El acuerdo de gobierno que concluyeron Al Fatah y Hamas sobre la base del «Documento de los prisioneros» puso fin al brote de guerra civil palestina y reactivó la resistencia contra el ocupante. Israel reaccionó sin demora y desplegó nuevamente sus tropas en la franja de Gaza.

Los servicios de propaganda de Tsahal se esfuerzan por esconder la proposición conjunta de las facciones palestinas de reconocer al Estado de Israel bajo la condición de que haya reciprocidad por la parte israelí y presentan la ofensiva militar como una respuesta al secuestro del cabo Gilad Shalit.

Israel secuestró por su parte a 64 responsables de Hamas, entre los cuales se encuentran ocho ministros en funciones y 21 diputados.

En una carta dirigida al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y fechada el 30 de junio de 2006, el gobierno israelí anunció su intención de asesinar al primer ministro Ismail Haniyeh si el prisionero Shalit no es liberado de inmediato. Sin más preámbulos, Tsahal bombardeó las oficinas del primer ministro palestino tres días después, pero este no se encontraba allí en el momento del ataque.

«Golpearemos a toda persona que perjudique a los ciudadanos de Israel. Nadie quedará impune», declaró poco después el primer ministro israelí, Ehud Olmert, en pleno consejo de ministros, decisión que cuenta con la anuencia de la administración Bush, con la condición que el presidente palestino y líder de Al Fatah, Mahmud Abbas, no sea víctima de los «asesinatos selectivos» que realiza el Estado hebreo.

En septiembre de 2003, el propio Olmert, entonces viceprimer ministro de Ariel Sharon, declaraba que «Arafat ya no puede ser un factor en lo que aquí sucede. La cuestión es saber cómo vamos a alcanzar nuestro objetivo. La expulsión es ciertamente una opción. Matarlo también es una opción». La rabia israelí se vio retenida en aquel entonces por la comunidad internacional. Pero ahora no hay reacción por parte de la Asamblea General de la ONU. Tel Aviv parece tener las manos libres.