La ocurrencia de este hecho es una oportunidad para preguntarse, por un lado, en qué medida el caso de Jamundí es una muestra de una situación que puede estar generalizándose en otras unidades militares del país y, por otro, analizar qué condiciones actuales en el interior de la organización y las relaciones entre diferentes componentes dela Fuerza Pública (Ejército y Policía) puedan estar propiciando casos como el de Jamundí y proponer así, algunas medidas para limitar las posibilidades de que este tipo de situaciones se repita en el futuro.

Para comenzar, el caso de Jamundí puede ser sólo la punta del iceberg de una situación mucho más profunda que afecte a otras unidades militares del país. Teniendo como contexto anteriores casos de corrupción en el interior de las Fuerzas Militares y conociendo de sobra el poder y la influencia de las organizaciones del narcotráfico en diferentes instancias e instituciones del país, no es descabellado pensar que este tipo de alianzas perversas entre miembros del Ejército y narcotraficantes pueda estar dándose en otras zonas donde existe una presencia consolidada de estas organizaciones que se encuentran fuertemente enraizadas en la sociedad, tal como ocurre en el norte del Valle.

En este sentido, los hechos del 22 de mayo deben prender las alarmas acerca de esta posibilidad, de manera que se realicen las evaluaciones y controles necesarios en otras zonas del país donde el poder corruptor del narcotráfico es evidente, con el fin de descubrir conexiones malsanas con la Fuerza Pública y realizar los correctivos que sean necesarios en materia de personal y procedimientos disciplinarios, tanto de la institución militar como policial, y avanzar así, en la prevención de hechos como el de Jamundí.

La medida anunciada por el Comandante del Ejército, General Mario Montoya, con relación al establecimiento de un inspector delegado de ese comando en cada una de las siete divisiones militares, es sin duda un paso importante en la dirección correcta. Aun así, se deben exigir medidas más estrictas de control interno que lleguen con fuerza hasta el nivel de batallón.

En cuanto a la existencia de condiciones en el interior de la Fuerza Pública que puedan estar generando este tipo de casos, vale la pena resaltar algunos aspectos que preocupan y que merecen atención inmediata.

En primer lugar se encuentra el tema de la rivalidad entre fuerzas. Es un secreto a voces que amplios sectores del Ejército y de la Policía mantienen una rivalidad y hasta cierto punto una indisposición frente al otro, situación que no sólo se convierte en un importante obstáculo hacia el objetivo del trabajo conjunto y coordinado de la Fuerza Pública, sino que además propicia situaciones que pueden llegar al extremo de uso de la fuerza para imponer los intereses de cada sector, los cuales, vale recordar, en sentido estricto deben tender hacia la misma dirección.

Si bien tradicionalmente el concepto de operaciones conjuntas hace referencia a las operaciones donde participan de manera simultánea y complementaria varios componentes de las Fuerzas Militares, lo cierto es que en Colombia este concepto debe iluminar igualmente el trabajo entre las Fuerzas Militares -particularmente el Ejército- y la Policía Nacional. Aunque la Fuerza Pública colombiana ha venido avanzando en esta materia a partir del proceso de profesionalización y modernización desde finales de la década de los noventa, no es exagerado decir que es una doctrina que se encuentra aun en una etapa inicial, al menos a lo que se refiere a la coordinación entre ejército y policía.

Esto nos lleva al segundo aspecto que requiere atención en materia de las relaciones entre los miembros de la Fuerza Pública, y es la indispensable coordinación interinstitucional que debe existir entre las diferentes fuerzas que la componen. Dado que en muchas zonas del país, las jurisdicciones de Ejército y Policía tienden a traslaparse, es necesario establecer un claro sistema de protocolos que garanticen la acción coordinada de estos dos cuerpos, de manera que exista pleno conocimiento de las posiciones y movimientos de uno y otro con el fin de evitar situaciones de riesgo que puedan propiciar incidentes de "fuego amigo", aún cuando éste no haya sido el caso en Jamundí. Sin embargo, la situación hubiera sido muy diferente si en virtud de estos protocolos de coordinación operacional la policía hubiera conocido de antemano la presencia de tropas del Ejército en la zona. De no ser así, y si existieran en la actualidad estas medidas, el comandante de la unidad militar debería ser juzgado adicionalmente por la violación e inobservancia de dichos protocolos.

En esta medida vale la pena recomendar el establecimiento de unas reglas de encuentro (ROE) por sus siglas en inglés, que justamente se constituyen en protocolos de operación para las diferentes unidades militares pero que también pueden ser usadas por unidades de policía.

Un tercer aspecto a atender se relaciona con los sistemas de evaluación y ascenso de los oficiales militares. En el caso analizado se evidenciaron los claros antecedentes de problemas disciplinarios e incluso penales del Coronel del Ejército, Byron Carvajal -Comandante del Batallón de Alta Montaña de Los Farallones- quien, a pesar de la solicitud reciente de oficiales superiores para que se le diera la baja del servicio, no sólo permaneció en la fuerza, sino que se le confirmó en el comando de una de las unidades más críticas en la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos armados ilegales en el sur occidente del país. Así mismo, como lo denunciaron algunos medios de comunicación, quedó al descubierto la forma en que las influencias y “padrinos” de Carvajal, fueron fundamentales para la permanencia de éste en un puesto de tan alta responsabilidad y dignidad, y que en sana lógica debería ser ocupado por un oficial con una hoja de vida impecable y con una clara disposición a combatir al narcotráfico, que constituye la principal amenaza en la región.

Finalmente, uno de los temas que requiere mayor urgencia es la reforma de la Justicia Penal Militar. Hoy en día existe tan poca confianza en este sistema, que incluso el mismo Presidente de la República solicitó a la justicia ordinaria que se ocupara del caso, cuando la justicia militar aun no había iniciado la investigación. La falta de eficiencia y resultados visibles en las investigaciones adelantadas por esta jurisdicción, evidente en casos como el de Guaitarilla, deja muchas dudas sobre la viabilidad y confiabilidad del actual sistema. Esta ausencia de justicia de alguna manera estimula la continuación de actividades irregulares de algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes en medio de un contexto de impunidad, no ven en la acción de la justicia penal militar un elemento disuasivo para no seguir delinquiendo.

En este sentido, y ante las múltiples denuncias que tocan de una u otra forma a miembros de las Fuerzas Armadas, se hace cada vez más urgente una reforma de este sistema de justicia de manera que se garanticen investigaciones y procesos adecuados, justos y expeditos.

Por el bien de la institución militar y con el fin de evitar una grave pérdida de confianza de la población en sus autoridades, que ha sido una de las puntas de lanza del actual Gobierno y en el que tanto ha costado avanzar; el caso de Jamundí debe resolverse a la mayor brevedad, de manera que los culpables sean ejemplarmente castigados. El alcance de la sentencia no deberá detenerse en rangos y jerarquías, en este caso no sólo deberán responder quienes ejecutaron este nefasto hecho, sino aquellos que permitieron que elementos tan desviados del honor militar hayan permanecido en la fuerza en cargos de tanta responsabilidad.

De la misma manera, en lo que hace referencia al control desde el Ejecutivo vale la pena hacer una reflexión: Si hechos tan graves como el caso de las torturas a soldados de un batallón en Tolima en febrero pasado, generaron incluso el retiro del Comandante del Ejército, ante un hecho de la misma gravedad como fue el de Jamundí, cabría esperar reacciones y medidas proporcionales.