Los debates para Reformar la Función Judicial se iniciaron en 1990, coincidencialmente, a la par de la formación de la Fundación ESQUEL, una de las entidades que habría financiado la organización de varios foros de discusión sobre el tema. Lo claro es que, como lo confirma su propia página web, esta fundación recibe financiamiento de la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID), cuestionada por convertir a gobiernos, organizaciones privadas y universidades, en aparatos ideológicos de la política yanqui.

Con el objetivo de solucionar el problema de la mala administración de justicia, las primeras propuestas para dicha ‘reforma’ estaban encaminadas a conseguir la separación funcional entre órganos administrativos y judicaturas, buscar la ‘independencia judicial’ y acelerar los sistemas procesales. Con esta intención, y por la presión de varios partidos políticos y grupos respaldados por fundaciones, de 1992 a 1995 se promueven las primeras ‘reformas’. Se ‘independizó’ la Función Judicial de la influencia de los partidos políticos, se dividió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en salas especializadas, se conformó el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se creó el Tribunal Constitucional (TC) y la Defensoría del Pueblo. Este proceso de ‘transformaciones judiciales’ recibió el apoyo económico y técnico de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la USAID.

Para vigilar, desde el interior de la CSJ, que estas ‘reformas democráticas judiciales’ se cumplan, se crea en 1995 PROJUSTICIA, ONG con representación legal propia (que tiene su oficina en el edificio mismo de la CSJ) para coordinar el apoyo financiero de las entidades extranjeras a proyectos de reforma judicial.

En 1997, luego de la crisis política que provocó la caída de Abdalá Bucaram, se promueve una Consulta Popular para modificar el sistema de designación de magistrados de la CSJ, afianzar la ‘independencia’ de la función judicial y establecer la conformación definitiva del CNJ para que asuma las tareas administrativas de la Función Judicial y se encargue de exigir y sancionar a los jueces para que “administren imparcialmente justicia”. En 1998 se realiza la Asamblea Nacional Constituyente para supuestamente abrir espacios de participación y decisión social, para definir un modelo de Función Judicial que esté dispuesto a cambios profundos. En este año aparecen agrupaciones como Transparencia Internacional (CLD) y Participación Ciudadana, que financiadas por BM, BID y USAID y a nombre de la sociedad civil, participaron como veedores de las reformas a la Constitución del Estado. Sin embargo, estas ‘veedurías ciudadanas’, por denuncias de los medios de comunicación, eran seguidoras de la Democracia Popular (DP), hoy Unión Demócrata Cristina (UDC), y en acuerdo con la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC), conocidos en ese entonces en el Congreso Nacional como ‘la aplanadora’, quienes eligieron a los nuevos magistrados de la CSJ. Jueces que luego fueron destituidos por la denominada ‘Pichi Corte’, lo cual provocó que César Montúfar, ex director de Participación Ciudadana, hoy director de Clave Democrática, así como Valeria Merino, Coordinadora de Transparencia Internacional, organicen varias movilizaciones para retomar el control de la justicia.

Los magistrados de las ONG’s

Con la presión de estas organizaciones, que se constituyeron en la denominada“Red de Justicia”, el presidente de la República, Alfredo Palacio, otorgó 690 000 dólares para que una ‘Comisión Calificadora’, integrada por Carlos Estarellas (simpatizante socialcristiano y magistrado de la CSJ en la dictadura militar), Rosendo López, Bolívar Torres y Ketty Romoleroux, terminen eligiendo a los mismos jueces de siempre.

Al menos tres de los nuevos magistrados ocuparon la CSJ de 1997 y tienen afinidad política con la Democracia Popular (DP). Así por ejemplo: José Troya, quien fue magistrado de la CSJ de 1997 y ocupó una de las Salas Fiscales, donde se encuentran varios juicios, entre ellos el que se sigue contra Jamil Mahuad, hoy absuelto provisionalmente en el caso de peculado bancario durante la crisis de 1999; Fernando Aspiazu y Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía. Otro de los magistrados es Teodoro Cuello, quien formó parte de la II Sala de lo Penal, donde se encuentran los casos contra Jorge Gallardo, en el caso de la venta de armas usadas; Olmedo Bermeo, ex magistrado de la CSJ, entre otros. Cuello además fue miembro del directorio de la fundación ESQUEL. A estos dos magistrados se suma Hernán Salgado, quien fue vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), cargo propuesto por el entonces presidente Jamil Mahuad. Ahora estos magistrados ocupan las Salas de lo Fiscal, Laboral y la de Lo Contencioso Administrativo, respectivamente. Así como estos magistrados existen otros, quienes son simpatizantes del PSC-ID y que han trabajo como consultores en estas fundaciones. Como claro ejemplo se encuentra el presidente de la CSJ, Jaime Velasco, quien aparece en la página web de esta función del Estado como consultor de la fundación ESQUEL en el año 2005, cuando en ese momento era el proceso de elección de los jueces de la CSJ y cuando Transparencia Internacional era la ‘veedora’. Ahora el titular de la función judicial, junto a los vocales del CNJ, encabezan las gestiones para cambiar a los ministros jueces de las Cortes Superiores, que ha pretexto de no haber agilitado los procesos, han sido reemplazados por los conjueces, muchos de ellos con claras intenciones políticas. Estos cambios son parte de la continuidad de las ‘reformas’ a la Función Judicial propuestas y aprobadas junto a las ONG’s desde 1990. Ahora, y luego de 16 años, la administración de justicia continúa en manos de los mismos sectores de poder económico y político. Por todo esto, ¿a quiénes interesa estas reformas?

Edison Solís Vargas