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Política

Balance electoral 2006: La consolidación del personalismo presidencialista

"No parece haber dudas de que el proceso electoral que Colombia acaba de experimentar, entre las elecciones parlamentarias del 12 de marzo y las elecciones presidenciales del 28 de mayo pasado, constituyen un interesante fenómeno: una particular forma de transformación del sistema político colombiano."

| Bogotá (Colombia)
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Aunque los comicios que conformaron el próximo Congreso de la República parecieron ser la concreción de la reforma política de 2003 en la medida en que lograron cambiar, en parte, la forma de hacer política en el parlamento así no haya transformado del todo las prácticas electorales, el escenario de análisis ha sido otro con la aparición de los resultados de las elecciones presidenciales. Ahora podemos hablar de que las transformaciones de ese primer momento fueron revertidas en alguna medida y, como consecuencia de ello, el régimen político colombiano acentúa a la primacía del presidencialismo sobre otros poderes y asiste a la consolidación del personalismo político como uno de sus rasgos más distintivos.

Primer escenario: Las elecciones parlamentarias

El Acto Legislativo № 1 de 2003, conocido como Reforma Política, constituye el marco legal que sirve como referencia si se quiere observar lo sucedido el pasado 12 de marzo. Con la conformación de estas nuevas reglas de juego electoral, los movimientos y partidos políticos estaban obligados a llevar a cabo su ejercicio político sólo a través de su naturaleza colectiva, es decir, tal y como movimientos o partidos políticos y no de manera individual, fragmentada y personalizada, con la intención de que la democracia colombiana se encaminara hacia la conformación de partidos políticos fuertes, en detrimento de la dispersión de movimientos políticos muy pequeños que privilegian los proyectos personalistas y las empresas electorales. De esta manera, quienes se presentaron a la contienda lo hicieron obedeciendo a tres elementos concretos dentro de la reforma política: En primer lugar, la obligación a los candidatos para que se presentaran a la contienda electoral como miembros de una lista avalada por un movimiento o partido político, generando procesos de debate político y democratización interna en esas organizaciones. Como segunda medida, mantenía la cohesión dentro de cada partido y su fortalecimiento, en la medida en que obliga a cada uno de ellos a obtener un mínimo de votación para mantener su supervivencia política, conocido este mínimo de sufragios como umbral. Y en tercer lugar, el uso de la cifra repartidora se activa como un mecanismo que premia la capacidad de movilización y acción política y electoral de los partidos y movimientos y que, por lo tanto, hace más fuertes a los más grandes y organizados, al propiciar la distribución de curules en función del total de votos obtenidos.

Como resultado de la Reforma Política de 2003 se presenció un cambio significativo en la forma de hacer política en Colombia. El Acto Legislativo obligó la agrupación de los movimientos y partidos políticos para el ejercicio de la política electoral: sólo 20 partidos de los 64 inscritos, pasaron el umbral. Y eso significó que, de entrada, desaparecieran 44 partidos o movimientos políticos. Los movimientos de corte personalista, como por ejemplo el de los ex alcaldes Enrique Peñalosa y Antanas Mockus y del parlamentario Carlos Moreno de Caro sufrieron una dura derrota y quedaron prácticamente condenados a desaparecer como organizaciones políticas. Adicionalmente, en términos del resultado, la cifra repartidora marcó una diferencia, todavía mayor, entre los grandes partidos tradicionales y los nuevos partidos y movimientos consolidando su intención de premiar a los más fuertes y más organizados.

Son muchos los elementos que indican la clara tendencia al cambio en la política. Además de la evidente derrota de los proyectos electorales, hay otro elemento que muestra un cambio interesante: Más de un millón 630 mil colombianos que optaron por listas con voto preferente, votaron únicamente por la lista y no por un candidato en particular. En ese sentido se expresaron, por ejemplo, el 23.4% de los votantes del Partido de la U, que significó más de 385 mil votos; el 20.7% de los votantes del Polo Democrático, que representaron más de 190 mil votos. Todo esto pues constituye una muy importante ganancia para el ejercicio de la política en el país.

Los resultados obtenidos en las pasadas elecciones parlamentarias y la manera como esos resultados se expresaron en los distintos partidos y movimientos, permiten afirmar que Colombia está ante un proceso de cambio que comienza con la definición de los primeros rasgos de estructuración y organización partidista. Se trata, de uno de los más importantes elementos que caracterizan la existencia de un sistema de partidos en un régimen político y que en Colombia habíamos perdido hace varias décadas.

No obstante, pese a las intenciones de cambio que trajo consigo la Reforma Política, buena parte de las prácticas políticas tradicionales, personalistas y de corte clientelar mantuvieron su vitalidad política por cuenta de una crucial figura que el acto legislativo contenía: el voto preferente. Se trata de un mecanismo en el que el elector podía escoger al candidato de su preferencia cuando votaba por una lista en particular. De modo que, si bien es cierto que con la reforma los distintos candidatos no sólo estaban obligados a agruparse y actuar de manera organizada, también lo era que el voto preferente le permitía mantener amarradas a sus clientelas políticas e individualizados los electorados.

La competencia individual, inducida por el voto preferente, permitió mantener, además, los márgenes de maniobra que tienen los gobiernos para comprar los votos de los legisladores. Si un político quería hacerse reelegir, necesitaba de los aportes o el apoyo del gobierno para asegurar su reelección (aprobar partidas que aseguren una inversión en vías, otra en vivienda, otra en empleo, etc.) Y en este sentido, tuvo una importancia crucial para los aspirantes a senadores y representantes que obtuvieron el apoyo abierto y decidido del Presidente Uribe en su aspiración electoral.

Finalmente, la combinación entre el voto preferente y la obligación a cada partido de obtener un umbral para existir, exigía a los candidatos a mantener un esfuerzo de financiación, publicidad y movilización de votantes altamente significativa. De esta manera, se privilegió la continuidad de los cacicazgos territoriales y se reprodujeron las formas viciadas de elección popular, frente a las cuales, el voto preferente terminó por favorecer las lealtades hacia los amigos más cercanos y no las lealtades hacia los partidos políticos.

De esta manera, el primer escenario de la transformación del sistema político colombiano que se habría producido gracias al proceso electoral de este primer semestre da cuenta de que cambiaron las formas de hacer política, sin que hayan cambiado las prácticas electorales. Por otro lado, los resultados de las elecciones parlamentarias dibujaron un escenario político en el cual los movimientos y partidos políticos que apoyaron la reelección del presidente Uribe y que se empeñan en mostrarse a la opinión como fieles a la continuidad de su programa, lograron alcanzar el 70% de la conformación del Senado de la República. De modo que para este momento del proceso, se podía hablar de reestructuración de poderes políticos en Colombia, aduciendo que ahora el Parlamento podría someter la capacidad de maniobra del poder presidencial, es decir, que el presidente Uribe lograría su segundo mandato por cuenta de la participación de las fuerzas políticas uribistas en el congreso y en la escena electoral.

Las elecciones presidenciales: Las transformaciones son reversibles

Aunque los partidos uribistas hayan logrado una mayoría evidente en la conformación del Congreso, su votación tiene dos elementos que hacen dudar de su capital como proyecto político de largo plazo. En primer lugar, buena parte de la conformación de los cuadros electorales de los principales partidos uribistas en el Congreso provienen de ex miembros del Partido Liberal y de sus maquinarias individuales. Y en segundo lugar, de manera aún más relevante, las votaciones por parlamentarios uribistas pierden significativamente potencial electoral, con respecto a sus registros electorales de 2002; así, por ejemplo, de los primeros 30 candidatos del Partido de la U, 12 de ellos, que habían sido candidatos en 2002, pierden más de 280.000 votos con respecto a su anterior resultado electoral.

Así que, esta disminución del potencial electoral uribista en las parlamentarias se constituyó en el primer golpe importante que mostró la debilidad estructural del uribismo como proyecto electoral trascendente. Los resultados mostraron que las capacidades de convocatoria electoral tradicional de los candidatos al legislativo no estaban tan fuertes como se esperaba, de manera que las maquinarias de los partidos uribistas en el congreso no pudieron ser usadas por la campaña del presidente Uribe, el 28 de mayo pasado.

Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno para movilizar 7 millones 300 mil votos? La respuesta se puede encontrar, si se observan los resultados de los comicios desde un punto de vista territorial. Los consejos comunales y las “visitas” de alcaldes y gobernadores a Palacio, dieron los resultados. Ante la debilidad parlamentaria, Uribe fue en busca de los dirigentes regionales, departamentales y locales; en las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas departamentales y en los concejos municipales, para movilizar esa fuerza electoral que no podía ponerse en marcha a través de las maquinarias políticas tradicionales de los parlamentarios.

A tres semanas de la celebración de las elecciones, se formalizaron los acuerdos entre niveles de gobierno de la rama ejecutiva que, acompañada de una exposición pública del presidente Uribe en los medios de comunicación con una imagen respetuosa de las garantías de la democracia y con un discurso ajeno a la disputa política con los otros candidatos privilegiando la idea de “encontrarse directamente con la comunidad”, garantizaron la reunión y movilización de un capital político suficiente como para vencer en primera vuelta, contundentemente, y sin permitir dudas sobre ese triunfo.

Visto de otro modo, aunque las garantías legales y formales hayan operado, no todos los candidatos tuvieron el mismo acceso a los acuerdos con mandatarios locales y regionales, que en este caso, era donde estaban los votos. No de otro modo se pueden explicar resultados departamentales que indican, por ejemplo, que Uribe logró casi multiplicar por tres su votación de 2002 en el Chocó, o que logró un incremento porcentual de votación entre el 110% y el 140%, teniendo como referente los resultados de ese entonces, en departamentos como Casanare, Vichada, Cesar y Arauca. Ahora, si se pensara que esos departamentos no representan una cantidad considerable de sufragios, sí lo hacen los más de 160.000 votos nuevos que obtiene el presidente en Bogotá, en Cundinamarca y también en Antioquia; así como también son representativos los más de 240.000 votos nuevos que reclutó entre Boyacá, Bolívar y Santander.

Así las cosas, el triunfo de Primero Colombia en las urnas, la victoria en primera vuelta con un 62%, la consecución por parte del presidente Uribe de 1.500.000 votos más que hace cuatro años y la forma en que, según nuestra apreciación, habrían sido conseguidos, consolidan en el sistema político colombiano una primacía del poder presidencial sobre las demás ramas del poder público y sobre los otros niveles de gobierno en el plano territorial, tanto, como el control del ejecutivo sobre el Parlamento. En esta misma línea, ha sido una manifestación concreta de ese control, y de la premura por sujetarlo desde Palacio, el hecho de haber nombrado a los líderes de los partidos uribistas en el Congreso como miembros del gabinete, manteniendo a esas figuras bajo el estricto examen del presidente e impidiendo, de paso, una permanente comunicación entre las fuerzas políticas en cuestión y sus principales dirigentes.

Con todo esto, si se trata de hacer un balance de la jornada electoral que conformó al Congreso de la República y que permitió la reelección de Presidente y Vicepresidente de la misma, éste se puede sintetizar en la idea de que el sistema político colombiano ha presenciado una concreción de la preeminencia del presidencialismo que ejerce su poder político sobre otros niveles de gobierno de la rama ejecutiva, así como sobre otras ramas del poder público; y, de manera simultánea, se puede observar el fortalecimiento de la personalización de la política. Este particular rasgo de nuestra cultura ha visto su consolidación como un elemento estructural que trasciende a las instituciones, a las reformas políticas y que incluso pasa por encima de las maquinarias electorales.

Pedro Medellín Torres y Omar Salinas Villamizar

Director Ejecutivo Fundación Ortega y Gasset; Investigador Fundación Ortega y Gasset

 
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