Pero la contradicción feroz que se oculta surge de la legalidad del Mercosur, que impone a sus miembros y asociados el "Protocolo de Ushuaia", que condiciona cualquier forma de relación al respeto indiscutible de la democracia y los Derechos Humanos.

Al incorporar a uno como Estado parte y al otro como miembro asociado, el Mercosur define que ni Caracas ni La Habana son dictaduras sino todo lo contrario, estados de pleno derecho respetuosos de la dignidad de las personas.

Pero esto no siempre fue así, cuando el Mercosur y sus integrantes tenían al parecer otro concepto sobre la democracia y los derechos humanos.

Cuba intentó negociar con el Mercosur pero fue rechazada en el año 2000, cuando los por entonces cuatro países miembro eran gobernados por Fernando de la Rúa (Argentina), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Jorge Batlle (Uruguay), y Luis González Macchi (Paraguay).

Ahora existe un escenario regional diferente y La Habana cuenta con nuevos aliados donde antes tenía enemigos.

Por ejemplo, tras una reunión que mantuvo en noviembre con el vicecanciller cubano, Rafael Dausá, el canciller uruguayo Reinaldo Gargano dijo que un acuerdo con el Mercosur servirá a Cuba para superar el bloqueo que sufre desde hace cuatro décadas.

Alejandro Pairone