Por un lado, a fines de los 80 y principios de los 90, el Estado y las fuerzas del “mercado”, es decir el poder político, económico y financiero de los grupos dominantes, incubaron el proceso de concentración de la propiedad de los medios y de la información que conduciría a la monopolización actual. Un ejemplo de eso fue la reforma legislativa que permitió a una misma empresa ser dueña de un paquete de diarios, canales de televisión y radios, constituyéndose en un multimedio comunicacional sobre todo el territorio nacional. En síntesis, un proceso de acaparamiento sin límites, extraordinariamente poderoso y aplastante.

Y, por otro lado, fuera de aquel control, paralelamente, en condiciones precarias, una gran cantidad de medios, dispersos y débiles, en las tres ramas principales de la comunicación pública, ha pugnado por sobrevivir y mantener márgenes de independencia y de pluralismo informativo, especialmente a niveles barriales, locales y regionales. En este caso, el ejemplo más notable y numeroso es el de las emisoras de FM.

La televisión prácticamente se ha quedado sin autonomía en todo el país. Cientos de empresas locales de TV por cable quedaron en las manos de no más de tres o cuatro grandes operadores nacionales. Y por su parte, los medios gráficos de las ciudades más populosas han debido confrontar, especialmente en esta Capital y el GBA, con la aparición de ediciones no sólo locales sino hasta barriales de los más importantes diarios nacionales.

Aunque anticipados oportunamente por la UTPBA, estos fenómenos no parecían concebibles en una sociedad cuyas fuerzas políticas, sin excepción, reafirmaban a diario la democratización de las instituciones políticas. Tardíamente algunos, y otros ni siquiera hoy, han descubierto que el poder de los grandes monopolios económicos y financieros es superior al conjunto de los poderes constitucionales del Estado.

Y que, entre sus planes, no se incluye la más mínima libertad para expresar las necesidades y los derechos de la sociedad. Mucho menos, la libertad de prensa.

Es obvio que la concentración de los medios de comunicación tiende a producir la desaparición de todas las pequeñas y medianas empresas periodísticas, en todos los lugares del país. Y que tener un diputado, un intendente o un funcionario amigo no es un seguro de vida. La única garantía para sostener los medios barriales, locales o regionales es la gente que representan en esos lugares, la identificación con la problemática de los oyentes o lectores, la acción conjunta con las organizaciones sociales y con los otros medios independientes de los monopolios.

La nueva etapa de lucha lanzada por la UTPBA, que repite campañas anteriores en el mismo sentido, (1) por la distribución equitativa de los presupuestos publicitarios estatales entre los medios comunitarios y (2) por una declaratoria de reconocimiento del interés público que revisten esos medios, sin discriminación alguna, para preservar el derecho constitucional a la información de esas comunidades, representa la última oportunidad de impedir que los monopolios de la comunicación social dejen sin expresiones propias y autónomas a la inmensa mayoría de la población.

Nuestros reclamos no tienen parentesco alguno con aquellos que, al servicio de sectores del poder económico dominante, pretenden fondos publicitarios públicos del país para reforzar grandes emporios periodísticos concentradores y deformadores de la información social, en tanto les sobra el dinero para comprar máquinas de 25 millones de dólares y dicen que les falta para dar un mísero aumento de salarios. Son los mismos que han pretendido y siguen pretendiendo eliminar el Estatuto del Periodista Profesional.

Nuestra convocatoria se identifica con las múltiples voces que, en el último Congreso Mundial de la Comunicación, reiteraron el mandato para que, en todos los lugares posibles, nuestros afiliados se esfuercen en lograr, junto con las organizaciones sociales y todos los medios comunitarios, a través de los intendentes y cuerpos legislativos municipales, los objetivos planteados.