La inseguridad ciudadana se ha convertido en el tema de discusión del quehacer diario. Los medios de comunicación focalizan este problema y lo hacen aparecer como una consecuencia de la falta de presupuesto para la represión, de mayor vigilancia, de más policías, armas, camionetas, seguros de vida, patrulleros, naves aéreas, brigadas barriales, etc. Se encargan de dejar sentado el hecho de que los delincuentes en potencia están ubicados en los barrios más pobres del país y que, por tanto, hay que policializarlos.

Presentan imágenes de una cultura de violencia que se cocina en el Ecuador, y que llega con moldes extranjeros, especialmente norteamericanos, donde no es raro ver u oír de padres que asesinan a sus hijos, desquiciados que disparan a mansalva en centros comerciales y matan a cientos de personas, etc. Esto genera incertidumbre y desesperanza, miedo y violencia en la población. Una vez creado el ambiente, los medios auspician marchas blancas por la ‘la paz y la vida’, como las que se han dado en Guayaquil, Manta, Quito, Cuenca, Latacunga, etc. pidiendo más seguridad. Pero ¿y quién nos protege de los criminales y ladrones de corbata, que se preparan en universidades como Harvard? Nadie ha marchado por eso.

En los medios tampoco se ha planteado una pregunta básica, fundamental para comprender el problema: ¿cuáles son los orígenes de la escalada de inseguridad que vive el país? Les aburre, les molesta repetir la explicación lógica y totalizadora para estos casos: las desigualdades sociales; la pobreza y la miseria.

El Gobierno, presionado por estos mensajes y estas marchas, ensayó una idea: creó la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, una más de las instancias burocráticas que da de comer a funcionarios inútiles, cuyo trabajo se remitirá, según se ha dicho, a la aplicación de valores y normas para la ciudadanía. Esta Subsecretaría se encuentra acéfala, después de la salida de Lautaro Ojeda, a quien cuestionaron por su poca ejecutividad.

El Congreso no se queda atrás, se han presentado tres proyectos entorno a este tema por parte de los diputados Miriam Garcés, Luis Felipe Viscaíno y Ramiro Rivera. Por tratarse de una misma temática, la Comisión de Gestión Pública decidió unificarlos en el proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cuyo cuerpo jurídico contiene 35 artículos, tres disposiciones transitorias y una final. Lo que se busca es “crear un marco jurídico que norme el trabajo entre las instituciones públicas orientadas a la seguridad ciudadana y promover la participación activa de la sociedad civil en la definición de actividades conjuntas, para prevenir y combatir la inseguridad ciudadana en el país”. El informe ya está listo para segundo debate.

Los diputados Luis Villacís del MPD, y Salvador Quishpe de Pachakutik, sostienen al respecto que el Gobierno debe implementar políticas sociales, que enfrenten la pobreza, como mecanismo fundamental para que se dé una verdadera solución al problema de la inseguridad en el país, porque el resto: cuerpos legales, nuevas estructuras burocráticas, más represión, por sí solos no atacan realmente al fondo del problema.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Felipe Vega de la Cuadra, manifiesta que “no se ha declinado en la lucha contra la delincuencia, en busca de la seguridad ciudadana, ante hechos delictivos que son absolutamente execrables, reprochables, repudiables y que no hay respuestas orgánicas, sistemáticas del Estado frente a esta situación...”

Como se puede notar, no se mira más allá de las superficialidades, cuando el problema de fondo, que todos lo saben y nadie se atreve a desenmascarar es la pobreza, la falta de empleo, sumado a esto la migración y consecuentemente el abandono de los hijos que se quedan, en el mejor de los casos con la familia, y en otros casos con los vecinos o en manos de las pandillas juveniles, que les ofrecen el cariño y afecto que les falta, pero también la violencia y el delito como forma de vida.

Recursos y más recursos para brindar seguridad a todos los rincones del país

Por el tema de la seguridad se han donado recursos especiales para provincias como Guayas, donde su alcalde ya no sabe por dónde atacar a la delincuencia, si con policía privada, más recursos para más guardias y más cárceles, o convirtiéndose en un pequeño país, con sus propias fuerzas del orden, donde el dueño y señor sea Jaime Nebot y su partido: el PSC.

O en la “Carita de Dios”, donde la ID implantando su ‘Plan Maestro de Seguridad y Convivencia Ciudadana’ lo único que pretende es la asignación de más recursos a la Policía Nacional, construir más unidades operativas y UPCs., ampliar la cobertura del sistema de ‘Ojos de Aguila’, instalación de sistema de cámaras de vídeo, entre otros. A estas políticas a medias en el tema de seguridad se suman jueces corruptos que únicamente ven por sus bolsillos; todo esto estructurado en una telaraña de corrupción y de clientelismo, que ha deformado el panorama real de la seguridad en nuestro país.

En días anteriores, las preocupadas Cámaras de la Producción de Quito y Pichincha firmaron un convenio con el alcalde Paco Moncayo para apoyar en el financiamiento para la construcción y administración de una cárcel de máxima seguridad para la capital y otra cárcel de baja seguridad la asumirá como responsabilidad el Municipio, con el 50% que saldrá de la tasa de seguridad y el otro 50% que asigna el Gobierno Central. La ubicación de estos centros penitenciarios será fuera de los perímetros de la ciudad y sobre todo del Centro Histórico, debe ser porque le resta belleza al ornato quiteño, y de esta manera esconder la realidad que guarda Quito detrás de las edificaciones coloniales.

La seguridad es responsabilidad del Estado y no de la comunidad

Natasha Rojas

Presidenta de la Federación de Barrios de Quito

La seguridad ciudadana es un problema de Estado y la inseguridad es un problema de carácter social, producto de dos factores: uno la crisis del sistema capitalista y el otro la falta de capacidad e inoperancia de los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como provincial para resolver el problema de empleo para la ciudadanía.
La seguridad es un problema de carácter social, el Estado Nacional y Municipios deben atender las necesidades básicas de la población para eliminar la delincuencia.

Como Federación de Barrios de Quito, filial de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, planteamos una propuesta que consiste en: seguridad con reactivación productiva, recuperación de los espacios públicos, dotación y creación de espacios de recreación, implementación de una cátedra de valores, dotación de unidades de vigilancia e instrumentos de la Policía Nacional. Con lo que se pretende fortalecer los lazos de unidad, fomentar la solidaridad y la organización de la comunidad que, a consecuencia de la inseguridad, se ha implementado en conjuntos cerrados.

La policía comunitaria, en el caso de Quito, a más de cumplir con las tareas de seguridad en los barrios, se ha convertido en un organismo de agentes, informantes de lo que pasa en un barrio, con la finalidad de tener controlado la acción de las organizaciones sociales y de izquierda en la ciudad.

El sistema penitenciario ya no da más…

En el país existen 36 de los mal llamados ‘centros de rehabilitación social’, que dan asilo a 14 056 reos que viven en las peores condiciones infrahumanas, y con pocas probabilidades de rehabilitación. 12 677 son hombres y 1 379 mujeres, en su mayoría por tráfico de drogas, de ellas 570 han recibido condena.

La justicia indolente con este sector de la sociedad es lenta, como los años que ven pasar tras las rejas, inocentes o no del delito que se los acusa. En las cárceles de varones 4 149 tienen sentencia, mientras que 9 337 están procesados. Para el mejoramiento de las cárceles del país se requiere de 11 millones de dólares y solo para la reparación de la Cárcel 2 de Quito, que fue destruida tras un voraz incendió, se necesita 1 175 000 dólares. El Gobierno ofreció 8 millones de dólares que aún esperan estos centros del perfeccionamiento de la delincuencia, y por verdaderas políticas de rehabilitación social que permitan a los prisioneros insertarse nuevamente a la sociedad. Mientras los ladrones de corbata y asesinos se encuentran disfrutando de la libertad fuera del país…

Adriana Puruncajas