“Si todavía existimos es gracias a la lealtad de nuestros vecinos”, señala Raúl Alvarez Vásquez, dueño de Farmacia Pudahuel y presidente de la Unión de Dueños de Farmacias de Chile (Unfach). “La gente reconoce y agradece la honestidad con que siempre hemos trabajado”. Recuerda que en el período de la Unidad Popular, a diferencia de otros comerciantes, nunca especularon ni cobraron más por los medicamentos que escaseaban. “Hoy esos vecinos prefieren comprar en nuestro local y no en la SalcoBrand que instalaron al frente, que además a la larga vende más caro”, asegura.

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Raúl Alvarez Vásquez, dueño de Farmacia Pudahuel y presidente de la Unfach.

No obstante, la situación es muy difícil para un gremio que entró en crisis en plena dictadura militar. La aplicación del modelo neoliberal significó el comienzo del fin para las farmacias independientes y el nacimiento de los primeros consorcios del rubro. Pese a que en la Unfach se opusieron tenazmente a este proceso, según cuenta Raúl Alvarez no pudieron evitar que desaparecieran 340 boticas durante la dictadura. Sin embargo, nunca imaginaron que lo peor vendría con el regreso de la democracia. “Entre 1990 y 2005, desaparecieron 1.160 farmacias independientes y de las que quedan, 300 se encuentran en quiebra”, denuncia.

La desilusión es grande, pero asegura que no bajarán los brazos. Como otros pequeños empresarios del país que han enfrentado la misma situación, lucharán hasta el final. “Lo que está en juego es nuestro derecho a trabajar y en lo personal no estoy dispuesto a cerrar mi farmacia. No puedo dejar en la calle a las personas que trabajan conmigo hace tantos años”, sentencia Raúl Alvarez, quien además es fotógrafo profesional, pintor y poeta.

Especulación con la salud

Cuál era antes la función del químico-farmacéutico?

“Antes de 1924, cuando irrumpe la industria farmacéutica, el químico-farmacéutico era una especie de confesor. La gente le transmitía sus dolencias: era el médico de cabecera que ejecutaba la medicina de ‘choque’. La relación entre el médico y el farmacéutico era muy estrecha. El primero prescribía y el segundo producía el medicamento en la misma farmacia. La fabricación del remedio era una ciencia y un arte, que dominaba sólo el farmacéutico. En aquellos años, las autoridades del pueblo eran el alcalde, el boticario, el cura y el policía”.

¿Cómo desplazó la industria farmacéutica al boticario?

“Le arrebató su quehacer. Comenzó la fabricación masiva de medicamentos. Se incorporaron al proceso productivo una mayor investigación científica, nuevas formas farmacéuticas y controles de calidad estrictos. Las farmacias no estaban en condiciones de ser industrias y cumplir con requisitos de calidad, cada día más exigentes. Con ello, se desperfiló la profesión y hoy el químico-farmacéutico es sólo un administrador. Perdió su calidad de médico de barrio”.

La realidad demuestra que el modelo económico beneficia a las grandes empresas en desmedro de las pequeñas. ¿Cómo se ha reflejado esto en su sector?

“Cuando Pinochet comenzó a implementar el modelo de economía social de mercado, la farmacia era un negocio muy protegido por el Estado. La denominada ley de circuito establecía que una botica no podía estar a menos de 400 metros de otra. Teníamos un horario rígido, un margen de comercialización, un listado de precios para vender al público y un sistema de turnos obligatorio. Entre las dos de la tarde de los días sábado y el lunes por la mañana, sólo atendían las farmacias de turno. Durante la semana se cerraba a las 20:30 horas, y continuaban atendiendo sólo las boticas de turno. No existía competencia entre pares y como el mercado estaba distribuido en pocas manos, el negocio farmacéutico era un privilegio. Yo siempre he sostenido que un grupo de chilenos teníamos para nuestro uso una parte del territorio nacional, con carácter hereditario. Yo podía vender el derecho de llave a alguien para que ocupara ese territorio llamado farmacia. Nuestros hijos y nietos tenían asegurado el porvenir”.

Cuáles fueron los cambios que introdujo la dictadura?

“En 1974, se eliminó la ley de circuito. Ello significó total libertad para instalar farmacias, sin límite de distancia. Se decretó la libertad de precios y horario. Las autoridades plantearon que la farmacia debía estar al servicio del consumidor. Se nos exigió competir en eficiencia, calidad, servicio y en precios. En esa época, yo presidía la Unfach y junto a los demás dirigentes aceptamos el desafío. Sin embargo, pronto aparecieron los primeros consorcios farmacéuticos. El primero fue el señor Farrá, propietario de una farmacia y quince perfumerías. Transformó las perfumerías en farmacias. Con ello, aumentó su poder de compra y pudo presionar a los laboratorios para conseguir descuentos y plazos de pago especiales. A él se unieron otros, lo que provocó diferencias de precios de hasta un 600 por ciento en un mismo producto”.

Cómo se explican diferencias tan grandes?

“El fenómeno se debió a varias causas. La primera, fue la diferencia de precios que establecieron los laboratorios en la venta a los consorcios y a las farmacias independientes. Otro aspecto relevante fueron los plazos de pago. En aquella época había una inflación importante y estos grupos, al conseguir mayores facilidades de pago, aprovechaban de comprar varias veces antes de pagar la factura a precio antiguo. Conseguían mercadería barata y la vendían cara, aumentando su margen. En ese escenario, los farmacéuticos pequeños perdimos mucha clientela. La economía social de libre mercado no estaba funcionando”.

Cómo enfrentaron esa situación?

Estudiamos el decreto 211 de la ley antimonopolio, en sus artículos 1_ y 2_ letra f. Establece sanciones para ‘todo aquel que ejecute cualquier hecho, acto o conversión’ o ‘cualquier arbitrio que tienda a impedir, eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia, no importando que el hecho, acto o conversión sea o no, en sí, un acto ilícito’. Como claramente ello no se cumplía, protestamos y denunciamos a los laboratorios. Los proveedores plantearon que eran legítimos los descuentos por volumen. Nosotros reconocemos que no es lo mismo comprar un producto que mil. Sin embargo, se debe cumplir con ciertos requisitos básicos: tiene que ser una transacción justa, equitativa y razonable en términos de equidad. Esto significa que la estructura de esa compra a escala debe asegurar que el que recibe el máximo descuento no deje fuera de mercado a quien absorbe la mínima rebaja. Otra exigencia fundamental, es que el precio debe ser informado a las partes interesadas por escrito, de tal manera que los pequeños podamos organizarnos para conformar un poder de compra mayor”.

Precios arbitrarios

La falta de transparencia en los precios de los productos ha sido una de las denuncias que ha realizado la Unfach. Cuál ha sido la respuesta de la autoridad?

“Nunca hemos sabido cuál es el precio real de los medicamentos. Es información secreta y las pocas veces que ha sido publicada en alguna lista, ha contenido información falsa. En dictadura denunciamos esta situación y se realizó un estudio que concluyó que los laboratorios no cumplían ninguno de los requisitos de una sana economía social de mercado. Se impartieron instructivos y resoluciones para resolver el tema, pero no pasó nada. Llevamos quince años de democracia y la situación ha empeorado”.

Podría precisar cómo ha empeorado?

“Tuvimos mucha esperanza que en democracia seríamos escuchados, que se respetaría la ley porque entraríamos en un Estado de derecho. No obstante, la realidad fue muy distinta. Cuando Pinochet implantó el modelo había dos mil farmacias independientes; al término de la dictadura quedaban 1.660 y hoy, sólo 500, de las cuales 300 están quebradas porque deben más de lo que tienen. Las cifras son elocuentes. La Concertación no ha profundizado en justicia, transparencia y equidad. Por el contrario, no se han cumplido las leyes antimonopólicas como el decreto 211, ni las resoluciones de la Comisión Nacional Antimonopolios. Tampoco han sido investigadas en profundidad las múltiples denuncias realizadas en estos años. En un país donde el Estado de derecho realmente se respeta, los dueños de los consorcios farmaceúticos estarían presos, porque son delincuentes impunes”.

Ustedes también han acusado a los consorcios de ponerse de acuerdo para establecer precios. ¿Podría profundizar en ese aspecto?

“Hace cuatro años, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), denunció en su revista que los tres consorcios farmacéuticos: Ahumada, Cruz Verde y SalcoBrand acordaban los precios de los medicamentos. En Unfach hicimos un estudio y llegamos a la misma conclusión. Como es algo muy grave, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Nacional Antimonopolios. Lamentablemente, han pasado casi cinco años y aún no tenemos resultados. He denunciado el hecho al presidente de la República, quien me derivó a hablar con el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, que dispuso la conformación de una comisión para investigar, a cargo de Silvia Riesco. Para mi sorpresa, en el segundo encuentro esta funcionaria me planteó que no tenía tiempo para trabajar ese tema. Lo grave es que si los transgresores de la ley no son castigados, se fomenta el delito”.

¿No han coordinado algún tipo de acción conjunta con otras organizaciones?

“He conversado con Germán Dastres, presidente de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña, Mediana y Micro Industria, Servicios, y Artesanado de Chile (Conupia), con Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista, y con Fernando Lihn, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. He intentado comprometerlos en la defensa de las leyes, pero nunca lo he logrado”.

¿A qué atribuye ese fracaso?

“Ellos viven de los grandes. Yo pregunto: ¿Quién los financia? ¿Quién les paga las convenciones? ¿Cómo se desenvuelven? Hoy vivimos una crisis de los sindicatos, de las asociaciones gremiales y las cúpulas hacen lo que pueden. Y en esa lógica se van acomodando. Lo que ellos buscan son prebendas: que el Estado les dé más plazo para pagar las deudas, préstamos blandos, etc. Eso no resuelve nuestro problema. Lo que necesitamos es vender y para eso se requieren clientes. El problema es que los pequeños no podemos competir con el aparataje publicitario o con la venta atada a través de tarjetas y convenios a que recurren los grandes. Pienso que la solución es otra: el Estado debe velar porque funcione la Comisión Antimonopolios. Y si no cuenta con personal debe actuar a través de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de Investigaciones. Se requiere investigar en forma acuciosa las facturas, las notas de crédito y de débito de los consorcios para configurar los delitos que se están cometiendo. Una vez probado el ilícito, un castigo ejemplar para los responsables. Otro aspecto importante es la necesidad de atomizar el mercado, la única manera es lograr que exista concurrencia, gente que quiera participar. Para ello, un requisito fundamental es que existan condiciones justas, equitativas y razonables para competir”.

Es decir, ¿lo contrario de lo que ocurre en Chile?

“Exactamente. Si las tres principales cadenas farmacéuticas concentran el 96 por ciento de la propiedad, °a qué condiciones justas podemos aspirar! Chile es el único país del mundo donde existe tamaña concentración. Donde además engañan con supuestos ‘grandes descuentos’ de hasta 30 por ciento. Pregunto: Cuál es el valor real de los medicamentos? Estamos llegando a una dictadura económica donde 30 ó 40 individuos se han apoderado del país. Luego vendrá una dictadura política, porque estos mismos individuos determinarán qué hacer en términos políticos”.

Han existido dos comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados que han abordado el tema. ¿Cuáles han sido los resultados?

“La primera comisión fue presidida por el diputado socialista Juan Pablo Letelier, y la segunda, actualmente en funciones, es encabezada por el socialista Fulvio Rossi. En ambos casos, los resultados han sido nulos. He escrito cartas al señor Rossi y no se digna a contestar”.

¿Cómo explica el autismo de la autoridad frente a este tema?

“No existe una voluntad política real para enfrentar y solucionar el problema de los monopolios. En el debate de las candidatas de la Concertación sólo escuché demagogia. Ninguna planteó que haría cumplir las leyes y que enviaría a la cárcel a quienes las vulneran. No pueden hacerlo, porque si lo hacen, de dónde sacan el dinero para sus candidaturas? Ese es el drama en Chile: los grupos económicos tienen el control de la política. La propia Constitución en su artículo 19 establece la libertad de ejercicio de las profesiones, oficios y comercio. ¿Se cumple esta disposición con las farmacias? Claramente no, porque hay tres consorcios que coartan la libertad de trabajo de muchos farmacéuticos independientes, condenados a desaparecer”.

¿Qué iniciativas están impulsando para enfrentar esta difícil situación?

“Hemos realizado innumerables denuncias ante el gobierno, la Fiscalía Nacional Económica y la Cámara de Diputados, sin resultados. Como piensan que somos estúpidos, nos plantean que nos agrupemos en centrales de compra para aumentar nuestro volumen de adquisiciones. Rehuyen el tema de fondo: la transparencia de los precios de los medicamentos. Si bien a raíz de nuestras denuncias salió el decreto 636, que establece la obligación de los laboratorios de publicar los precios, ofertas y descuentos en su página web, la medida es insuficiente. Lo relevante -y que la Comisión Antimonopolios no indaga- es la veracidad de los precios. No obstante, voy a luchar hasta las últimas consecuencias para obligar al gobierno a respetar las leyes. Estoy dispuesto a acusar ante la Contraloría General la negligencia y abandono de sus funciones de aquellos funcionarios públicos que no cumplen sus obligaciones. Llegaré incluso a las cortes internacionales con mi denuncia. Si no callé en dictadura, menos lo haré ahora”

Ahumada, SalcoBrand y Cruz Verde, la primera es la mayor multinacional latinoamericana del rubro y logró utilidades por 3.729 millones de pesos en 2004. A través de sus operaciones en Chile, Perú, Brasil y México, atendió a 122 millones de clientes y distribuyó 302 millones de unidades de productos.

El negocio lo inició José Codner; en la actualidad, los socios principales son Falabella, quien ingresó a la propiedad en 1999 con un 20 por ciento, y Latin Healthcare Fund.

SalcoBrand nació de la fusión de las cadenas Salco y Brand, a comienzos de 2000. Cuenta con 219 locales, 82 en Santiago y el resto en regiones, además de doce locales en Perú. Su facturación en Chile asciende aproximadamente a 200 millones de dólares anuales. Sus principales accionistas son las familias Colodro, Bitrán, Bortik, Weinstein y Selman.

Farmacias Cruz Verde ha tenido un crecimiento explosivo: en 1995 contaba con cuarenta locales a nivel nacional y en 2005 ya tiene más de 370. Su propiedad está en manos de Socofar (familia Harding).

Actualmente disputa con SalcoBrand el segundo lugar del mercado, para lo cual adquirió la cadena Conosur, se asoció con Almacenes París y la isapre Banmédica