Corrupción es el soborno, pero también es el tráfico de influencias, el nepotismo, la traición política e ideológica, el abuso de poder. Un fenómeno mórbido que se hunde en la oscuridad de los hábitos, pero que también puede aflorar a la superficie de manera descarada como cuerpo legal. Corrupción es una coima y también los decretos que legalizaron prácticas como los sobresueldos y las millonarias indemnizaciones a funcionarios públicos.

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Peter Eigen, antiguo alto funcionario del Banco Mundial y actual presidente de Transparencia Internacional, ha señalado que la corrupción puede detener el desarrollo de un país y condenar por generaciones a su población a la pobreza. "Sólo si los gobiernos deciden afrontar seriamente el problema de la corrupción será posible alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio: reducir a la mitad el número de personas que viven en extrema pobreza para el año 2015".

Eigen también afirma que "el nepotismo, la influencia y la corrupción no sólo bloquean el desarrollo y aumentan la pobreza, sino que también frenan el avance del sector privado en los países en desarrollo y privan a una nueva generación de la educación y la atención sanitaria que necesita para poder participar en el desarrollo económico.

Es un problema particular del campo de la contratación pública -señala. La Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) calcula el gasto gubernamental para adquisiciones en 3,5 billones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, calculando por lo bajo, asciende a unos 400 mil millones de dólares la cantidad perdida en todo el mundo en la adquisición gubernamental debida a gastos en sobornos".

Y en este universo, afirma Eigen, no son únicamente los políticos y los funcionarios públicos quienes crean el problema. Los banqueros, abogados, contadores e ingenieros que trabajan en contratos públicos también son responsables. La corrupción, decimos nosotros, es un oscuro y perverso fenómeno que se hunde en varias capas de la política, de la economía, del conjunto de las relaciones del poder. Un fenómeno que al favorecer a estas élites, perjudica a la gran masa de la población.

Codelco, hoy como ayer

Teniendo en cuenta estas afirmaciones, es posible acercarnos al debate actual que cruza todo el espectro político nacional. Aun cuando las bastante cínicas acusaciones de corrupción que la derecha dirige al gobierno sólo pueden explicarse hoy como estrategia electoral, el fenómeno tiene peso propio y expresa vida por sí mismo. El gobierno, que ha sido incapaz de desmentir las acusaciones de la derecha, sólo ha podido enarbolar un ejercicio retórico que busca justificar aquellos contratos y operaciones. Bajo esta tesis -levantada por lo demás por el mismo gobierno, o por los mismos acusados- lo que queda es una defensa tan cínica como las mismas acusaciones.

Tomemos el caso de Codelco, empresa estatal que aportó el año pasado al Fisco más de tres mil millones de dólares, lo que, si bien es una alta cifra, por sus destinos posteriores merece más de un debate que trasciende el sentido de este artículo (ver pág. 3).

La última acusación levantada por la derecha y profusamente difundida por la prensa apunta a Jorge Navarrete Martínez, uno de los directores de Codelco en representación del gobierno, y también presidente de la Corporación Tiempo 2000, empresa que ha prestado asesorías "de apoyo a la gestión legislativa y estratégica" por 361 millones de pesos a la cuprífera. Esta incestuosa relación está amplificada al observar que el actual presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, fue también presidente de la Corporación Tiempo 2000 entre 1997 y 1999. Aunque parezca casi innecesario y tal vez ingenuo decirlo, el cargo político que Navarrete ocupa en el directorio de Codelco debiera haberlo inhabilitado para prestar tales gestiones estratégicas.

Las actuales circunstancias en Codelco nos traen a la memoria el mayor caso de corrupción, por los montos involucrados, tras el retorno a la democracia. El caso Dávila, según relata el investigador de la Universidad de Chile Patricio Orellana en su ensayo Probidad y corrupción en Chile: el punto de quiebre (ver PF 594), "generó una pérdida total de 218,3 millones de dólares, aunque se asegura que se recuperaron 58,7 millones de dólares, lo que significa una pérdida neta de 136,6 millones de dólares. Los hechos fueron investigados por los tribunales y hubo sanciones muy rápido, que se hicieron efectivas en sólo cuatro años, aunque quedan pendientes las partes principales del proceso".

Orellana afirma que "en Codelco se había designado como vendedor de cobre a futuro a un contador auditor, Juan Pablo Dávila, el que se llevó un computador de la empresa a su casa y desde allí, durante años, efectuó estas operaciones, casi sin conocimiento de sus superiores. Los resultados fueron ventas a precios muy inferiores al precio de mercado, razón por la cual vendió tanto, incluyendo ventas a la empresa del propio presidente de Codelco, Alejandro Noemi. Algunos gerentes de Codelco y el mencionado presidente renunciaron, razón por la cual se les pagaron varias decenas de miles de dólares como indemnizaciones y quedaron libres de responsabilidad al no ser funcionarios de la empresa".

Las declaraciones de Peter Eigen pueden adquirir un cariz dramático al contrastarlas con estos antecedentes. Los contratos entre amistades y correligionarios políticos ocurren no sólo en uno de los países con una de las mayores desigualdades en la distribución de la riqueza, sino en una sociedad caracterizada por la discriminación y la falta de oportunidades y bajo un gobierno que llegó al poder con una proclama basada en la equidad. Las acusaciones -que ya son realidades- de corrupción, aun cuando no tienen ni probablemente tendrán grandes efectos políticos electorales, sí los tendrán en la percepción, ya de por sí deteriorada, que tiene la ciudadanía de su clase dirigente.

Las profundidades del mal

La corrupción no es simple soborno, cohecho o nepotismo. Es una actividad que se hunde en la historia y en la misma institucionalidad nacional. Felipe Portales, sociólogo de la Universidad Católica y autor de Chile: una democracia tutelada y Los mitos de la democracia chilena señala que "el fenómeno de la corrupción se está viendo en términos muy acotados, que es la acción individual de actores económicos que sobornan o que hacen irregularidades con el Estado. Esto es importante, pero en ningún caso agota el tema de la corrupción, en especial en el caso chileno. Me da la impresión que la corrupción está dada por la ley y por vía reglamentaria, y por medio de los resquicios que deja esta misma reglamentación para los grandes intereses económicos. El ejemplo más claro son las grandes mineras del cobre, que han declarado pérdidas durante quince años consecutivos -y con eso evitan pagar impuestos- en circunstancias que ganan cantidades siderales de dinero. Para eso no necesitan comprarse a nadie en el Estado, no necesitan hacer ninguna de aquellas actividades que generalmente se asignan al fenómeno de la corrupción, como es sobornar o comprar influencias. Simplemente hacen uso de las leyes. Yo creo que eso es corrupción y creo que es mucho más dañino para el país. La corrupción queda establecida a través de un sistema institucional y legislativo. Es una corrupción entre los grandes poderes económicos y el poder político en desmedro de la sociedad nacional".

No por ello los actuales casos de corrupción son insípidos o intrascendentes. Portales estima que "esta Concertación de quince años inevitablemente ha ido generando una relajación ética, natural en una coalición política que va habituándose al uso y disfrute del poder. Lo que decía Lord Acton de alguna manera es cierto, el poder corrompe y en ese sentido creo que hay casos preocupantes en este nivel. Pero sin embargo el fenómeno es también curioso: la derecha política, que levanta estos casos como tema electoral, no encuentra el mismo apoyo en la derecha económica, que tiende más bien a defender al gobierno. Yo creo que esta curiosa defensa que hacen de Lagos las cúpulas empresariales responde a un fenómeno más profundo, el interés que tienen los grupos económicos de preservar el actual orden de cosas gestionado por la Concertación. Recordemos cuando el propio ministro del Interior salió a defender entusiastamente al grupo Luksic por sus problemas en Perú. Le dio un apoyo prácticamente incondicional, a priori, y sin conocer el fallo de la justicia. El gobierno violaba su norma autoimpuesta de no comentar los procesos judiciales; segundo, daba un apoyo incondicional a uno de los principales grupos económicos del país. Estos casos son coincidentes con el diagnóstico: aquí hay un entramado muy sólido entre los grandes grupos económicos y el gobierno de la Concertación, el que incluso va más allá de los cuestionamientos y el ruido que la derecha política puede hacer".

Una de las tesis de Patricio Orellana es un aumento histórico en la corrupción, cuya masa crítica está en tiempos de la dictadura. "El parlamentarismo establecido después de la revolución de 1891 dejó un recuerdo de corrupción, pero referido especialmente a la volubilidad de los distintos partidos y fracciones para formar mayorías sin contenidos programáticos. Sin embargo, no hay registro de grandes escándalos de corrupción pública".

Más tarde, afirma Orellana, "el Partido Radical, que desde 1939 a 1952 tuvo el control del gobierno, fue también acusado de corrupción y se le identificaba con un cucharón, que simbolizaba la apetencia insaciable de esos políticos. Sin embargo, tampoco hay evidencia que hubiera un nivel significativo de corrupción, excepto el cohecho o compra de votos y el reparto de cargos públicos. No hay registro de casos de coimas, sobornos o enriquecimientos ilícitos".

Del cohecho al sistema binomial

Las antiguas prácticas, como el cohecho, hoy resultan nimias, afirma Portales. "Si vamos más lejos, el sistema electoral es una forma absoluta de corrupción, que altera absolutamente la voluntad electoral. Antiguamente, antes de 1958, se aplicaba el cohecho, que era una forma burda de corrupción, donde los grandes poderes económicos, la derecha, compraban el voto o lo llevaban acarreado. Pero ahora tienen un sistema mucho más limpio, más elegante, que es el sistema electoral binominal, que hace que la mayoría se convierta en minoría, o quede bloqueada en el Senado y en la Cámara de Diputados para hacer cualquier cambio de significación. Eso es una gran forma de corrupción. Corrompe la voluntad popular de una manera maquiavélica, perfecta y limpia. Esto corrompe totalmente lo que puede haber de democrático en Chile".

Y si hablamos de corrupción, está también la corrupción ideológica. "Algo que deja de ser lo que es", sostiene Portales. "Cómo no va a ser corrupción que un liderazgo que sostuvo la lucha contra la dictadura sobre bases críticas del modelo social y económico de la dictadura, ahora lo esté elogiando. Eso es corrupción ideológica de ese liderazgo que cambió en 180 grados. No es una corrupción económica, pero es ideológica y política".

Y por cierto que la cooptación es otra forma de corrupción. "Cuando a un ex ministro -señala Portales- se le da un altísimo cargo en un directorio. Eso en términos globales es una forma de corrupción, que se ha usado bastante en la historia de Chile. Los radicales eran convocados a formar parte de los directorios en los años 40 y 50. Entonces uno ve una gran capacidad de la derecha económica para -hábilmente- ir cooptando a los sectores medios, a los liderazgos de estos sectores, para morigerar la protesta social"

Ganancias desorbitadas de las AFP

Un documento de trabajo titulado Contabilidad regulatoria: las AFP chilenas, 1993-2003, preparado por los economistas Salvador Valdés, del Centro de Estudios Públicos, e Iván Marinovic, de la Universidad de Los Andes, entrega datos sorprendentes sobre la rentabilidad del sistema privado de pensiones. Utilizando variables como utilidad, activos, tasa de rentabilidad y diferencia en pesos entre ésta y la rentabilidad normal, concluye que la rentabilidad sobre activos económicos fue altamente superior a una rentabilidad normal. Entre 1996 y 2003, el promedio de las ganancias extraordinarias superó los 306 mil millones de pesos, equivalentes a unos 408 millones de dólares, con una rentabilidad promedio sobre activos de un 42 por ciento anual.

Una de las conclusiones señala: "Es inusual encontrar industrias de gran tamaño que en su conjunto obtengan una rentabilidad sobre activos entre un 35 y un 68 por ciento anual, que superan ampliamente a la rentabilidad normal, por períodos de seis años". Es un nuevo elemento que se suma al preocupante cuadro del sistema de AFP. Es creciente el número de afiliados -supera ampliamente el 50 por ciento- que no alcanzará a jubilar con pensiones mínimas, debiendo subsidiarlos el Estado. La conclusión es obvia: a crecientes rentabilidades -increíbles en otras áreas-, un sistema de prestaciones cada vez más deficiente