De la negación al desafío de la reparación

Colombia tiene la crisis humanitaria mas grave del continente americano y ocupa el tercer lugar en volúmenes de desplazamiento forzado en el mundo luego de Sudán y Congo. De acuerdo con el sistema de información de CODHES, durante el 2005 fueron desplazadas por razones de violencia, al menos 310.387 personas, lo cual equivale a un incremento de 8% en comparación con el año 2004 (287.581 personas). Esta población desplazada, llegó a 754 de los 1.121 municipios ubicados en 31 de los 32 departamentos, lo cual equivale al 67% de las localidades del país. Esta cifra ratifica la tendencia a la continuidad estructural del desplazamiento forzado, pese a la política de seguridad democrática del actual gobierno. El efecto desde el día 7 de Agosto de 2002, hasta el 31 de Diciembre de 2005, 1’011.270 personas han sido desplazadas por razones asociadas al conflicto armado. Las cifras oficiales, pese al carácter provisional de los datos de 2005[1], muestran una característica similar pues reconocen 746.689 desplazados para el mismo periodo. Esto sin tener en cuenta los tradicionales problemas de subregistro y el porcentaje de rechazo a solicitudes, que es del 30% aproximadamente.

El grafico[2] muestra la tendencia histórica del desplazamiento forzado a partir de los sistemas de información desarrollados por CODHES, el sistema de registro del gobierno colombiano (SUR) y el registro de población de la Iglesia Católica colombiana (RUT). Estos sistemas de información parten de metodologías diferentes y refieren a periodos de tiempo diferentes, lo cual dificulta un acuerdo sobre datos definitivos. Con todo, el gobierno nacional reconoce un acumulado general de 1’765.616 personas desplazadas por violencia, pero su sistema de información solo existe como instrumento relativamente consolidado desde el año 2000. Por su parte, el último informe conjunto de CODHES y la Conferencia Episcopal Colombiana denuncia más de 3 millones de desplazados durante los últimos 20 años.

Al igual que en los años precedentes, en 2005 los principales volúmenes de personas en situación de desplazamiento se dirigieron a las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. En total, los 50 primeros municipios recibieron 241.956 personas, lo que representa el 78%, del total de la población desplazada: En este grupo se encuentran 25 capitales de departamento, Bogotá, y 14 ciudades intermedias de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, Valle. Aunque el desplazamiento se concentra en los grandes centros urbanos, su impacto muestra una proyección geográfica compleja, que involucra ciudades intermedias y las zonas urbanas y rurales de los municipios que constituyen el radio de influencia de los procesos donde la crisis humanitaria produce la expulsión forzada de población.

De otra parte, en 2005 se mantiene una tendencia al incremento de los éxodos masivos en diferentes regiones. En este periodo se registraron por lo menos 70 éxodos, que tuvieron como escenario 20 de los 32 departamentos y que produjeron por lo menos 38.878 desplazamientos de personas que corresponden aproximadamente al 13% del total. Los éxodos ponen en evidencia las dinámicas más agudas del conflicto y la economía política mediante la cual se financia la guerra y se reestructura el control de los recursos en el territorio.

Así mismo el examen comparativo del desplazamiento y las estadísticas oficiales de población muestra de forma mas precisa las regiones en las que se focaliza tanto la expulsión como la recepción. El resultado de este indicador evidencia la reproducción de condiciones de profunda inseguridad en las regiones sometidas a las dinámicas de la confrontación armada, lo cual contradice el discurso oficial según el cual la mayor presencia militar produce mayores niveles de seguridad. Ese planteamiento es válido para algunas regiones y especialmente para las zonas urbanas. Pero las zonas de mayor expulsión de población se dan en contextos regionales en los que hay fuerte presencia de la fuerza pública y de los grupos armados, cuyos enfrentamientos erosionan las más mínimas garantías para hacer valer los derechos ciudadanos, precisamente porque se han convertido en teatros de operaciones en los que se ponen a prueba estrategias bélicas. El grupo de los 50 municipios con mayores tasas de recepción en todo el país se halla en los siguientes departamentos: Meta (9), Chocó (5), Nariño (5), Antioquia (4), Cauca (4), Guajira (3), Caquetá, Córdoba, Putumayo, Sucre y Vaupes con 2 municipios y finalmente, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar Guainía, Guaviare, Magdalena y Norte de Santander con un municipio en esta categoría.

En materia de política pública, en el año 2005 se produjeron desarrollos importantes, pero a la vez surgieron nuevos interrogantes sobre la viabilidad de las políticas destinadas a la atención de la población desplazada y sobre las perspectivas de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación en el contexto de la aprobación de la Ley 975 de 2005.

En el primer caso, se llevó a cabo la audiencia de la Corte Constitucional para verificar el cumplimento de la sentencia T 025 de 2004, mediante la cual esta Corporación declaró la existencia de un “Estado de cosas inconstitucional” o lo que es lo mismo, una situación de desconocimiento masivo, generalizado y sistemático de los derechos de la población desplazada, atribuibles a la continuidad de la violencia y especialmente a las falencias estructurales de la respuesta estatal en los niveles financiero e institucional. A juicio de la Corte, el gobierno mantuvo elevados niveles de incumplimiento[3] de la sentencia, por lo cual emitió nuevas órdenes concedió nuevos plazos, individualizo las responsabilidades de los funcionarios encargados e incluso anuncio sanciones de cárcel en casos de desacato. El gobierno reaccionó expidiendo el documento CONPES No 3400 de 2005, en el cual se anuncia un paquete de inversiones de 5,2 billones de pesos en el periodo 2005 – 2010.

Es necesario reconocer la importancia de este documento CONPES, que forma parte del proceso judicial de respuesta a múltiples acciones de tutela. Pero las fuentes financieras de esta política no tienen una base asegurada, ya que remiten a hipótesis de endeudamiento externo, a los recursos procedentes de las leyes de “Extinción de dominio”, y de “Justicia y Paz”, los recursos de las entidades territoriales, el ajuste fiscal nacional y las fuentes de cooperación internacional. Del mismo modo se ha anunciado un nuevo paquete tributario regresivo que reduce el impuesto a la renta e incrementa el IVA, en lugar de propiciar medidas que afecten los niveles de concentración del ingreso en el país[4]. Por otra parte, la política oficial sigue girando en torno de instrumentos tradicionales que descargan el costo en los pobladores pobres y en las mismas victimas.

En lo relativo a los derechos de justicia tradicional, la Ley de Justicia se fundamenta en un modelo de altas dosis de favorabilidad penal para los grupos paramilitares, pero no contempla a cambio mecanismos eficaces que garanticen los derechos a la verdad y la reparación integral de las victimas. La Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación anunció en un primer momento que los desplazados no podrían considerarse como parte del universo de las victimas, por el costo que implicaría esta decisión. Sin embargo, los decretos reglamentarios de la Ley 975 de 2005 y el fallo de la Corte Constitucional sobre esta Ley apuntan a incluir a estas comunidades en el proceso. Pero nuevamente, se esgrimen los argumentos ideológicos del déficit fiscal sin evaluar las perdidas que han sufrido los desplazados[5] y sin un examen riguroso de la viabilidad de políticas de desarrollo que articulen los desafíos de la reparación con formas creativas de reforma social y reactivación económica como las que se están ensayando hoy en toda América Latina. En ultimas lo que esta en juego es la resignificación del sentido de lo nacional y la sostenibilidad social de la paz.

Frente a estas circunstancias, CODHES ha propuesto tres acciones concretas: 1). El desarrollo de una tributación progresiva con carácter redistributivo para financiar la política pública con recursos aportados por los sectores que se han beneficiado de la concentración del ingreso de los últimos diez años. 2). Avanzar en procesos de reparación basados en la devolución de los bienes usurpados por los grupos ilegales y el narcotráfico y una intervención del latifundio tradicional que permita dotar al campesinado de sistemas productivos sostenibles. 3). La transformación de los instrumentos de la política, que se basan en la cofinanciación de la ayuda humanitaria por parte de las victimas. Es evidente que, en el contexto colombiano, resulta imposible desarrollar acciones de reparación y de solidaridad efectiva si no se avanza en una estrategia de corte redistributivo.