La muerte y huida del humedal de casi seis mil cisnes de cuello negro -era el principal sitio de reproducción de esta especie en Sudamérica- fue una evidencia determinante del desastre ambiental que sigue amenazando peligrosamente la salud de la población. Pero lo evidente fue negado mañosamente por Celulosa Arauco (Celco), propiedad del poderoso grupo económico de Anacleto Angelini, y soslayado por instituciones del Estado, como la Conama, que dilataron el reconocimiento de lo que ocurría y, finalmente, resultaron inoperantes para enfrentar las múltiples irregularidades e ilegalidades cometidas por la empresa.

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Habitantes de los valles amenazados por Pascua Lama en la marcha del 4 de junio, en Vallenar.

La planta de Celco siguió funcionando a pesar que el estudio encargado por la Conama a la Universidad Austral de Valdivia -y que demoró más de tres meses en darse a conocer- estableció como causa de la muerte de los cisnes, y de otros seres vivos del santuario, la abundancia de metales pesados y sustancias químicas -como dioxinas, los compuestos más tóxicos que existen- en los 77 millones de litros de desechos líquidos que Celco volcó diariamente en el río Cruces desde abril de este año. La Corte Suprema, una vez más, resolvió en forma escandalosa al rechazar unánimamente un recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas, pese a haberse descubierto que la empresa presentó como prueba de inocencia un "estudio" falso, supuestamente emanado de la Universidad de Concepción, en el cual basó su fallo.

Por su parte, en una resolución de fines de mayo la Corema le dio un plazo a Celco hasta de tres años para sacar el ducto del río Cruces y orientarlo hacia el mar, lo que implicaría trasladar el problema a las comunidades costeras. Pero en el intertanto la planta seguiría funcionando. Para la empresa, sin embargo, no fue suficiente. Optó por asumir el papel de víctima al anunciar la salida de su gerente general, Alejandro Pérez, y la paralización de faenas, señalando que no seguiría en actividad mientras no se definieran con claridad las reglas, en un abierto llamado de atención a las autoridades.

Contaminación ambiental y humana

En definitiva, no fueron las instituciones, sino la gente común y corriente la que funcionó. Organizaciones ambientales y sociales, organismos no gubernamentales y personas de los más diversos sectores se aglutinaron en torno a Acción por los Cisnes, que dirige las protestas en Valdivia. Se presentaron cientos de denuncias por daños a la salud provocados por las emisiones de gases a la atmósfera y grupos de profesionales hicieron un monitoreo y censos en el santuario para demostrar cómo se iba muriendo todo signo de vida. En tanto, otra coordinación, ligada a Acción por los Cisnes, lideró las acciones en Santiago y una experiencia similar se hizo en Valparaíso. En Valdivia, Santiago, Valparaíso, Temuco y otras ciudades hubo marchas multitudinarias, protestas frente a la empresa y ante las autoridades, acciones judiciales, recolección de firmas y manifestaciones en las calles. La presión pública hizo reaccionar en el último momento incluso a grupos de parlamentarios.

El autocierre de la planta de celulosa no ha hecho bajar la guardia. "Una vez establecido el daño y los responsables de éste, y existiendo una legislación ambiental, lo lógico es que el gobierno -a través de sus instituciones ambientales- hubiera tomado la determinación de cerrar la planta mientras no esté en condiciones de descargar sus riles en otro lugar, donde no provoque un nuevo desastre como el que ha causado aquí. Pero fue la planta la que se autocerró, porque no pudo seguir tapando el sol con un dedo, e igualmente puede autoabrirse mañana", dice el oncólogo valdiviano Eduardo Israel, activo integrante de Acción por los Cisnes. Aclara que "somos un grupo de ciudadanos responsables que hemos tenido que estudiar y aprender en nuestras pocas horas libres para defender esta causa y enfrentar la enorme campaña que ha hecho Celulosa Arauco para mejorar su imagen en Valdivia. Nuestra bandera de lucha no son sólo los cisnes, el santuario, nuestro patrimonio y nuestra identidad: es fundamentalmente la salud, porque el agua del río va a contaminar nuestros alimentos". Respecto de lo mucho que aún queda por hacer, reflexiona el doctor Israel: "Con nuestro trabajo (se refiere al monitoreo en el río Cruces) no solamente hemos mostrado cisnes muertos, el santuario muerto, sino también cuán muertos están los valores. Pero esto tiene que cambiar. Hay que ’destapar’ la contaminación humana y valórica. Sólo entonces lograremos que se tomen decisiones correctas".

De Valdivia a Vallenar

La lucha por la defensa del santuario del río Cruces ha aportado valiosas lecciones que están siendo asimiladas con rapidez por el movimiento ciudadano del norte del país, que se opone al megaproyecto minero Pascua Lama (ver PF 589) de la Compañía Minera Nevada, filial de la siniestra Barrick Gold Corporation. La transnacional, la segunda empresa minera de oro más grande en el mundo, está ligada a George Bush padre y a operaciones de la CIA. Uno de los miembros de su directorio es Andrónico Luksic (PF 592).

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Las aguas cristalinas del tranque Santa Juana dejaran de serlo con el proyecto de la Barrick

Esta transnacional, fundada hace más de veinte años en Canadá, explota yacimientos en países de varios continentes. Ha estado en conflicto con comunidades de Africa y Australia por problemas ambientales y sociales. En marzo de este año el escenario fue mucho más cercano. En Ancash, Perú, miles de campesinos efectuaron paros regionales y protestas contra la Barrick y otra empresa minera, Antamira, a las que culpan de contaminar las aguas del río Santa, dañando sus productos agrícolas y causando la muerte de sus animales.

En Chile, agricultores, comunidades cristianas y organizaciones vecinales se han agrupado en el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y en la Coordinación de Defensa del Valle de Alto del Carmen para movilizarse contra este proyecto de explotación a gran escala de oro, plata y cobre en la zona cordillerana al interior de Vallenar. El negocio contempla la remoción y traslado de tres gigantescos glaciares, reserva de agua para todos los chilenos. Pero, además, se prevé la contaminación con metales pesados, cianuro, ácido sulfúrico y otros productos utilizados en el proceso productivo, de las escasas fuentes de agua que sostienen la vida de las comunidades agrícolas, como el río Huasco y el embalse Santa Juana.

La gente se ha hecho escuchar. El sábado 4 de junio alrededor de 1.500 personas marcharon por segunda vez por las calles de Vallenar manifestando su rechazo al proyecto Pascua Lama. Entre los manifestantes estuvo el senador Nelson Avila, quien denunció el acuerdo minero firmado en 2001 entre los gobiernos de Chile y Argentina, que permite a los inversionistas el uso de "toda clase de recursos naturales para el desarrollo del negocio minero". También participaron integrantes de la coordinación que ha actuado en Santiago en defensa del santuario del río Cruces.

Ese mismo día se hizo otra marcha en Santiago, donde se formó el Frente Anti Pascua Lama. Aunque el proyecto minero ya cuenta con la venia de la Corema, es probable que la presión social haya influido para que el proceso de evaluación ambiental se congelara por 90 días -hasta septiembre- debido a que esta comisión solicitó a la empresa nuevos antecedentes sobre los puntos más críticos del proyecto, principalmente respecto del uso del agua y el plan de manejo de los glaciares. En tanto, se formó una junta de vigilancia del río Huasco, constituida principalmente por agricultores propietarios de las aguas que defienden sus intereses. Y la comunidad -descendiente directa del pueblo diaguita- mantiene un juicio por usurpación de aproximadamente 50 mil hectáreas de la estancia Chañarcillo, apropiadas por la Barrick a través de diversas transferencias.

Jornada de protesta

Ambos movimientos socio-ambientales, pese al mucho camino por recorrer, han motivado a Acción por los Cisnes y a una serie de otras organizaciones coordinadas a llamar a una jornada nacional de protesta para el sábado 9 de julio. Ya están comprometidos el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y la Coordinación de Defensa del Valle de Alto del Carmen y Vallenar.

"En torno a esta iniciativa se está convocando a organizaciones de todas las regiones, como la Coordinadora Multisocial de la Zona Poniente de la Región Metropolitana -centrada en el problema generado por la planta de ’tratamiento de aguas’ La Farfana-, y otras gestadas en torno a los problemas del río Cruces y de Pascua Lama. Por ejemplo, en Valparaíso se creó una coordinación que ha realizado varias movilizaciones en defensa del agua", explica Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) y vocero de la Coordinación por la Defensa del Santuario de la Naturaleza de Río Cruces en Santiago.

"La idea es ir articulando estos pequeños movimientos y transformarlos en una sola voz, sobre todo tomando en cuenta la experiencia de Valdivia, donde quedaron al descubierto una suma de irregularidades y la falta de voluntad política del gobierno para aplicar la escasa normativa de protección ambiental existente, en desmedro de la salud pública, el daño al medio ambiente y la opinión de la ciudadanía. Esto, sin duda, se relaciona con el modelo económico", afirma Cuenca. En su opinión, principalmente en la experiencia de Valdivia pero también en lo que está ocurriendo en Vallenar y el Valle del Huasco, se percibe una nueva situación. "Parar, oponerse o cambiar el estado de deterioro ambiental que hay en el país se ha hecho carne en la ciudadanía. En Valdivia y en torno a Pascua Lama se están viendo movilizaciones ciudadanas muy amplias, que logran trascender a las regiones donde están localizadas. La gente se ha dado cuenta que hay cuestiones estructurales del modelo más allá de que una empresa sea mala o buena. Que no es suficiente estar consciente e informado del desastre ambiental existente en el país, sino que eso tiene que traducirse en acciones sociales y políticas".

Olca critica radicalmente el modelo forestal que se desarrolla en el país, altamente destructivo no sólo para el medio ambiente sino también para economías y culturas locales. Desde ese punto de vista, argumenta que una planta de celulosa como la de Valdivia, con una producción de alrededor de 800 mil a un millón de toneladas, corresponde a una tecnología desplazada desde los países desarrollados -donde ya no se usa- al Tercer Mundo, precisamente por el alto nivel de contaminación que produce tanto a la atmósfera, como al agua y la tierra.

Bajo el modelo neoliberal no se vislumbran soluciones reales. Por eso, los sectores involucrados entienden que estas luchas ambientales y sociales contra enormes poderes económicos son de largo aliento. Y que constantemente se verán enfrentados a nuevos desafíos y sucias maniobras. En el Valle del Huasco, por ejemplo, la Barrick ha desatado una intervención brutal. "Por primera vez vemos que una transnacional, en la etapa inicial de desarrollo de un proyecto, realiza una gestión comunicacional con distribución masiva en todo el país de catálogos que promueven su proyecto, con propaganda diaria en televisión en los horarios más caros y contratación de brigadas en la provincia que hacen rayados a favor del proyecto y sacan los carteles en contra de éste", acusa Cuenca.

Pero eso no es lo más grave. "La transnacional está empeñada en comprar voluntades y conciencias a nivel de autoridades regionales, provinciales y locales. Anunció -lo que equivale a un chantaje- que creará una fundación para el desarrollo del Valle del Huasco con un fondo de 10 millones de dólares, pero que se va a implementar cuando el proyecto esté en producción. Eso ha sido avalado por la primera autoridad de la región, el intendente Rodrigo Rojas Veas". Como el intendente preside la Corema -entidad que debe calificar el estudio de impacto ambiental para la ampliación de la mina y aprobar el plan de manejo de los glaciares-, no se puede esperar de él la imparcialidad que se requiere para considerar los intereses de todos los sectores involucrados. La empresa minera también está regalando computadores y otros bienes para congraciarse con la población. "Se comenta, incluso, que a los trabajadores de la zona les pagaron 4 millones de pesos por decir una frase a favor de la empresa en los spots de televisión", agrega el director de Olca.

Esa es la otra contaminación: humana y valórica

La deuda presidencial

El gobierno se prepara para enviar al Congreso un proyecto que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente y que, supuestamente, mejora las deficiencias de la actual legislación. Para los sectores ambientalistas, sin embargo, no es más que un leve maquillaje, muy distante de lo que prometió Lagos. Es decir, fortalecer la institucionalidad ambiental.

En el largo proceso de discusión en torno a este proyecto fracasó el intento de gestar un espacio para abrir debate sobre la reforma de la institucionalidad ambiental, en el entendido que la Conama no está cumpliendo las funciones para las cuales fue creada y que el sistema está en crisis. "Sólo se enviará al Parlamento la propuesta que anunció Lagos el 21 de mayo: una especie de fiscalía para fiscalizar a los fiscalizadores", señala Lucio Cuenca. Y advierte que "resulta sospechoso que a cinco o seis meses de que termine su período presidencial aparezcan anuncios sobre eventuales cambios. El gobierno tiene una deuda con la comunidad internacional -por contraer compromisos que no ha cumplido- y una gran deuda interna. Durante el gobierno de Lagos se han aprobado proyectos nocivos para el país y que permiten introducir tecnologías, como el uso del petcoke, que constituyen retrocesos desde el punto de vista de la protección ambiental.

Bajo su administración se aprobó Pascua Lama, se terminó de construir Ralco y se instaló la planta de tratamiento de aguas de La Farfana, el gran fraude del proceso de privatización de las empresas sanitarias. La Ley de Bosque Nativo, pendiente desde 1992, es otro compromiso incumplido. Lo único que se ha hecho, como parte de la Agenda Pro Crecimiento, es fortalecer la institucionalidad para favorecer los intereses empresariales al tiempo que se la debilita para efectos de generar más participación ciudadana. Se acortaron los plazos para las evaluaciones de impacto ambiental y se presiona a los servicios para que evacúen informes lo más rápido posible, incluso sin respetar los plazos estipulados en los reglamentos. Lo que estamos viviendo es consecuencia de eso"