De este modo, igual que desde hace más de un cuarto de siglo, la comunicación en la Argentina continúa regida por este nefasto texto, una verdadera afrenta para la democracia. Desde diciembre de 1983 hasta la fecha, innumerables fueron los anuncios oficiales y las intenciones legislativas de impulsar proyectos.

Se puede contabilizar alrededor de medio centenar, entre ellos, el proyecto de nueva ley de Radiodifusión presentado por el diputado Floreal Gorini, en su breve pero fructífero paso por el Parlamento. Mientras tanto, todo lo que fuera una traba para los negocios de las corporaciones fue presurosamente modificado -mediante oportunos parches- por legisladores y autoridades de distinto signo.

Así, tanto la concentración multimediática como la entrada de capitales extranjeros se concretaron bajo el régimen constitucional, mientras que la prohibición a las entidades solidarias se mantuvo intacta.

Recién el año pasado, el Parlamento sancionó una modificación del artículo 45, habilitando la participación en la radiodifusión de las entidades sin fines de lucro.

Claro que lo que debió haber sido un avance integral se neutralizó por las restricciones impuestas al sector de la economía solidaria que está en mejores condiciones de generar inmediatamente nuevos medios en competencia con los holdings: las cooperativas de servicios públicos. Bajo el insólito argumento de que constituyen monopolios, y desconociendo que son asociaciones de usuarios cuyo fin es el servicio, se excluye a entidades que están a punto de cumplir ocho décadas de vida aportando al desarrollo de la Argentina.

Las presiones quedaron al desnudo porque el proyecto modificatorio aprobado en Diputados establecía que cuando el solicitante de una licencia para la explotación de servicios de radiodifusión fuese una persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios públicos, la autoridad de aplicación debería adjudicar la licencia si no existiera en el área primaria de cobertura, o área de servicio en el caso de servicios complementarios de radiodifusión, otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado, agregando que en el supuesto de que existiera, la autoridad de aplicación debería, en cada caso concreto, realizar una evaluación integral de la solicitud, que contemplara el interés de la población.

Al eliminar el último párrafo, el Senado dirimió anticipadamente la posibilidad de que una cooperativa entre en competencia con un operador privado, consolidando la reserva de mercado que goza la radiodifusión comercial desde 1980.

Constituye además una ironía que se acuse a las cooperativas de servicios públicos de monopolizar, en un escenario en el que una gran operadora telefónica es dueña de canales de televisión, y donde el mayor grupo mediático se apropió del otro gran actor del sistema de cable, configurando una concentración inédita del sector. Antes, el mismo grupo había barrido con la mayoría de los pequeños cableros del interior, a los que se dice defender con la restricción impuesta a las cooperativas.

Entre los sectores que reclaman un nuevo modelo comunicacional que garantice el derecho a la información, se distingue la Coalición por una Radiodifusión Democrática, nucleamiento que agrupa a académicos, dirigentes sociales, universidades, gremios, ONGs, cooperativas y medios alternativos.

Desde allí se vienen impulsando 21 puntos que deberían animar el espíritu de una nueva ley, inspirada en principios democráticos y participativos. Instalar estas ideas en el debate social, lograr que los sectores populares y las organizaciones sociales comprometidas con una sociedad más justa las hagan propias, será el primer paso para que la democratización de la comunicación sea una realidad.

# Revista Acción (Argentina)