El gobierno apunta a la cabeza de Antorcha Campesina

A escasas horas de que los mexicanos acudiéramos a las elecciones presidenciales, un comando asesinó a un náhuatl de 23 años en el domicilio particular de Aquiles Córdoba Morán, dirigente nacional del «Movimiento Antorchista».

El ejecutado fue Jorge Obispo Hernández, quien pertenecía al cuerpo de protección de Córdoba. Fue masacrado a las 14 horas del sábado 1 de Julio en una vivienda de Naucalpan, estado de México. Le fue disparada una bala en la espalda.

Hay dos hipótesis para explicar este cobarde y salvaje atentado. O el comando buscaba realmente asesinar a Córdoba y éste escapó casualmente al no encontrarse allí. O el asesinato de su colaborador fue solamente un brutal aviso.

Por las condiciones del crimen del antorchista, originario del municipio potosino de Tamazunchale, hay temor de que sea el inicio de acciones armadas de grupos de ultraderecha contra líderes y militantes de organizaciones populares.

Aunque el «Antorchismo» es cuestionado por agrupamientos o ciudadanos socialistas por su militancia priísta, y por haber sido instrumento pasivo en la privatización del campo mexicano en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sus ideólogos asumen posiciones maoístas y promueven la organización y modernización del pueblo miserable.

En la víspera del 2 de Julio, Córdoba advirtió afanosamente contra el triunfo del candidato panista Felipe Calderón en escritos publicados en la revista Buzos, de circulación nacional y perteneciente a ese movimiento.

Pese a que Córdoba admitió su priísmo en un escrito posterior al asesinato de su colaborador, líderes antorchistas promovieron intensamente el denominado «voto útil» de los miserables por el perredista Andrés López Obrador.

No sólo eso. Apenas el 18 de Junio el “Movimiento Antorchista” concentró unas 70 mil personas en una tumultuosa manifestación en la ciudad de México para demandar inmediata liberación de una de sus dirigentes.
Ella es Cristina Rosas Illescas, recluida en una prisión de Querétaro desde hace más de un año por el gobernador Francisco Garrido Patrón. Como en cualquier dictadura, le fabricó un delito para castigarla por sus actividades.
Su caso ha sido escuchado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este organismo ha dictado un par de recomendaciones a Garrido, pidiéndole liberar inmediatamente a la antorchista. Simplemente han sido desatendidas.

Garrido es identificado como integrante de la organización de ultraderecha «Yunque», con sede en la ciudad de León, Guanajuato. Este agrupamiento ascendió al poder con el triunfo del actual presidente Vicente Fox.

En círculos políticos ha trascendido que Garrido sería Secretario de Gobernación, de prosperar el fraude electoral que ubicaría al panista Felipe Calderón como sucesor de Fox en la presidencia.

Debido al contexto en que se da la ejecución del muchacho antorchista se propaga el temor a que sea el inicio de acciones de golpeo de carácter militar contra objetivos políticos seleccionados, como hacen los israelíes con los palestinos.

Felipe Calderón sostuvo cuando menos un encuentro en su campaña con centroamericanos que participaron en actividades de “«guerra sucia» en sus países, con el propósito de neutralizar el avance de la revolución popular.

Información periodística del pasado 6 de Abril hizo saber de esa reunión entre Calderón y ex colaboradores de la CIA en países centroamericanos. El [diario] Universal de esa fecha dio testimonio del encuentro.

Entre los participantes hubo ex miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua.

Ellos fueron Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez, Facundo Guardado, Salvador Samayoa y Eduardo Sancho, de El Salvador; además de Joaquín Cuadra Chamorro, ex miembro del FSLN.

Un comunicado oficial del PAN explicó que todos habían participado en operaciones a favor de la democracia en sus países. Empero, periodistas los han identificado en acciones de contrainsurgencia y agentes infiltrados de la CIA.

Con esta asociación de hechos no acusamos a Calderón del asesinato del antorchista; ni decimos que detrás del criminal atentado contra esa organización estén implicados sus amigos contrainsurgentes o el gobernador Garrido.
Sólo exponemos nuestro temor de que grupos de ultraderecha, como el mencionado «Yunque», hayan iniciado una ofensiva militar para ablandar objetivos políticos, particularmente identificados en la organización del pueblo miserable.

Obispo era un joven estimado en su comunidad náhuatl de Cojolapa. Carecía de enemigos. Antes de ser asesinado por la espalda, recibió dos balazos en las piernas y fue obligado a arrodillarse.

El muchacho no era un cuadro importante de la organización. Servía a los fines de la misma como parte de un escudo humano de protección a Córdoba Morán. Tampoco hubo objetos robados en la vivienda.

Meses antes, otro cuadro del movimiento fue víctima de «crakeo» de su correo electrónico. Éste fue Miguel Ángel Álvarez, elemento de la dirección antorchista en el estado de San Luis Potosí.

Después de ser hurtada su agenda de contactos y eliminados sus archivos, recibió un mensaje desde su propia dirección de correo. En éste existían ya amenazas de muerte contra los antorchistas.

Esto significa que el ataque del 1 de Julio fue lanzado por grupos de ultraderecha contra el propio Córdoba Morán y contra cuadros dirigentes de la organización. Ellos así lo advierten a través de un manifiesto periodístico.
«(...) Se trata de amenazas cumplidas para aniquilar al Movimiento Antorchista. Tanto los anónimos como el modus operandi de los criminales hablan claramente de que se trata de grupos fanáticos de derecha».

Estamos ante una acción militar, dirigida con el propósito de golpear y debilitar a los agrupamientos que plantean la organización de la lucha popular mexicana y la reivindicación de los derechos de los pobres.

Deben denunciarla y reclamarla cuantos están insertos en la promoción de la verdadera justicia social. Debe promoverse la unidad de cuantas organizaciones y personas buscan el auténtico cambio social para enfrentar el terrorismo de derecha.

Antes del atentado contra el Movimiento Antorchista, ocurrieron las brutales represiones contra el pueblo de Atenco y contra los mineros de Sicartasa. ¿Qué otras ejecuciones tiene programadas la ultraderecha mexicana?