En el campo popular, el análisis de la derrota-victoria o victoria-derrota del Polo se nubla ante los acomodos pro candidato a la Alcaldía de Bogotá, la quimera de 100 alcaldías próximas –como si el paramilitarismo no estuviera vivo y atento– y el juego de las precandidaturas de Navarro, Petro, Samuel Moreno y Piedad Córdoba. El aprendizaje y liderazgo avanzados, con 2’730.000 votos por Carlos Gaviria son hoy más peligrosos para el poder que los 300.000 por Jaime Pardo Leal contados hace casi veinte años.

«Los mismos con las mismas», decía Gaitán Con todo el poder a sus órdenes. Así actuó el Presidente-candidato durante los meses previos a la campaña electoral. De igual manera, obró durante los meses definidos como campaña legal. De antemano, desde el mismo 28 de noviembre de 2005, un día después de iniciada la ley de garantías, cuando Caracol radio entrevistó a Uribe durante 90 minutos ininterrumpidos, se sabía cómo sería la campaña electoral.

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Todo lo tuvo y potenció el Presidente-candidato con sus dotes de culebrero:

- Acción a su favor del Departamento de Estado y la Casa Blanca,
- Medios de comunicación y orientación de encuestas,
- Presupuesto nacional,
- Dispositivo parainstitucional oficial,
- Apoyo abierto o velado de los grandes grupos económicos y de sectores del poder como la Iglesia y la Banca,
- Conformismo y aplauso urbano de los estratos medios altos y hasta el silencio derivado de los debates nunca aceptados por Uribe.

De esta manera, y con la suma de los errores propios de la izquierda, algunos derivados en el espejismo del 2010 y su fila soterrada de precandidatos, el triunfo del uribismo y su parainstitucionalización se concretó de nuevo.

Sin sorpresas, o con las pocas derivadas de los votos esperados que al final no logró el Polo en Bogotá –sus aliados más poderosos no prestaron el apoyo debido y posible al candidato Carlos Gaviria Díaz–, una mayoría electoral de colombianos profundizó la senda de un régimen civil autoritario. Un régimen que terminará por concentrar todo el poder en el gobernante de turno, sin quien lo controle ni censure, respondiendo por sus acciones como gobernante tan sólo ante sí o sus amigos: abiertos u oscuros grandes electores. Un régimen a lo Fujimori, sin garantías para la oposición ni para que los sectores marginados, tras un nuevo proyecto de Nación, protesten, presionen e impongan la paz.

El bipartidismo autoritario y La Tercera Vuelta Ganó la derecha. Sobre los hombros y la iniciativa de una izquierda social y electoral que no aceptó –si de verdad quería derrotar al Presidente-candidato– polarizar la campaña y concretar “la unidad necesaria de las fuerzas sociales y políticas” del inconformismo y la memoria. Y así, desde una idea de unidad nacional, aislar y minimizar al candidato del régimen y la guerra. Vanidosa, engatusada, con la idea fácil y feliz de ser la “segunda fuerza política del país” sin aceptar que Colombia transitaba por una coyuntura de especial significación, la izquierda aceptó –antes que un desarrollo pleno de la coyuntura política y electoral presente– que su norte está en los comicios presidenciales del 2010. De esta manera, lo conseguido resulta mucho más de lo deseado y construido.

En nuestra edición anterior (No. 112), en el artículo “Escenarios de continuidad y cambio”, relacionamos el escenario Si gana Uribe en la primera vuelta y sus consecuencias para los colombianos. Unos y otros aspectos allí enumerados generaron interrogantes y preguntas que ahora desarrollamos. Invitamos al lector a debatirlos, contradecirlos, complementarlos, y con los argumentos y la iniciativa que surjan prepararse para resistir y construir –en el marco de la “tercera vuelta”–, una alternativa soberana, democrática, nacional y popular.


Si gana Uribe en la primera vuelta

Concentra el poder político, económico, legislativo, judicial.

¿Cómo se explica éste aspecto? Desde antes de ser aprobada la reelección, el Presidente contaba con poder para postular candidatos a distintos cargos públicos, poder que se ha ampliado de manera indefinida con la aprobación del acto legislativo No. 2 de 2004.

Por esta razón, la conformación de listas de candidatos y los períodos de los magistrados de las altas cortes, así como los órganos de control que hoy tienen cierto equilibrio en postulaciones y períodos ha sufrido cambios. que dan al traste con el espíritu de la Constitución de 1991 y su equilibrio de poderes entre los distintos órganos y ramas del Estado. En relación con el Presidente de la República: ocho años para las altas cortes (art. 233 Const. Pol.), postulación por parte del Jefe del Ejecutivo de tres ternas para la Corte Constitucional (art. 239 Const. Pol.), de un miembro de la terna para Procurador General de la Nación (art. 276 Const. Pol.), postulación de la terna para Defensor del Pueblo (art. 281), con períodos de cuatro años para los titulares de estos dos órganos de control, así como para el Contralor General de la República (art. 267 Const. Pol); este último funcionario público sin la ingerencia del Presidente de la República.

Ahora todo será distinto. ¿Por qué? Porque con el período de ocho años del Presidente de la República y con el mandato de poder intervenir en la escogencia de candidatos, el Jefe Estado, es decir, una sola persona que se haga reelegir, tendrá para el segundo período presidencial todo los miembros de las mesas directivas del Congreso escogidos por él, habrá postulado dos procuradores, dos defensores del pueblo, y estos serán elegidos sin dificultad por unas cámaras legislativas cuyos miembros ha seleccionado el Jefe de Gobierno (art. 189 Const. Pol.). Por esa amplitud de poderes que el acto legislativo No. 2 de 2004 le dio al Presidente de la República, también en el segundo período habrá podido renovar toda la Corte Constitucional, no sólo con la postulación de las tres ternas, cuya atribución tiene hoy, sino por la ingerencia que ha tenido en la escogencia de los miembros del Congreso.

Los cambios en el régimen económico son igualmente profundos. ¿Por qué? Porque los principios consagrados en la Constitución Política de 1991, como el período de los consejeros de planeación (art. 340), planes y programas de desarrollo (art. 341), formación anual del presupuestos (art. 246), la expedición del presupuesto por decreto cuando el Congreso no lo haga (art. 348) y los sistemas de contratación del Gobierno (art. 355), que hoy son de cuatro años, el acto legislativo No. 2 de 2004, lo amplía a ocho años: dos planes de desarrollo, ocho presupuestos y ocho años contratando.

El régimen monetario, cambiario y crediticio también fue quebrantado de manera sustancial por la reelección, toda vez que la definición que sobre este organismo autónomo e independiente trae el artículo 371 de la Constitución es cosa del pasado: desaparece la autonomía administrativa, patrimonial y técnica. ¿Por qué desaparece? Porque esa autonomía se la daba la conformación de la Junta Directiva que establecía el artículo 372. La clave de esta norma era que cada Jefe de Estado no tenía la posibilidad sino de nombrar dos miembros de la Junta Directiva del Banco de dedicación exclusiva. Estos dos miembros, junto con el ministro de Hacienda no alcanzaban a conformar la mayo ría. De acuerdo con lo prescrito en el acto legislativo No.2 de 2004, el Presidente que sea reelegido podrá nombrar cuatro miembros de la Junta Directiva, que junto con el ministro de Hacienda hará mayoría y se rompe la independencia del Banco Central. Con una Junta Directiva del Banco de la República proclive al Presidente de la República, se podrá jugar con el poder adquisitivo de la moneda, con lo cual se ha cambiado el artículo 373 de la Constitución Política.

Aprueba sin reparos nueva reforma tributaria Un Congreso amarrado, esa es una de las garantías que tiene el actual y prolongado Presidente. Pero también cuenta con agenda legislativa amarrada. El 16 de febrero pasado, el ministro de Hacienda confirmó tres de los aspectos más impostergables de la agenda que se inicia éste 20 de julio: Reforma tributaria, que implicará bajar las tarifas de los impuestos corporativos y ampliar la base del IVA; reforma financiera, para mejorar los derechos de los acreedores, regular la información de las centrales de riesgo y la administración de los recursos de los fondos de pensiones; y reforma a la transferencias, para ampliar el esquema actual más allá del 2009. Habrá, además, reformas para ampliar la base impositiva, reducir las transferencias y la inversión pública, como lo acaba de certificar la Contraloría General de la Nación para el año 2005.

Institucionalización del paramilitarismo Mayo 15. El fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz desgarra la garganta de Ernesto Báez, vocero paramilitar. Por distintos medios de comunicación se escuchan sus amenazas contra “ese ente que colegisla”. Dos o tres días después todo es calma, por parte alguna se escuchan críticas ni llamados de atención. La calma regresa al establecimiento: ¿Qué ha sucedido? ¿Qué promesa les han hecho en el palacio de Nariño sobre el carácter de rebeldes que la Ley les otorgaba y el fallo de la Corte les eliminó?

Con toda seguridad, a muy pocas semanas de empezar la nueva legislatura todo el país sabrá el alcance del acuerdo, cuando el ejecutivo por alguno de sus conductos, haga tramitar una norma que les regrese el status por medio del cual el Ejecutivo hizo de la noche día.


El rostro lúgubre de la opresión

28 de mayo, 7 p.m. El candidato presidente aparece ante las cámaras de televisión y demás medios de comunicación. Sus contradictores ya han hablado y reconocido su triunfo. Lo esperan en el salón del hotel Tequendama tres centenares de adeptos, que con poco entusiasmo aplauden y, de cuando en cuando, lo interpelan. No parece que hubiera sorpresa en su triunfo. Detrás suyo, sin eludir las cámaras, su esposa.

El ahora ungido presidente reelecto habla y habla. Sus frases son cortas e inconexas. Brinda gracias a diestra y siniestra, nadie puede quedar por fuera de la extensa lista, ni si quiera Heber Bustamante otrora mando regional del M-19, expulsado por Jaime Bateman y luego reincorporado por Carlos Pizarro, ahora incondicional de la derecha. Detrás, sin eludir las cámaras, destaca un rostro por su gravedad, por el cual no atraviesa ni una luz de satisfacción. Es el rostro de Lina, la esposa de Uribe.

El Presidente habla como sin saber que dice ni a quien le habla. No hay estadista en el hombre detrás del atril. Perola y perola. Son frases sueltas que entran y salen de un cerebro ebrio. Mira los apuntes que le sirven de apoyo, sube la vista al techo como buscando aquello que no ha dicho y que “se le ha perdido”. El rostro de su esposa, sin satisfacción, no esconde el dolor, expresa el sufrimiento de quien sabe que el hombre que habla está poseído por el poder.

Asusta el triunfador. Está ebrio. Quiere ser informal, quiere ser coloquial, pero más allá de su objetivo lo que deja entrever es que está perdido. Es la embriaguez del poder que domina al mandatario. En estado sicótico deambula con sus pensamientos y emociones sin estructura lógica alguna El orador no hila las oraciones. Por aquí hay más agradecimientos, por allá una intencionalidad. Nada de programa. Recuerda los saludos que le envían de Barrancabermeja a su esposa Lina. La satisfacción en la comisura de los labios es esquiva, ni por una vez se deja entrever, ni siquiera en esta ocasión. Tal vez el rostro deja escapar el dolor de saber que vendrán otros cuatro años de dominio también en su hogar.

Asombra, asusta, ese hombre henchido de poder. Pero sorprende aún más el rostro de esa mujer en duelo, imagen de un país, que sabe lo que le espera a ella y al conjunto de los habitantes de Colombia durante otros cuatro largos años.


Ante una prolongación del actual régimen: tareas del movimiento social

La hora del proyecto histórico

Con todos y con todo. Ésta era la única alternativa que teníamos en las elecciones del 28 de mayo, en la coordenada norte de Sur América para enfrentar y derrotar el más fuerte eslabón que conservan los Estados Unidos en el continente, pero no se aceptó ni se comprendió esta necesidad. De acuerdo a algunos dirigentes: “ahora que somos fuertes no podemos aliarnos con los liberales, mucho menos con otras corrientes políticas”.

Con todos y con todo. Con igual consigna ahora nos toca aliarnos, así nos creamos un tanto más fuertes, con las restantes fuerzas sociales y políticas del país, para enfrentar la arremetida que vendrá de parte del régimen. Impedir la reedición de la macabra experiencia de la UP es uno de los propósitos, pero otros implican la reconstrucción nacional desde una lectura plural, dinámica y propositiva, llevar al desgaste al régimen uribista impidiendo desarrolle su agenda pro estadounidense, proyectar y profundizar alianzas con las fuerzas sociales progresistas del continente contra los tratados de libre comercio con los Estados Unidos

Tras estos objetivos, y en una primera etapa, proyectos como los reunidos hoy en el Polo, están obligados a decollar por su iniciativa, demostrando ante todo el país que su estrategia no se reduce a lo electoral, colocando al frente de su ideario la movilización social como elemento fundamental para concretar la justicia social. La disputa contra el Tlc será una oportunidad excelente para poner en juego su disposición, su rol y su capacidad social. Es un reto, en particular para su candidato presidencial, ahora transformado en cabeza de esa novísima fuerza política, liderar el inconformismo social, y hacer democracia en la calle, profundizando la acertada estrategia de retomar las plazas públicas como espacio por excelencia de encuentro popular.

La emergencia de los excluidos

En el mediano plazo, el objetivo central de esta construcción social y política, alianzas, resistencia y reflexión teórica, es cimentar un profundo proyecto histórico de corte nacional pero ahincado en lo más profundo de nuestro ser latinoamericano. Un proyecto que brinde dirección a la reconstrucción nacional (necesaria en medio de la muerte y la impunidad, para dar paso a la justicia y a los derechos integrales), y que otorgue sustento sólido, cultural, al futuro que soñamos.

Sus aliados, todos aquellos que abracen la causa nacional y latinoamericana, desde la valoración de la soberanía, la identidad nacional y el sentir antineoliberal. Su base económica, el desarrollo nacional con sentido humano, social y colectivo.

Esta conjugación de fuerzas y esfuerzos debe potenciar el reconocimiento y reorganización del territorio nacional, estimulando el desarrollo armónico entre ciudad y campo, concretando al unísono una profunda reforma agraria, integrando el campo a la planeación nacional, con todas sus potencialidades, recogiendo las dolencias de sus habitantes y reconociendo todos sus aportes a nuestro ser nacional. Al mismo tiempo, retomar los derechos de los habitantes de las ciudades, con una extensa y profunda reforma urbana, que permita techo y dignidad para todos

En concreción de esta agenda, imágenes, nombres, colores, sabores, ritmos, provenientes de los más recónditos lugares de la geografía nacional, se harán valer por lo que son, como bienes históricos de nuestra nacionalidad, con espacio para su desarrollo y su disfrute. A la par de los cuales, mulatos, negros, zambos, indios, y todas las gentes negadas por décadas (pacíficos, atlánticos, andinos, amazónicos y demás) encontrarán el espacio, el poder y los recursos necesarios para realizarse.

Nacerá la segunda República, concreción del sueño histórico de los líderes de la primera independencia y puerta de entrada de los colombianos a la realización plena de sus derechos. El espacio para su concreción formal será la nueva Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Legislativa que se desarrollará a su par, con las cuales se sellará al mismo tiempo el histórico y definitivo acuerdo de paz que por tantas décadas hemos soñado los habitantes de éste rincón del mundo.

Elementos de acción para resistir la continuidad del régimen

El objetivo de la resistencia no se centra solamente en impedir amenazas, detenciones y muertes de miembros de las distintas organizaciones sociales y políticas, o en conservar las conquistas alcanzadas años atrás. Si bien estos son propósitos loables, la resistencia en este período adquiere una mayor connotación: debe orientarse a posibilitar la realización de una “tercera vuelta”, es decir, llevar al desgaste al gobierno reelegido hasta obligar a su renuncia. De esta manera, un gobierno de transición –con la obligación de integrarse con representación nacional plena y un programa democrático– tomaría asiento en el país.

Varios son los aspectos que colaboran para tal propósito:

Uno: la demanda de consulta popular sobre la firma del TLC con los Estados Unidos. Tal vez sea éste el aspecto que más brinde condiciones para adelantar no sólo un proceso de reorganización e iniciativa nacional popular, sino además un dinámico proceso educativo y organizativo con pilares dinamizadores como identidad, soberanía, justicia, desarrollo con sentido propio e integración latinoamericana.

Dos: la demanda de reforma agraria y de soberanía alimentaria, claramente relacionado con el anterior aspecto, pero que además retoma las agendas del movimiento indígena, en especial del pueblo Nasa, manipulado en los acuerdos firmados en noviembre anterior.

Tres: la exigencia de respeto a los derechos humanos y de investigación y castigo por crímenes de Estado que deben develarse en el DAS y sus ramificaciones con la CIA, el poder Ejecutivo, el Departamento de Estado, políticos regionales, jefes paramilitares y mandos policiales y militares. Una obligación constitucional que debe ir aparejada con el desmantelamiento de los aparatos paramilitares e institucionales del delito.

Cuatro: La paz y la reconstrucción nacional que incorpore efectivamente a los movimientos sociales. Con base en una propuesta y solución masiva frente al desempleo, la construcción de una propuesta para el “cese multilateral de fuegos” a cuatro bandas: (i) el derivado en oficiales y soldados, mercenarios, de intervención extranjera por el llamado ‘Plan Colombia’ (ii) el del Ejército nacional (iii) el de los paramilitares y su nueva fase y (iv) el de la insurgencia. Un “cese multilateral” que tiene su escalón en los pasos para y de un Intercambio Humanitario que en paralelo responda a las demandas de los familiares por desaparecidos, masacres y asesinatos acaecidos durante éste y en anteriores gobiernos.

Cinco, a la par que se resiste desde la demanda de iniciativas gubernamentales que perjudican a las mayorías nacionales, y se logran conquistas desde la movilización, se construye dualidad de poderes: el parlamento de los pueblos, las delegaciones diplomáticas del movimiento social en ruta por distintos países del mundo explicando el fenómeno político en curso en Colombia, y la integración con movimientos sociales –de diverso tipo– en toda América Latina y el mundo, emprendiendo proyectos de autosostenimiento y construcción de economía alterna que brinden el piso para sostener agendas políticas autónomas, son parte de éste propósito que debe terminar por permitirnos encarar con solvencia la dirección y administración del país, con sentido popular.