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Juan Ramírez Vicker y su hermana Ruth, en los años 60.

La traducción de parte de ese informe dice: "La fuente afirma que los directores de los servicios de inteligencia del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se coordinaron entre sí para conducir operaciones contra dos casas de seguridad de Santiago, una en el área de Conchalí y la otra en la comuna de San Miguel. La fuente no reveló si estas operaciones se hicieron con conocimiento o cooperación de la CNI. Un grupo, formado por miembros de cada uno de los servicios de inteligencia involucrados, entró en la casa de seguridad de Conchalí el 2 de noviembre de 1977 y confiscó armas y explosivos. Posiblemente, debido a que se filtró información sobre esta acción, no había nadie en la casa de seguridad y nadie fue detenido. … (Ilegible en el documento desclasificado) … notó que los explosivos confiscados en el allanamiento de la casa de seguridad de Conchalí desaparecieron pero no lo pudo explicar a … (ilegible).

En una segunda operación contrainsurgente, otro grupo similar dejó una bomba en la segunda casa de seguridad, en San Miguel, el 5 de noviembre de 1977. Dos personas murieron a causa de la explosión. Después, Carabineros y la CNI encontraron en el lugar gran cantidad de explosivos y armas en medio del desastre.

La fuente explicó que el uso de bombas contra las casas de seguridad había sido una decisión consciente ya que los jefes de los servicios de inteligencia pensaban que la mejor manera de encarar los problemas de estas casas de seguridad era hacerlas explotar, de ser posible con los terroristas adentro. Los seguimientos y arrestos demorarían ’meses’, en cambio una explosión tendría resultados inmediatos. La fuente reveló que la batalla contra el peligro terrorista asumía esas características. La fuente identificó específicamente a las dos víctimas como miembros del MIR. Resulta de interés especial en su versión de los eventos de Conchalí y San Miguel la afirmación de que eran planeados y ejecutados no por la CNI, sino por miembros de la comunidad de inteligencia de los servicios militares (Comando Conjunto, N. de PF). No se sabe si los funcionarios de inteligencia actuaban con o sin presupuesto y cooperación de la CNI. La evaluación es que el análisis de las ramas de los servicios de inteligencia realizado, es de muy alta credibilidad. Indicaría que la CNI no tenía el monopolio del accionar contrainsurgente encubierto en Chile. Indica también que las ramas de los servicios de inteligencia operaban por cuenta propia, porque no confiaban en que la CNI estuviera enfrentando la subversión con efectividad".

Los jóvenes ejecutados

Los jóvenes, miembros de la resistencia antidictatorial, murieron por una explosión la noche del 5 de noviembre de 1977. Sofía Vera Freire, pareja de Juan Ramírez Vicker, logró escapar. Ella atestigua que tanto Juan como su amigo Nelson Espejo Flores "estaban vivos, conscientes y mal heridos y aunque llegó al lugar una ambulancia, se les dejó desangrar hasta morir". La CNI había reemplazado a la Dina y la dictadura tenía claro el alto costo internacional de la desaparición de detenidos. Se iniciaban las ejecuciones selectivas de militantes de Izquierda y en especial del MIR, al que pertenecían los asesinados. Los agentes de la CNI buscaron encarnizadamente a Sofía Vera, identificada entonces en la prensa como "la tía Pochi" (porque así la llamaban los niños del barrio). Ella logró salir del país. El accionar represivo alcanzó pronto a dos dirigentes del MIR, Augusto Carmona y Germán Cortés, ejecutados en diciembre de 1977 y enero de 1978, respectivamente, de acuerdo al método de seguimiento-control y ejecución.

En 1991 la Comisión Rettig rechazó investigar los antecedentes recopilados por las hermanas de Juan Ramírez, que habían logrado ubicar la casa donde los jóvenes cayeron. "Se nos dijo que estábamos exagerando", comenta Ruth, una de ellas. Los nombres de los jóvenes ni siquiera figuran entre los "casos sin convicción" incluidos en dicho informe.

Ruth Ramírez llama a reflexionar sobre el titular del diario La Tercera del 7 de noviembre de 1977: "Terroristas murieron fabricando una bomba", y la secuencia de fotografías del arsenal "encontrado" en la vivienda. El Mercurio en tanto, da cuenta de la versión de la CNI donde se asigna al inmueble la condición de "casa de seguridad" del MIR, agregando que "las cargas explosivas encontradas son similares a las utilizadas recientemente en distintos puntos de la capital para perpetrar atentados". La Segunda comenta la pérdida de la mano de uno de los cuerpos, mientras que el desaparecido diario El Cronista recoge opiniones de vecinos llamando a denunciar a los militantes de la resistencia.

Los culpables

El caso de Juan Ramírez Vicker y Nelson Espejo Flores se suma a una larga lista de ejecuciones perpetradas por los servicios de seguridad de la dictadura. La familia de Ramírez decidió querellarse por los delitos de detención ilegal, homicidio calificado y asociación ilícita genocida. El libelo acusatorio, patrocinado por el abogado Hiram Villagra, está dirigido contra el general Augusto Pinochet, el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda y el ex verdugo de la CNI, Alvaro Corbalán Castilla.

Juan González, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago a cargo de la investigación, emitió una orden de investigar, incluyendo declaraciones de los hermanos Ramírez y de Sofía Vera.

La querella, presentada el 20 de enero pasado, anexa el informe desclasificado del gobierno norteamericano. Se adjuntan además los recortes de prensa y fotos. Al pie de una fotografía del diario El Cronista se lee: "La fuerza del impacto es reflejada fielmente por la foto captada pocos minutos después del estallido". Pero se ven lámparas intactas, un platillo de té y otras cosas sobre la mesa, sin caerse, a pesar del supuesto impacto; una máquina de escribir bien asentada en el suelo; un clóset de material ligero sin destruir y un cuerpo cuya posición no es consistente con la explosión. Para la parte querellante queda claro que el sitio del suceso fue alterado.

Según el abogado Carlos Cáceres, las investigaciones realizadas por el Departamento Quinto de Investigaciones se han centrado en ubicar a los ex agentes de la CNI que operaban en Santiago al momento de ocurrido los hechos. Los querellantes relacionan este caso con uno similar ocurrido en Coquimbo, donde tres personas murieron al explotar una bomba. "La idea -explica el abogado Cáceres- es establecer un nexo entre los agentes que participaron en estos hechos. Existen presunciones que nos llevan a pensar que se trata de los mismos agentes, cuyos nombres no se pueden revelar por ahora"