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Walter Krohne, periodista y escritor.

Este es uno de los temas que inquieta al periodista y escritor Walter Krohne, y ocupa todo un capítulo en su último libro, Las dos caras de la libertad de expresión en Chile, publicado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El autor, magister en ciencia política de la Universidad de Heidelberg, ha trabajado como periodista en más de treinta países y también es profesor de periodismo y política en las universidades de Santiago de Chile y Academia de Humanismo Cristiano. Este ensayo es una continuación de su libro La libertad de expresión en Chile bajo la atenta mirada de la crítica (Santiago, 2002, Fundación Konrad Adenauer).

"Me preocupa el tema de la libertad de expresión. Veo en Chile un déficit de pluralismo informativo que considero serio y peligroso, y que puede llegar a debilitar la democracia que fue tan difícil reconquistar después de 17 años de dictadura", señala Krohne en la presentación de su trabajo. Y agrega: "Mayoritariamente, los chilenos estamos recibiendo información de un solo sector ideológico, el de la derecha. Esto significa que la derecha, en gran medida, es la formadora de la opinión pública chilena, lo que es peligroso para la estabilidad política".

Para Krohne se trata ni más ni menos que de hacer valer el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de frontera y por cualquier medio de expresión" (art. 19).

Del libro se infiere con claridad que en nuestro país hay un sector minoritario que tiene todas las prerrogativas para ejercer ampliamente ese derecho, mientras la mayoría tiene grandes limitaciones para hacerlo suyo. Y por desuso algunos hasta se han olvidado de su existencia. De ahí las dos caras de la libertad de expresión en Chile.

Las redes del poder

Walter Krohne no se va por las ramas para examinar el estado de la libertad de expresión en el país y la carencia de medios que reflejen la diversidad y el pluralismo de nuestra sociedad. Su análisis parte por la cúspide de la pirámide social chilena, a la cual caracteriza como "un vínculo simbiótico cerrado entre sectores poderosos como son los empresarios, políticos, militares, académicos y comunicadores".

La élite no se muestra a cara descubierta, "funciona como una especie de club sin estructura donde todos se conocen o por lo menos se ubican perfectamente bien y donde están vigentes los cuatro principios que impuso el gobierno de Pinochet, que defienden a cualquier precio: autoritarismo político (o empresarial); economía liberal; sociedad jerarquizada y verticalidad del mando; y cultura conservadora".

La élite, vinculada al Opus Dei y a los Legionarios de Cristo, se sirve principalmente de las comunicaciones y de la educación como medios de control ideológico. El Opus Dei posee 17 colegios en el país y una universidad -Los Andes-, además de tener influencia en otras cuatro (Del Desarrollo, Finis Terrae, universidades Católica de Valparaíso y Santiago). También tiene presencia en El Mercurio, La Segunda, Canal 13, Megavisión, Canal UC-Valparaíso, revista Cosas y en las editoriales Proa y Antártica.

El control ideológico es casi completo en la prensa escrita, concentrada en dos grupos periodísticos de derecha que se expandieron y consolidaron durante la dictadura militar (El Mercurio, perteneciente a Agustín Edwards Eastman, y Copesa, a Alvaro Saieh Bendeck). Ambos consorcios forman parte de lo que el autor denomina "monopolio comunicacional ideológico", porque aunque se trate de empresas distintas defienden las mismas ideas y van en la misma dirección.

"Bajo estas condiciones, en que destacan el control del dinero, las comunicaciones y la educación, temas como la vigencia de una verdadera libertad de expresión aparecen aún lejanos en Chile, como lo es igualmente el derecho a la información que debe tener todo ciudadano de un país que se considere democrático", afirma el periodista y escritor.

El monopolio ideológico de la prensa escrita controla entre el 85 y 95 por ciento de los diarios del país (21 el grupo de Agustín Edwards Eastman y tres Copesa, más dos revistas), además de un alto número de escuelas de periodismo en universidades privadas, lo que le permite garantizar relevos y abaratar costos debido a la sobreoferta de profesionales (cada año se titulan alrededor de 825 periodistas y hay más de cuatro mil desempleados). Este monopolio también concentra la publicidad, tanto la privada como la proveniente del Estado; maneja en gran parte la distribución de diarios y revistas, y ejerce una decisiva influencia sobre los suplementeros. Gracias a esto pudieron boicotear la circulación de las primeras ediciones de diarios de otras empresas, como Publimetro y El Metropolitano (ya desaparecido).

"La concentración de medios de derecha obliga a los chilenos a tener que informarse en una sola dirección ideológica, la línea conservadora. Este es quizá el problema más serio que tiene Chile en materia de libertad de expresión y déficit de pluralismo informativo", reflexiona Krohne. En seguida, cita al académico Felipe González al afirmar que "la influencia ideológica de este monopolio ha hecho a la gente (lectores) más conservadora, más centrada en sí misma y más centrada en las características del modelo económico".

El Estado se limita a "dejar hacer", aunque también pone trabas a los intentos de cambio. Por ejemplo, en la Ley de Prensa, aprobada tras ocho años de debate, no se incorporó una propuesta para regular la concentración de los medios, ni la exigencia de título universitario para ejercer el periodismo. En numerosas ocasiones -que el autor examina con detención- instituciones del Estado han promovido o amparado la censura periodística e informativa.

Prensa rica y prensa pobre

Son abismales las diferencias en cuanto a circulación neta entre los diarios pertenecientes al monopolio ideológico y los pocos medios independientes de ese megapoder que han logrado sobrevivir. Mientras los primeros llegan a los 600 mil ejemplares diarios, los segundos alcanzan apenas a 5.580 ejemplares al día (cálculo estimativo). Son cinco periódicos y revistas: Le Monde Diplomatique (328 ejemplares) y Rocinante (328), que son de aparición mensual, y los quincenarios Punto Final (658), El Periodista (658) y The Clinic (3.616).

Junto con criticar la inexistencia de una política comunicacional de la Concertación, la explicación que tiende a darse Krohne para comprender la indiferencia con que los gobiernos concertacionistas dejaron morir todos los medios que jugaron un papel importante en la lucha antidictatorial, es que su suerte fue uno de los "pactos secretos" negociados entre algunos políticos concertacionistas con Pinochet, luego del triunfo del No. "A este nivel podrían haberse abordado temas comunicacionales cruciales, como un ’seguro de protección’ para los diarios del monopolio; una decisión sobre el futuro de los medios de comunicación alternativos; y la fijación de los márgenes de la libertad de expresión, el pluralismo y la transparencia informativa", aventura el autor. Entre otros hechos, recuerda que a inicios de la década de los 90 -igual que hoy- "los avisos fiscales fueron entregados a la prensa del monopolio derechista, que apoyó a la dictadura, pero no al diario Fortín Mapocho, que defendió la democracia y que fue cerrado por falta de recursos económicos".

El panorama no ha variado mucho. Entre 2002 y 2003 se cerraron ocho publicaciones, entre ellas La Huella, La Firme, NorEste, Opus Gay, Siete+7 y Plan B. Con razón, Krohne advierte que "el futuro de todas las publicaciones nuevas -creadas o vueltas a aparecer en los años 90- es verdaderamente incierto por falta de publicidad y apoyo estatal". Aclara que ese eventual apoyo del Estado no significa que el medio quede a disposición o se comprometa con las autoridades de turno, sino que el Estado cumpla con su deber de garantizar el pluralismo, el derecho de la gente a informarse con amplitud y a expresarse por distintos medios. Lo que sugiere Krohne es la creación de un mecanismo legal que permita aportar una ayuda económica real a los medios que lo requieran "con fondos especiales de apoyo, rebaja de impuestos y aportes para la compra de insumos de imprenta y otros".

Publicidad ideologizada

La inversión publicitaria privada alcanzó a 499 millones de dólares en 2003 (345.187 millones de pesos). Casi la mitad de esta torta se la llevó la televisión (49,2 por ciento) y el resto se distribuyó en diarios (28,3 por ciento), radios (9,2 por ciento), vía pública (6,6 por ciento), revistas (3,8 por ciento), TV cable (1,6 por ciento), medios electrónicos (1 por ciento) y cine (0,3 por ciento). El 62,7 por ciento de la publicidad destinada a prensa escrita alimenta a los medios de El Mercurio, el 15,2 por ciento a Copesa y el 22,1 por ciento se orienta a otros medios que no son los que Walter Krohne llama "publicaciones nuevas". La mayoría de éstas "no recibe ni recibirá ni siquiera algunas ’migajas’ de la torta publicitaria a repartir, porque hacerlo sería romper con el esquema de la élite y del monopolio ideológico consistente en no ’alentar’ o no ayudar a ’volar’ ni facilitar el despegue de este tipo de publicaciones, que tarde o temprano podrían apoyar políticas progresistas de desarrollo y poner en riesgo algunas reglas del juego del actual esquema económico-político", dice el autor de Las dos caras de la libertad de expresión en Chile. Y para confirmar sus palabras, añade que hasta sectores concertacionistas critican que "la publicidad chilena está ideologizada".

Habría que agregar que también lo está aquella que proviene del Estado, porque la distribución es muy similar a la del sector privado. La mayor parte de la publicidad del sector fiscal, que a partir de 2001 asciende a entre 12 mil y 15 mil millones de pesos al año, "queda en poder de los medios del monopolio ideológico, especialmente en los diarios del grupo Edwards".

En el libro se describen las infructuosas inciativas desplegadas ante el gobierno de Ricardo Lagos por el director de Punto Final, Manuel Cabieses, para que se tome en cuenta a los medios independientes en la distribución del avisaje estatal en forma proporcional a su nivel de circulación.

A juicio de Krohne, las restricciones a la libertad de expresión e información en Chile seguirán sin variación si no interviene el Estado a través de una cooperación seria de fomento del pluralismo, que incluya reducciones tributarias, fondos especiales concursables sólo para apoyar a medios de escasos recursos, subsidios para adquirir maquinarias, equipos e insumos de imprenta, creación de una distribuidora estatal de medios y otras medidas necesarias y posibles