La privatización de Granbanco – Bancafé: Más beneficios para el capital privado

La globalización financiera

Desde inicios de la década del noventa se inició en Colombia la globalización financiera, adoptada mediante la ley 45 de 1990 y desde entonces sucesivas reformas han complementado y ampliado el radio de acción del capital financiero. Este proceso no es más que la hegemonía o predominio de los grandes grupos financieros sobre la economía del país. Más comúnmente se conoce como financiarización o proceso de desplazamiento del capital manufacturero e industrial por el capital financiero. Este fenómeno significa que el capital financiero se convierte en el eje de las economías capitalistas, como el caso de Colombia.

La banca nacional se ha vuelto más oligopólica[1], y está controlada, principalmente, por los grupos: Aval (26% de los activos), el Grupo Empresarial Antioqueño (18% de los activos), Bolívar (7.5% de los activos) y la banca extranjera que controla el 17% de los activos bancarios. La rentabilidad es creciente y mayor que la de cualquier otro sector de la economía: ha acumulado utilidades cercanas a $8.7 billones en los últimos cinco (5) años.

La Liquidación dela banca Pública

Mientras el negocio financiero privado crece, se concentra más y obtiene elevados beneficios, los últimos gobiernos, desde Gaviria hasta Alvaro Uribe se han dedicado a liquidar las instituciones financieras del Estado en cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los intermediarios financieros estatales que históricamente cumplieron labores de fomento y apoyo económico al desarrollo nacional, fueron eliminados (Caja Agraria, Banco Central Hipotecario, IFI, Bancafé y recientemente Granahorrar) y la política de fomento que se financiaba mediante fondos especiales del Banco Central, se desmontó.

Sobreviven algunas entidades de segundo piso, a las cuales el gobierno les ha trasladado la función de servir de entidades de fomento, pero es vergonzoso el papel que cumplen. Solo un caso: FINDETER, que tiene la responsabilidad de apoyar financieramente los planes de desarrollo de los municipios y departamentos se ha dedicado a la financiación de proyectos del sector privado dejando de paso un apetecido margen financiero a los bancos nacionales y extranjeros.

Los medianos sectores industriales, la pequeña empresa y en especial la microempresa carecen de una política de fomento estatal para su desarrollo. Los gobiernos han renunciado a jugar un papel activo en la economía, mediante las entidades financieras públicas, para incidir en el desarrollo nacional suministrando crédito barato y de largo plazo, como instrumento para atacar la pobreza y el desempleo mediante programas de inversión productiva.

La privatización de Bancafé: un mal negocio

En desarrollo de la política anteriormente expuesta, el Gobierno Nacional acaba de anunciar la privatización de GRANBANCO – BANCAFE que se llevará a cabo en el mes de agosto próximo, culminando la entrega al capital privado de todas las entidades públicas del sistema financiero. Es una venta perversa de parte del actual gobierno.

Para abaratar los costos de la entidad y hacerla de fácil acceso al capital privado, el gobierno ordenó en Marzo de 2005 la liquidación de Bancafé y la creación de Granbanco, despidió a 3200 empleados, liquidó la convención colectiva de trabajo y acabó con la organización sindical. Estos actos se ejecutaron contrariando las legislaciones financiera y laboral vigentes; actos que se encuentran demandados ante el Consejo de Estado y denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo.

En la reestructuración de Bancafé, luego de la crisis financiera de 1998, se invirtieron $1.2 billones de pesos, a los que hay que adicionar los costos de liquidación los cuales aún no han sido informados a la opinión nacional, pero que deben superar $0.5 billones. El precio base de venta fijado por el gobierno en $1.09 billones ni siquiera alcanza a cubrir los costos asumidos en la reestructuración del Banco. Es decir, se llevará a cabo un negocio más con pérdidas para la Nación.

Es inexplicable que se insista en la venta de la entidad cuando ésta genera importantes utilidades: $45.046 millones en 2003, $158.486 millones en 2004, $109.993 millones en 2005 y $39.923 millones en los tres primeros meses del 2006.[2]

Los beneficiados serán, una vez más, los grandes conglomerados financieros que seguirán concentrando la propiedad en el sector y acrecentando sus ganancias.

La banca de las oportunidades: Un chiste de campaña

En un nuevo engaño a la opinión nacional y para correr un velo que oculte el vergonzoso negocio que se pretende llevar a cabo con Granbanco, el Presidente Uribe ordenó, la semana pasada, la escisión de $180 mil millones del patrimonio de Granbanco para destinar los recursos de esta operación a la financiación de la Banca de las Oportunidades.

Con dichos recursos se ordenará la creación de dos sociedades: Una de esas firmas se llamará Inversiones Gran S.A. y la otra se denominará Sociedad para el Fortalecimiento del Microcrédito y las Sociedades Microfinancieras. La primera apoyará el proceso de bancarización en el país y la segunda será convertida en el llamado “Banco de los pobres” o “Banco de las Oportunidades”.

Con la primera, se destinarán recursos públicos para apoyar a los bancos privados a lavar su imagen de especuladores y usureros para llegar a los sectores más pobres del país. Los banqueros y Minhacienda preparan, en sigilo, una gran reforma para el segundo semestre de 2006 en la cual autorizarán más precarización laboral para reducir los costos y permitir que los bancos puedan llegar con bajos costos, supuestamente, a mayor parte de la población de bajos recursos.

La Banca de los Pobres o de Oportunidades no deja de ser un chiste de campaña. Uribe ya dijo que no se trataba de “una entidad” sino de “una política”, con lo cual ya se puede uno imaginar que no hay ninguna intención de constituir una entidad sólida de fomento y apoyo a los sectores más necesitados del crédito, sino, sus acostumbrados subsidios de concejo comunal a los pobres, en medio del vergonzoso populismo que acostumbra.

El gobierno de Alvaro Uribe no tiene el menor compromiso con los colombianos de establecer nuevas entidades públicas de fomento y menos para los pobres. Su agenda da prioridad a los grandes conglomerados financieros privados. Si existiera una mínima voluntad de mantener entidades que ayuden a los más necesitados, hubiese frenado la venta de Granahorrar para convertirlo en el banco promotor de la vivienda de los pobres. O bien, con una orden telefónica pudiera frenar la venta de Bancafé y convertirlo en el Gran Banco de fomento al crédito de la microempresa nacional.