En el pasado mes de mayo, mientras Colombia seguía el ritmo de las elecciones presidenciales, grupos de jóvenes se articulaban para participar e intervenir a su manera en el debate. Los eventos de movilización, manifestación y protesta que estudiantes de diferentes universidades protagonizaron, son muestra de que entre las nuevas generaciones están surgiendo posiciones políticas con ánimos de inscribirse en el acontecer nacional. Como pequeños síntomas de una juventud descontenta y activista, estos sucesos evocaron episodios que durante este año han tenido lugar en otros países: en Francia durante marzo y abril, y en Chile durante el mes de junio, los estudiantes se manifestaron y lograron importantes cambios.

En estos dos países, los episodios dieron cuenta del desacuerdo del estudiantado ante ciertas condiciones y medidas -educativas en Chile y laborales en Francia- que los afectaban directamente. Así, los jóvenes protestaron contra unos modelos de sociedad que precarizan cada vez más sus formas de vida. En ambos casos los movimientos se expandieron rápidamente logrando la participación de cientos de miles de personas y la imposición de sus puntos de vista mediante la transformación de las políticas y legislaciones vigentes.

Francia: el movimiento anti CPE

Pero en concreto ¿qué peleaban los estudiantes franceses y chilenos? En Francia el motivo de la discordia radicó en la aprobación el 9 de marzo por el Senado de la ley que consagraba el Contrato de Primer Empleo (CPE). Esta clase de contrato establecía que los menores de 26 años podían ser vinculados bajo condiciones especiales. Entre ellas, el empleador tenía el derecho a despedir al trabajador en un término de dos años sin tener que justificar ni indemnizar a la persona afectada. Esta medida estaba orientada a flexibilizarel mercado laboral, buscando incentivar la creación de nuevos empleos para jóvenes –sobre todo para los hijos de inmigrantes en las periferias-, población cuya tasa de desocupación asciende al 20% e incluso al 40% en sectores marginales.

Una vez conocida la decisión del Congreso, los estudiantes salieron a las calles a manifestar su oposición. En los días siguientes las protestas se propagaron a centros educativos de todo el país, llegando a movilizar hasta 3 millones de personas. Contando con el apoyo de sindicatos de trabajadores y de otros sectores de la sociedad civil, los estudiantes hicieron saber al gobierno que no estaban de acuerdo con esta manera de enfrentar el problema del desempleo: “los estudiantes fueron los primeros en comprender que, con el pretexto de integrar a los marginales de las periferias, el CPE precariza a todos”[1]. Las protestas aumentaron la presión demostrando que los jóvenes no estaban dispuestos a someterse sin resistencia a condiciones laborales flexibles que terminan por reducir significativamente la calidad de vida. Como decía un involucrado, “si el patrón puede despedirnos sin motivo, no podremos saber si podremos pagar el alquiler o comprar comida el mes que viene. No se pueden hacer planes de futuro”.[2]

Las protestas aumentaron su magnitud con el transcurrir de los días llegando casi a paralizar las actividades de algunas ciudades importantes. Ante este panorama, el gobierno retiró el 10 de abril el CPE y anunció medidas para ayudar a insertar al mercado laboral a los jóvenes con dificultades. El retiro de la ley fue visto como un triunfo del estudiantado.

Chile: la Rebelión de los Pingüinos

Meses después los ánimos caldeados de los jóvenes volaron a Chile, donde miles de colegiales protagonizaron la llamada “Rebelión de los Pingüinos”. Durante un par de semanas los estudiantes enfrentaron al recién posesionado gobierno de Michelle Bachelet en busca de soluciones para disminuir las desigualdades del sistema educativo y para aumentar las oportunidades de los sectores desfavorecidos. Entre múltiples medidas, los colegiales exigían que el transporte para los estudiantes fuera gratuito, al igual que la Prueba de Selección Universitaria. No obstante las ambiciones de los jóvenes iban más allá. Entre sus demandas exigían reformar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), repensar la Jornada Escolar Completa (JEC) y transformar el sistema de municipalización de la educación.

La más significativa de estas exigencias fue la reforma a la LOCE, vigente desde los tiempos de Pinochet. Promulgada en 1990, la ley regula la educación según el principio de libertad de enseñanza admitiendo la participación del sector privado en la prestación de servicios educativos. Así, esta ley reduce en gran medida el rol del Estado de forma que, por un lado, los estudiantes que reciben educación pública representan cada vez menores porcentajes del total, y por otro, existen grandes diferencias en la calidad del servicio que reciben los segmentos más pobres comparado con los segmentos más ricos de la población[3].

Tras una sucesión de protestas y disturbios que llegaron a movilizar a más de un millón de personas, la presidenta Bachelet anunció un paquete de medidas y reformas. Las más destacadas fueron la reducción de los costos del pase de transporte para los escolares sin límite de días ni horas, el aumento de raciones alimenticias en los colegios, las mejoras de infraestructura a 520 instalaciones, la extensión de becas para pagar la Prueba de Selección Universitaria y la creación de un Consejo Asesor Presidencial para reformar la LOCE, donde se asignaron varios puestos a los estudiantes. Todas estas medidas a pesar de no solucionar los problemas de fondo pusieron al tema de la educación en el medio del debate. Sin duda las reformas anunciadas y el debate generado se erigen como todo un triunfo del estudiantado chileno.

¿Y ahora qué? Los jóvenes chilenos y franceses demostraron que no están dispuestos a que su futuro y sus condiciones de vida sean decididos sin contar con su opinión y participación. También pusieron el dedo sobre la llaga al dar cuenta de las formas de vida que las sociedades están abocadas a implementar cuando mandan los modelos neoliberales: la liberalización de la oferta educativa y la flexibilización del mercado laboral son dos pequeñas muestras de ello. Por esto los dos episodios de protesta pueden enseñar varias lecciones a los jóvenes colombianos. La más importante es que las nuevas generaciones están llamadas a defender lo suyo. Es decir, que de su acción y participación depende que ciertos temas que los afectan directamente sean puestos en el centro del debate. Así, por ejemplo, no vendría nada mal presionar para reconsiderar las características de un sistema educativo que excluye al 65.9% de la población en edad de ir al colegio[4]. Tampoco sobraría poner sobre el tapete los términos laborales, los sueldos irrisorios y el creciente desempleo que los nuevos profesionales afrontan todos los días. En conclusión, las condiciones están dadas: los jóvenes y estudiantes tienen suficientes razones para exigir, presionar y resistir. Sólo falta esperar que los pequeños estallidos de descontento juvenil del mayo pasado no se queden en intrascendentales casos aislados.

[1] Ignacio Ramonet. “Abril Francés” en El Grano de Arena, No 340 – 17 de abril de 2006. Consultado en http://www.attac.org/attacinfoes/at... [2] “La voz de los jóvenes”. BBC News, 20 de marzo de 2006. Consultado en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/in... [3] Hugo Fazio. “La rebelión de los pingüinos y los amarres de Pinochet”. Consultado en http://www.mundoposible.cl/index.ph... [4] Según el reciente estudio de la Procuraduría, el Derecho a la Educación, 65.9% de la población escolar está por fuera de las instituciones educativas, o pierde el año o no adquiere las competencias y destrezas necesarias que debería ofrecer una educación de calidad.