Una semana de artículos y editoriales sobre “la polémica situación con Bolivia” dejan pocas dudas al lector: parece ser que los medios de comunicación españoles se han erigido como portavoces de un sector político y económico autoritario, resueltos a despreciar los más elementales principios democráticos cuando éstos afectansu bolsillo.

En lugar de una respetuosa crítica a la decisión boliviana, acorde con el sano intercambio de ideas y posiciones; el lenguaje y tono utilizados por los conocidos diarios El País y El Mundo, reflejan poco menos que desprecio y ofensa inaudita contra un primer mandatario y el país que representa.

Un artículo de opinión publicado en El Mundo, sostenía que la “indiada” de Evo Morales de nacionalizar los Hidrocarburos no debía asombrar, “¿y que esperaba Brufau o Zapatero de un líder indígena? (El Mundo, 4 de Mayo).

Mientras El País repite la idea de que es Venezuela “quien mueve los hilos en Bolivia” y muestra un total desprecio por la decisión soberana respaldada masivamente (con movilizaciones y referéndum incluido), al pretender hacer creer que la duda es si Evo definirá finalmente un proyecto propio, o terminará siendo un satélite de Caracas- ”(Domingo 7 de Mayo).

¿Es acaso necesario preguntarse cuáles son los intereses ocultos en el manejopolítico de la noticia?

La distorsión de la noticia es también relevante, y hace falta un profundo y balanceado análisis sobre las implicaciones del decreto. Por ejemplo, la prensa internacional y española, ha mencionado incluso la expropiación como parte de la medida, cuando en realidad el decreto no incluye, ni la confiscación, ni la expropiación de las petroleras.

Como bien lo ha señalado el abogado y docente boliviano Mauricio Ochoa, el decreto no imposibilita a los empresarios particulares la explotación de los hidrocarburos, y, por otro lado, no pasan al dominio del Estado los bienes de las empresas privadas, quedando vigentes las acciones y bienes.

Lo que el decreto dice es que YPFB controlaría el 50% más 1 de las acciones de las empresas capitalizadas, lo que le permitirá al gobierno tomar decisiones sobre el precio, los mercados y la comercialización de sus propios recursos.

Además de un razonable aumento de los beneficios para el Estado Nacional. Nada aberrado, si tomamos en cuenta, como bien nos lo recuerda Fernando Krakowiak en Página 12, “que son empresas estatales las que operan en los principales campos de extracción de Saudi-Aramco de Arabia Saudita, NIOC de Irán, KPC de Kuwait,INOR de Irak, Adnoc de los Emiratos Arabes Unidos, NOC de Libia, NNPC de Nigeria, Pdvsa de Venezuela y Pemex de México” (pagina 12, 8 de Mayo).

Y ni hablar de países como Francia, que continúa manteniendo el monopolio del gas y la electricidad.

Así que el decreto de nacionalización de Bolivia (que en realidad no es propiamente una nacionalización como se han quejado los propios bolivianos)no es disparatado ni “populista”.

Es principalmente un imperativo democrático acorde a las leyes de la constitución boliviana (que garantiza la propiedad nacional de todos los recursos) y fruto de un referéndum vinculante que el 18 de Julio de 2004, arrojó un 92% de votos a favor “de la recuperación de todos los hidrocarburos en la boca del pozo para el estado boliviano”.

No se trata, por lo tanto, de un “capricho populista” inventado por Evo Morales, o de la “mano larga” de Venezuela, sino de una demanda legítima, respaldada por las masivas movilizaciones sociales y un amplio apoyo interno.

Negar esto es desconocer la realidad boliviana, las últimas crisis políticas y hasta el propio triunfo presidencial de Morales con su discurso de nacionalización.

En España, la reacción de Zapatero ha terminado por enfurecer a los opositores, quienes le reprochan duramente la prudencia y posición de diálogo asumida por su gobierno.

En su increíble editorial del jueves 4 de Mayo, Zapatero tranquiliza a Evo, no a Repsol, El Mundo criticaba al presidente precisamente por no haber censurado el decreto de Morales y respaldado los intereses de las empresas españolas.

Para colmo, continuaba, “si la respuesta del Ejecutivo había sido tibia, la de Zapatero rebajó aún más el tono de la polémica”. Según esta opinión, la medida “no beneficia a nadie, tampoco a los bolivianos”.

Esta frase no solamente falsa, es clara muestra de cinismo y descrédito ahora que ya no será Repsol beneficiaria de la política boliviana.

Atrás quedaron los “gloriosos” años con Goni. Curioso es que en todos los artículos publicados, no pude encontrar ningún argumento de peso que explicara por qué, efectivamente, esta medida no beneficia a los bolivianos.

Esto a pesar de los infructuosos intentos por abordar el problema en artículos al estilo de “daño a bolivianos” para disimular la única y verdadera razón de su rechazo: ver afectados los saldos contables de sus empresas.

Los que protestan no solamente abogan por un enfrentamiento internacional con Bolivia, sino que despliegan sin pudor su nulo respeto por los principios democráticos.

Pareciera que la democracia que piden para poder realizar sus inversiones, es la misma que cuestionan y niegan cuando los resultados son adversos. La trilladísima amenaza de que las inversiones se irán o no llegarán en un país pobre, pero sumamente rico en gas, estaño, petróleo, cinc y cobre, no convence a nadie, y mucho menos a los bolivianos.

Por un lado, las inversiones en Bolivia hasta la fecha han hecho poco o nada por su desarrollo nacional, y por otro lado, nadie duda que existan muchos interesados en hacer negocios con Bolivia, en razonables y mejores condiciones para el país. ¿Y acaso no siguen los inversionistas en Argentina aún después de la crisis?

Como bien dice un diario argentino sobre la reacción española, a falta de argumentos, sólo les queda usar la ideología. Lo cierto es que la posición asumida por los medios es tan vergonzosa y abiertamente autoritaria, que posiblemente no pueda mantenerse por mucho tiempo. El tono ocupado ha dañado no solamente a un país latinoamericano y su representante legítimo, sino sobretodo, la imagen de España y dos medios de comunicación prestigiosos que al insultar a una nación soberana, se insulta a sí misma. ¿Es esta la España que busca reivindicarse como puente cultural y político de Latinoamérica?

Hace falta humildad, respeto y solidaridad, en todo caso, para poder considerarse referencia de los países latinoamericanos, incluidos los más pobres, como Bolivia. Veremos si España está realmente a la altura.

# Nota publicada en la Revista del Observatorio de Medios de la UTPBA levantada de Rebelion.org