La información oficial fue rápidamente interpretada por las autoridades económicas. Números en mano, dijeron que se trataba de la cifra más baja para octubre, desde 1998. Este fenómeno de contracción de la cesantía está impulsado, informó entonces el Instituto Nacional de Estadísticas, por la creación de nuevos empleos: desde octubre de 2004 a octubre pasado se han creado más de 152 mil nuevas fuentes laborales.

Las estadísticas de cesantía, que han venido descendiendo desde finales de la década pasada -cuando marcaban cifras superiores al diez por ciento- continuarán con esta tendencia, según el Ministerio del Trabajo. Para su titular, Yerko Ljubetic, el fenómeno de creación de empleos persistirá durante los próximos meses, lo cual, sin embargo, no es ninguna novedad: durante el verano se produce un ciclo de expansión de los trabajos temporales y, por consiguiente, una disminución de la desocupación.

Mayor interés merece observar este proceso desde 2000 a la fecha, algo que puede estar ligado a los altos índices de adhesión de que goza Ricardo Lagos. Como ha señalado más de un historiador, el gobierno de Lagos ha ido de menos a más, lo que es un trance muy poco usual en la historia política chilena y tal vez mundial. El alto porcentaje de adhesión al gobierno saliente podemos decir que está ligado a aspectos económicos como la contracción del empleo y la expansión de los créditos de consumo.

En esta fiebre del oro del crecimiento económico han quedado ciertos cabos sueltos, los que aparecen con bastante frecuencia durante el período electoral. ¿Por qué las campañas enfatizan en la falta de trabajo si las cifras de desempleo son las más bajas de los últimos cinco años? La pregunta podría tener una respuesta inmediata: se trata de campañas, lo que implica también alto grado de demagogia. Sin embargo, hay que considerar que ningún partido o figura política apoyará su campaña en un tema totalmente artificial. Si recordamos los argumentos elaborados por las distintas candidaturas en la franja electoral, podemos observar que todas las corrientes políticas han instalado la falta de trabajo -con la sola excepción del Partido Socialista que tiene, claro está, sus motivos para hacerlo- como uno de sus principales ejes argumentales. Incluso la democracia cristiana, corazón partido de la Concertación, ha hecho de su campaña un gran eslogan laboral.

Algo sucede con el trabajo que evidentemente, no está expresado en las estadísticas oficiales. El trabajo, la falta de él o las condiciones de los disponibles, forma parte de nuestra cultura eufemística: las autoridades y el sector privado elogian las cifras oficiales, pese a que conocen, como todo el país, la precariedad social que rodea a esta actividad basal para la vida.

Trabajos o pololos

Una encuesta, que no es la primera, realizada en 2004 por la Dirección del Trabajo y recién publicada transparentó la actual estructura laboral. Deja a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas como un mero ejercicio numérico que recoge grandes rasgos, pero no interpreta la realidad. Es posible que esta IV Encuesta Laboral no haya sido bien recibida por el gobierno, ya que corroe la sobreestima de fin de gobierno que hemos observado durante el rally nacional de inauguraciones de infraestructura. Pero en tiempos de elecciones los ánimos partidistas están un poco desatados.

El sondeo reveló lo que ya ha venido repitiendo la Central Unitaria de Trabajadores, aun cuando el organismo sindical no había realizado un detallado catastro. Según se desprende de esta encuesta, pese a haber un aumento de las plazas laborales, éstas son temporales y en régimen de subcontratación. No es que se trate de labores anexas a la actividad de las empresas que ofrecen empleos, como aseo o alimentación, sino que se trata de aquellos trabajos relacionados con el mismo giro de la empresa. Las empresas de telecomunicaciones o los bancos, por ejemplo, subcontratan a través de empresas externas a sus telefonistas o cajeros. Son actividades que se parecen más al tradicional pololo o pituto.

En 1999, afirma el estudio, el 14,5 por ciento de la actividad económica principal de una empresa era subcontratada. En 2004 esta proporción ha subido a 20,7 por ciento. La encuesta abarca una muestra de 1.182 empresas privadas de más de cinco trabajadores en todo el territorio nacional. Si en 1999 el 82,8 por ciento de los contratos eran indefinidos, en 2004 éstos descendieron a un 77 por ciento. A la inversa, los contratos a plazo fijo han subido del 6,4 al doce por ciento. Según las mismas autoridades del Ministerio del Trabajo, esta modalidad que reduce el vínculo laboral permite al empleador poner fin al contrato y no pagar indemnización, la que es vista como un factor de rigidez en el mercado laboral.

Las cifras de esta encuesta no difieren demasiado de estudios anteriores. En 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que uno de cada cuatro trabajadores chilenos tenía problemas de empleo, lo que implicaba una cifra superior a 1.500.000 personas.

Lo que observamos en los resultados de la encuesta del Ministerio del Trabajo, que fotografía un período de cuatro años, son algunos de los cambios estructurales en la economía chilena, entre los cuales no están los incorporados en la Agenda Pro Crecimiento impulsada desde 2001 por las cúpulas empresariales de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el gobierno. Esta Agenda apuntó a desregular los mercados, “limar los lomos de toro”, en la expresión de las autoridades, para un fluir a alta velocidad del sector privado. Uno de los lomos, de los obstáculos, es la normativa laboral.

Ni el sector privado ni el gobierno lograron sus objetivos de flexibilizar el mercado laboral. En los hechos éste ya opera de un modo muy flexible, lo que vemos con claridad en los resultados de la encuesta. El trabajo fijo y estable se bate en retirada y es reemplazado por actividades asalariadas temporales a cargo de subcontratistas.

Como primer efecto de este fenómeno está la disminución de costos laborales, uno de los factores que ha generado enormes ganancias en la gran empresa. Es posible recordar unas declaraciones, de 2001, de Hernán Somerville, el actual presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. En plena gestación de la Agenda Pro Crecimiento, el entonces presidente de los banqueros dijo que los períodos de aletargamiento económico eran el momento para hacer las reformas, de modo que cuando la economía mundial volviera a acelerar su actividad, la chilena estuviera preparada para subirse al carro. Hoy parece que la reflexión de Somerville fue tomada muy en cuenta.

Los efectos se sienten arriba, y también abajo. No cabe duda que estas reformas sumadas a otras anteriores, que generan una profunda asimetría entre los actores económicos, son una de las causas de la desigual distribución del ingreso. Las desregulaciones, impulsadas por la gran empresa transnacionalizada, generan un trasvasije de poder desde sujetos económicos como las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores y consumidores hacia esta gran empresa. La Agenda Pro Crecimiento, que buscó el crecimiento por sí mismo, como un mero estándar estadístico, agudizó este proceso.

Hay otro efecto evidente de este fenómeno en el mercado laboral. Hace unas semanas el economista Felipe Morandé, encargado del programa económico de Sebastián Piñera, dijo que las malas pensiones de jubilación no tienen nada que ver con las AFP. La afirmación puede tener un sesgo de provocación, pero es también una tremenda verdad. Los trabajadores no cotizan o cotizan poco no por el sistema privado de pensiones por sí mismo, sino por el precario e inestable mercado laboral. El problema central no está en la administración de estos fondos (aunque también puede haber aquí problemas), sino en la falta de fuentes de donde obtener los recursos.

El problema tiene que ver con la frecuencia o la continuidad de las cotizaciones. Del total de la masa laboral, un 20 por ciento corresponde a independientes, los que no están obligados a cotizar y, por lo general, no lo hacen con regularidad. Sin embargo, del 80 por ciento restante, que corresponde a trabajadores dependientes o asalariados, sólo un 83 por ciento tiene contrato de trabajo o una relación formal con su empleador, lo que deja a una buena proporción en situación de irregularidad previsional. A estos factores hay que agregar otro: dos tercios de los asalariados se desempeñan en pequeñas y micro empresas, unidades productivas debilitadas que son relativamente sensibles al ciclo económico. Debido a que las cotizaciones previsionales son pagadas por los empleadores, esta sensibilidad de las micro y pequeñas empresas afecta la capacidad de pago de los empleadores de las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores, lo que redunda en lagunas en las historias previsionales.

Podemos decir que aquí radica el problema de fondo de la previsión: está directamente ligado a un modelo económico que no favorece a las pequeñas y micro empresas y permite que la gran empresa, a través de diversos mecanismos de flexibilidad laboral -como externalización y subcontratación- tampoco cumpla con sus obligaciones previsionales. Existe, por tanto, una enorme distorsión, que no tiene, en principio, vías de solución en ninguna de las propuestas de las grandes candidaturas. Por un lado el gobierno y los candidatos, desde la Concertación a los de la Alianza, rasgan vestiduras por las malas pensiones. Sin embargo, a la vez, apoyan todas las medidas de flexibilización laboral. Es ésta no sólo una paradoja, sino también una falacia, una estafa al intelecto.

Podemos preguntarnos, ¿por qué en estas condiciones el gobierno de Lagos tiene una alta valoración? Una de las posibles respuestas apunta a la economía, que no está necesariamente relacionada con el empleo. Lagos termina su gobierno con las arcas fiscales llenas y con un consumo privado en franco crecimiento. Un consumo, claro está, apoyado por el sector financiero mediante profusos préstamos de consumo. El ciudadano hoy se siente más seguro que hace cuatro años. En cierto modo, se estaría beneficiando del alto crecimiento de la economía nacional.

Nueva vuelta de tuerca a la desigualdad

El negocio de las multitiendas y grandes supermercados, hemos venido observando, ha pasado desde la venta de bienes al crédito. Hoy cada una de las grandes cadenas de supermercados y de casas comerciales cuenta con su propia tarjeta de crédito, que no están reguladas por la Superintendencia de Bancos, situación que les permite, entre otras cosas, cobrar tasas de interés superiores. ¿Cómo lo hacen? Simplemente porque así funcionan las cosas en Chile: poder y lobby. El gran argumento de estas cadenas es su rol filantrópico hacia las familias de menores recursos. Si se rigieran bajo las normas de la Superintendencia, dicen, tendrían que elevar las exigencias de riesgo al otorgar un crédito y la gran mayoría de los potenciales clientes quedaría sin acceso al crédito. Al cobrar altas tasas de interés, el riesgo potencial queda cubierto.

Bien sabemos que cada una de estas grandes casas comerciales cuenta con su tarjeta de crédito. Por ejemplo, la unidad de servicios financieros de D&S, con su tarjera Presto, ha aumentado en 61 por ciento el volumen de sus créditos, con un aumento de los ingresos corporativos del 96 por ciento. La duplicación de las ganancias de los dueños de Líder es un efecto tanto del impresionante aumento en el número de cuentas, como de las comisiones e intereses por el uso de estas tarjetas.

Lo que sucede en Líder, ocurre en las otras firmas comerciales, como Cencosud, la firma dueña de Jumbo, Santa Isabel y Almacenes París. La tarjeta de esta multitienda otorgó créditos por 124 mil millones, en tanto que la de Jumbo otorgó 53 mil millones. Según señalan fuentes del sector financiero, los intereses generados por estas dos tarjetas le reportaron a Cencosud 48 mil millones de pesos en ganancias netas.

Lo que tenemos es una artificial bonanza en las economías familiares, pero muy real para las grandes corporaciones. Un proceso de coyuntura que tarde o temprano tendrá que variar al considerar los ciclos de la economía. La actual expansión en el consumo, que ha resultado muy útil para elevar la adhesión al gobierno saliente, no tiene bases reales de apoyo, las que para la gran mayoría de las familias están en los ingresos laborales. Al faltar estas bases, que significan trabajos estables, los próximos períodos de contracción económica pueden cobrar muy caras sus cuentas. Y en esos trances, no serán las grandes corporaciones las más perjudicadas.