El Estado norteamericano tuvo que dar explicaciones sobre el plan de vigilancia durante una audiencia en una corte de Detroit y ante una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés).

Según los representantes del gabinete republicano, el sistema de fisgoneo doméstico está basado en una autoridad especial del Presidente para optimizar a ultranza la seguridad nacional después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.

La ACLU busca que se detenga de inmediato el programa espía de Bush, el cuál denunció como un procedimiento que viola diversos derechos ciudadanos y varias autoridades ya han calificado públicamente como ilegal.

El grupo comunitario presentó además sus quejas ante la Comisión Federal de Comunicaciones en Washington, para que revise el sistema de monitorear comunicaciones de ciudadanos norteamericanos considerados sospechosos por el gobierno.

La junta ejecutiva de la ACLU sugirió a los órganos supervisores federales realizar una cabal investigación sobre el asunto para explicar por qué el Congreso se ha mantenido demasiado callado en relación con esta polémica actividad oficial.

No obstante, el secretario de Justicia estadounidense, Alberto Gonzáles, confirmó que el gobierno federal podría considerar una eventual expansión del controversial programa de espionaje de la Casa Blanca.

Pese a las incontables críticas recibidas en la Oficina Oval debido al plan de W. Bush, el funcionario aseguró que la administración nacional planea reactivar la interferencia de comunicaciones privadas.

De acuerdo con Gonzáles, en esta ocasión el Ejecutivo piensa modificar el procedimiento a fin de supervisar únicamente llamadas o intercambios de correos electrónicos efectuados en territorios de Estados Unidos.

# Agencia Prensa Latina (Cuba)