Valparaíso resort

Davis parece haber inspirado a muchos novelistas de ciencia ficción, como William Gibson o Rudy Rucker, quienes han proyectado el futuro como una pandemia social controlada por el poder económico, como una sociedad cuyo escenario son estas ciudades amuralladas, segregadas, que marcan con claridad el interior y el exterior, que es también la inclusión y la exclusión social.

Valparaíso, cuyo casco antiguo ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, ha permanecido como observador de este fenómeno. Tal vez es una de las pocas grandes ciudades chilenas sin una evidente segregación social del espacio público, el que, en la actualidad, puede ser compartido sin discriminación. En Valparaíso no hay malls, ni grandes y lujosos hoteles, ni barrios de condominios vigilados. No abundan vehículos 4x4, hipermercados o vías rápidas concesionadas. La ciudad se ha mantenido al margen del proceso de modernización urbana que afecta a Santiago y otras ciudades, tan cercanas al puerto como Viña del Mar, conservando, a la vez, rutinas y formas de vida tradicionales.

Ha estado ausente este flujo modernizador, pero también ha estado presente una profunda crisis económica, que se expresa en el mayor índice de desempleo del país, un 9,5 por ciento en febrero contra un promedio nacional de 7,6 por ciento. Podría decirse que Valparaíso no se ha incorporado al vertiginoso proceso de modernización urbana propio de otras ciudades porque tampoco ha podido incorporarse al proceso de crecimiento económico. El estancamiento económico ha sido dique a las modernizaciones: la pobreza habría mantenido la vida tradicional.

Hoteles y centros comerciales

Desde el gobierno central han surgido propuestas que buscarían revitalizar el puerto, como han sido el plan de crear un centro tecnológico nacional o la renovación del borde costero, proyecto este último que forma parte de los planes del Bicentenario y que no ha estado exento de polémica. A través de concesiones, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), convertirá parte del litoral, hoy un almacén al aire libre repleto de contenedores y maquinarias, en un proyecto turístico con hoteles, centros comerciales, cines, instalaciones para deportes náuticos.
Las autoridades defienden con orgullo el proyecto. Aldo Cornejo, alcalde de Valparaíso, declaró recientemente que será un paso trascendental para la ciudad y sus habitantes por tres razones: recuperará un espacio público para Valparaíso; creará empleo y generará ingresos para la ciudad, calculados éstos, por lo bajo, en unos tres millones de dólares anuales.

La EPV justifica el proyecto como la posibilidad para la ciudad de complementar su “oferta actual de espacios de uso público y servicios con otros de alto nivel, que le permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y también potenciar el interés turístico”. Para que ello fuera posible, las autoridades modificaron el Plan Regulador de la comuna de Valparaíso, marco jurídico que permitirá, a partir de ahora, los cambios en el uso del suelo.
El proyecto, sobre una superficie de veinte hectáreas de terrenos de la EPV, se extenderá desde el muelle Barón por el norte, hasta la calle Edwards por el sur, e involucrará una inversión en infraestructura por parte del sector privado de unos cien millones de dólares, más un aporte de otros once millones de dólares por parte de la EPV para la adquisición de terrenos que hagan viable el acceso sur al proyecto.

Para la EPV y los promotores de esta obra “se trata del cumplimiento del sueño de los porteños de volver a caminar por el borde costero con espacios culturales y de uso público”. Para otros observadores, lo que viene no es sólo una privatización y gestión comercial del espacio público, sino una transformación de la forma natural de anfiteatro del puerto. La densidad de la edificación costera, como es habitual en otras zonas del litoral, romperá definitivamente la vista hacia el mar desde los cerros. La cortina de contenedores y maquinarias que se extiende por la zona costera se convertirá en una muralla de edificios para el turismo con alturas de 23 pisos (60 metros) delante del Mirador Barón y concentración de edificaciones de 21 metros entre las avenidas Argentina y Francia.
Hay varios aspectos del proyecto que trascienden lo arquitectónico y se hunden en las relaciones sociales, la política, la economía: en suma, en el modelo de país que se gesta en las oficinas de planificación que entrega al mercado, al gran sector privado, las operaciones económicas y el resto de las actividades sociales. También la ciudad y su despliegue es asunto del mercado, lo que se traduce en especulación inmobiliaria, en segregación del espacio y de las actividades. Las políticas que han dejado a manos del mercado el uso del espacio, serían la base conceptual del proyecto costero.

La respuesta ciudadana

La agrupación Ciudadanos por Valparaíso, en la que participan numerosos arquitectos, ha venido desarrollando una campaña para mantener las características de anfiteatro de Valparaíso. La arquitecta Paz Undurraga, una de sus más activas participantes, ha señalado que “Valparaíso, como ciudad puerto, motivó su incorporación en la lista del patrimonio mundial, título que obliga a asegurar una real integración de la ciudad con el borde, situación que se anulará si se libera esta franja al mercado del mejor postor y se genera un barrio exclusivo con acceso restringido a la solvencia del consumidor”.

Lo que prevé este grupo de arquitectos es el ingreso de las políticas neoliberales como guía y proyección de la ciudad. Un modelo que conducirá a fragmentar el puerto en zonas cerradas, en las cuales su ingreso y disfrute estará condicionada por el nivel adquisitivo. Una zona con un mall, con un club exclusivo, con hoteles de lujo se levantará como un coto cerrado rodeado de altas torres, para el deleite de una minoría.

Para esta organización ciudadana, el borde costero debe definirse como “área de protección que amerita el establecimiento de condiciones restringidas de edificación, en las cuales la ciudad no puede ni debe negociar cantidad de metros cuadrados y alturas excesivas con reducción de áreas verdes, paseos, costaneras o calidad de espacios públicos, ni la generación de impactos que deterioren de manera irreversible la calidad ambiental del resto de la ciudad”.

El connotado arquitecto catalán Jordi Borja, que estuvo en el puerto, se reunió en el Colegio de Arquitectos de Valparaíso con varias organizaciones de la sociedad civil a quienes apoyó en su rechazo al proyecto del borde costero. Borja señala que “estas operaciones que despiertan el interés o la voracidad del sector privado, pueden ser muy delicadas. Aquí se junta el hambre con las ganas de comer: el gobierno para conseguir ingresos y el sector privado para lucrar”.

Este tipo de proyecto, afirma, crea un ghetto que no genera actividad social ni cultural; contribuye a la segregación social y a una crisis de gobernabilidad. “Además, es un mal negocio, porque a largo plazo la ciudad no se beneficia. Incluso los promotores inmobiliarios serios, aquellos que trabajan a largo plazo, no se benefician. Si la ciudad no funciona, si se quita la calidad del ambiente urbano, de la oferta cultural, nadie se beneficia”.

Confusas irregularidades

La voz de la autoridad no oculta esta fuerte relación entre la transformación urbana y los negocios. En conferencia de prensa, el presidente de EPV, Gabriel Aldoney, señaló que el principal objetivo urbano de Puerto Barón es “consolidar la integración ciudad-puerto, y constituirse en un aporte histórico para Valparaíso en el contexto de su calidad de Patrimonio de la Humanidad”. Para ello, el proceso de licitación “tiene como fin encontrar inversionistas calificados y sólidos para desarrollar un buen negocio, sin descuidar el contexto patrimonial, cultural y ciudadano de la ciudad en donde se instalará”. Un proceso que se realizará, señaló, en “el favorable clima de inversión existente hoy en Chile, con un ambiente político, legal y económico seguro, y la confianza de los interesados al trabajar con un socio de largo plazo, como Empresa Portuaria de Valparaíso”.

Ciudadanos por Valparaíso denuncia una serie de irregularidades en el proceso que llevará a la licitación del borde costero. Señala que se han confundido las atribuciones y responsabilidades y por lo tanto, los beneficios y perjuicios. Estima que es necesario aclarar ciertos aspectos remitiéndose a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

El artículo 2.1.10 de la Ordenanza señala que “el Plan Regulador comunal será confeccionado, en calidad de función privativa, por la Municipalidad respectiva...”. Y en el artículo 2.1.18 dice “en los instrumentos de planificación territorial que corresponda podrán definirse áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural...” y establece que “en dichas áreas de protección se determinarán zonas no edificables o de condiciones restringidas de edificación” y define: “Por recursos de valor natural se entenderán los bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales...”. En otras palabras, las responsabilidades y atribuciones en este proceso son del municipio y es esta instancia la que debe poner condiciones y no el propietario de los terrenos, señala Paz Undurraga.

Hasta el momento, son escasas las críticas al proyecto, las que vienen de la citada organización y de otras como Valparaíso Nuestro. Ante las altas cifras de desempleo que sufre el puerto, las autoridades han desplegado una extensa campaña comunicacional que ha puesto al proyecto del borde costero como la solución a los problemas que hoy vive Valparaíso.

Para Ciudadanos por Valparaíso se trata de una manipulación que conduce a confusión de la opinión pública. No puede ni debe -señalan- polarizarse la discusión sobre la pertinencia de abrir o no el borde costero, sobre aceptar o rechazar la idea de atraer inversiones a la ciudad, sobre buscar soluciones a la cesantía, sobre tener o no un teatro municipal nuevo. El debate de fondo, afirman las organizaciones ciudadanas, es la planificación del desarrollo urbano, en el cual no puede tranzarse la sustentabilidad de los recursos locales por modelos de desarrollo con rentabilidades cortoplacistas, las que una vez realizadas generan impactos negativos e irreversibles para la ciudad.
Aunque las diversas organizaciones de la sociedad civil de Valparaíso desplegarán una serie de iniciativas para intentar frenar el proyecto, éste ya tiene en marcha su calendario de licitación, que se inició el 23 de marzo. Hasta junio se venderán las bases de licitación, y en septiembre la EPV prevé tener las ofertas cuya adjudicación se efectuará en octubre