estar dando origen a dos escenarios diferentes en materia de derechos humanos. Durante la primera fase las infracciones más denunciadas fueron, consecuentemente con la estrategia militar, las detenciones arbitrarias, los asesinatos selectivos y los confinamientos. Pero esta situación parece cambiar: durante el año 2005 se observa un descenso en el número de violaciones directas en comportamientos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales[8]. Y aunque aún es difícil sacar conclusiones en materia de número y modalidad de nuevas violaciones, seguramente ellas afectarán sensiblemente a los opositores al modelo de normalización paramilitar forzada, especialmente defensores de derechos humanos y opositores políticos al actual Gobierno.

Porque el temor, aparentemente fundado, es que el paramilitarismo se consolide como poder regional con visos de legitimidad jurídica. Indicativos de ello serían la impunidad que ha reinado en el proceso de reincorporación de la tropa, la falta de claridad sobre la implementación de la llamada Ley de Justicia y Paz, el surgimiento de nuevos grupos paramilitares en las mismas zonas en donde operaban los anteriores y la calma artificial que rodea muchos de los cascos urbanos otrora bajo el dominio territorial de estos ilegales. Pparadójicamente, en este contexto un indicativo preocupante es la disminución de delitos sin un correlato en el fortalecimiento de las instituciones públicas, pues ello estaría evidenciando la prevalencia de formas ilegítimas de control del orden público.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que busca el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y la aplicación pragmática de justicia con reparación en el marco de la construcción de la paz[9].

El segundo período del mandato Uribe verá fortalecer una de las dos lógicas. Si verdaderamente el Ejecutivo le apuesta a la institucionalización del Estado Social de Derecho y el desmonte de los grupos armados ilegales, el trabajo mancomunado con los organismos de defensa de los derechos humanos es un escenario privilegiado. Así, no solo los protege de los embates del nuevo paramilitarismo, sino que posibilita la construcción de una política integral en la materia.

En lo concreto, ello significaría valorizar públicamente su trabajo, avanzar en la construcción concertada del Plan Nacional de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, mantener canales adecuados de interlocución con la sociedad civil y la comunidad internacional para evaluar y actuar de cara al cumplimiento de las Recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas y las Declaraciones de Londres y Cartagena.

[1] Ver: por ejemplo, http://www.dhcolombia.info/article....

[2] Ver: http://www.plataforma-colombiana.or...

[3] Ver: http://www.presidencia.gov.co/discu...

[4] Ver:

http://www.hchr.org.co/documentosei... para informes anteriores: http://www.hchr.org.co/

[5] Ver: por ejemplo, informes de Semana como:

http://semana.terra.com.co/wf_InfoA...

[6] Ver: http://www.nocheyniebla.org/

[7] Al respecto, cfr Revista Noche y Niebla (http://www.nocheyniebla.org/) o Revista Cien Días Vistos por Cinep en lo que atañe a cifras correspondientes a violaciones a DDHH y DIH http://www.cinep.org.co

[8] Ver http://www.cinep.org.co/ciendias58_.... También, el Informe de la Alta Comsionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relacionado previamente.

[9] Ver, en un contexto mas amplio, las recientes palabras del presidente Uribe en la Cátedra Colombia: http://www.presidencia.gov.co/discu...