Red Voltaire
8 de marzo, su Día Internacional

El duro oficio de mujer

Con dos precandidatas presidenciales de la Concertación -llegará una a la recta final-, con una mujer como jefa de campaña del candidato de la UDI, Joaquín Lavín, y otra a la cabeza de la Intendencia Metropolitana, las conmemoraciones de este 8 de marzo darán pie, sin duda, para aplaudir los avances de las mujeres en el área de la representación política en este año de elecciones (presidencial y parlamentaria).

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Pero cuidado con el marketing. Que veamos más frecuentemente rostros de mujeres en los noticieros políticos, como los de Michelle Bachelet y Soledad Alvear, se debe a muy diversos factores, sin desconocer los méritos y esfuerzos personales de las protagonistas. Uno de ellos es el cansancio del potencial electorado con las formas tradicionales de “hacer política”. Se refleja en las encuestas no sólo la búsqueda de caras nuevas, sino también la intuición de que la mujer puede introducir modalidades y tonos diferentes a una acción claramente desprestigiada. Este es uno de los avances positivos, más cultural que político, en materia de género. Sin embargo, se da en torno a hechos puntuales y no se puede afirmar que refleja una tendencia.

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Abogada Camila Maturana: presentó la acusación por violencia familiar en el Tribunal por los Derechos de las Mujeres.

Como advierte un reciente análisis de Flacso, aún hay mucho que recorrer en el plano de la equidad de género y de la actividad política. La presencia de mujeres en cargos de representación popular y en la administración superior del gobierno está muy por debajo de la de los hombres, y es también muy inferior al nivel alcanzado en la mayoría de los países de América Latina. En Chile, ellas representan sólo el 5% del total de senadores elegidos y el 12,5% de los diputados. Y hasta el año 2000, las mujeres alcaldesas y concejalas correspondían nada más que al 12% y 17%, respectivamente. Es decir, la participación de la mujer en estas y otras instancias de creación y decisión de políticas sigue siendo escuálida. En vez de dejarse tentar por una engañosa complacencia, el Día Internacional de la Mujer debería ser una jornada de reflexión sobre las muchas y aguijoneantes inequidades que están obstaculizando el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Salvo el derecho a voto -y aunque en circunstancias muy diferentes- la mayoría de las reivindicaciones por las que se estableció el Día Internacional de la Mujer -en 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que reunió a feministas norteamericanas y europeas- continúan vigentes, pese a los avances. Esto es, igualdad de oportunidades para ejercer cargos públicos, acceso al trabajo remunerado, mejores condiciones de trabajo, rechazo al trabajo infantil, derechos sexuales... Parte importante de esa reflexión tendría que apuntar a cómo retomar caminos de lucha en los que las mujeres chilenas desempeñaron roles protagónicos. No hay que olvidar que el 8 de marzo sólo se empezó a conmemorar masivamente en Chile a fines de los 70, convirtiéndose en una de las primeras jornadas de lucha antidictatorial.

Salir del limbo

Carmen Hertz, tenaz defensora de los derechos humanos

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Carmen Hertz, tenaz defensora de los derechos humanos.

“El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, era un acto de resistencia contra la dictadura de Pinochet. Se organizaban no solamente actos semipúblicos: en los años 80 mujeres y hombres salían a protestar a la calle, lo que era un enorme desafío”, recuerda la abogada de derechos humanos Carmen Hertz. Ella tenía 27 años y un hijo de 10 meses, Germán, cuando mataron a su marido, el abogado y periodista Carlos Berger -entonces director de Radio El Loa- durante la siniestra irrupción de la Caravana de la Muerte, encabezada por Arellano Stark, en la ciudad de Calama. Ella y su hijo estuvieron cuatro años en el exilio. Al regresar, en 1977, Carmen Hertz se incorporó a trabajar en la Vicaría de la Solidaridad. Se ha desempeñado, y sigue jugando un rol fundamental, en los principales procesos judiciales contra los crímenes de la dictadura como el de la Caravana de la Muerte -por el cual Pinochet fue detenido en Londres y desaforado en Chile hasta que fue sobreseído por “demencia”-, Villa Grimaldi y, más recientemente, las cuentas fraudulentas del Banco Riggs, por lo cual Pinochet es impugnado por lavado de dinero, comisiones por ventas ilegales de armas y otros delitos.

¿Por qué se refiere al 8 de marzo como a un acto de resistencia?

“A partir del golpe, la política de exterminio del régimen militar afectó principalmente a hombres que fueron asesinados, presos y/o desaparecidos -sin desconocer que hubo muchas mujeres que sufrieron igual destino-, porque a comienzos de los 70 todavía los actores sociales y políticos eran mayoritariamente varones. Las mujeres quedaron solas con sus hijos y tuvieron que apechugar. Ellas, especialmente en el mundo popular, enfrentaron esa situación con gran dignidad y coraje en circunstancias muy duras. No sólo tenían que buscar al hombre desaparecido o visitar a quienes se encontraban en campos de concentración, sino que además asumir el papel de jefas de hogar. No hay que olvidar que en esa época se expulsó de sus trabajos a toda persona que hubiera tenido cualquiera vinculación con la Unidad Popular. Por lo tanto, el conjunto del mundo popular sufrió esta persecución brutal. El papel que entonces jugaron las mujeres, principalmente las que eran parte del medio popular, no ha sido reconocido hasta el día de hoy”.

¿Cómo caracteriza usted ese rol?

“Las mujeres se agruparon en organizaciones de familiares en 1974 -las primeras que se crearon en el Cono Sur-, que no sólo asumieron la denuncia y la búsqueda del familiar víctima de la política de exterminio. Esas instancias fueron, a la vez, focos de resistencia a la dictadura. Las mujeres encarnaron la dignidad de este país”. ¿Qué clase de reconocimiento deberían tener hoy? “Las agrupaciones de derechos humanos, pero sobre todo las mujeres del mundo popular, han sufrido la falta de reconocimiento social y político que sufrió, en general, el movimiento popular a partir de cómo se generó la transición en Chile. La resistencia popular contra Pinochet quedó en una especie de limbo en la memoria colectiva del país, porque quienes encabezaron la transición la echaron al baúl de los recuerdos. Se les olvidó que este proceso y la salida de Pinochet por vía plebiscitaria fueron posibles principalmente por la resistencia contra el régimen militar, que descansó en las espaldas del movimiento popular. Parte de esa memoria la constituye el papel de las mujeres, que también fue confinado al limbo del olvido, junto a quienes en la década del 70 procuraron mantener vivas en la clandestinidad las redes de los partidos que fueron masacrados: el MIR, que mantuvo una actitud política de gran dignidad; la cúpula del Partido Socialista que dirigía Carlos Lorca; el Partido Comunista; quienes protagonizaron las protestas populares de los 80 y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no sólo fue lanzado al limbo oscuro, sino que ha sido satanizado social y políticamente. La mayoría de los muchachos que participaron en el atentado contra Pinochet y que estuvieron dispuestos a morir en un acto de gran dignidad -críos veinteañeros en esa época- se pudren hoy en algún lugar del mundo, echados para siempre de este país, víctimas de un exilio a perpetuidad”.

Aunque la abogada Carmen Hertz reconoce una mayor presencia política de las mujeres en la actualidad, particularmente en puestos de responsabilidad institucional, se apresura a llamar la atención sobre el “otro Chile”. “Por ser éste uno de los países con mayor desigualdad en el mundo -el segundo en América Latina, después de Brasil-, la realidad de las mujeres ubicadas en el Chile pobre, aquel que no existe para los medios de comunicación predominantes, no está puesta sobre el tapete. La realidad de la mujer pobre, de la trabajadora del mundo popular, está hecha de maltratos y abusos laborales. Las temporeras de la fruta trabajan en las peores condiciones posibles. Esa realidad no es visible. En general, la mujer es discriminada en forma negativa. En el trabajo se enfrentan a enormes diferencias salariales con los hombres. Y la ‘igualdad de oportunidades’‚ no existe”.

El mundo del trabajo

En el mercado del trabajo remunerado, la discriminación es evidente, como también el hecho que las mujeres son las principales proveedoras del trabajo “flexible”.

Actualmente, en Chile hay 15 millones 597 mil habitantes, de los cuales más de 7 millones, es decir, el 50,9%, son mujeres. Sin embargo, ellas conforman sólo el 37,6% de la fuerza de trabajo, según las últimas cifras oficiales correspondientes al trimestre noviembre-enero de 2005. Como este porcentaje ha ido en aumento en los últimos años -eso sí, manteniéndose siempre por debajo de la media latinoamericana, que es de 44%-, el gobierno ha utilizado este argumento para justificar la mantención del desempleo en niveles cercanos al 10% -7,5% de acuerdo con la medición más reciente- argumentando que la mayor participación de la mujer en el mundo del trabajo remunerado es uno de los factores que supuestamente absorbe la creación de nuevos empleos.

Sin embargo, si se observan las cifras y constataciones de diversas instituciones especializadas en el tema, tanto nacionales como internacionales, ese argumento se hace agua. En un estudio realizado el año pasado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que el desempleo femenino es 1,4 veces más alto que el de los hombres, y tiende a agravarse.

El presidente Ricardo Lagos destacó la alta incorporación de la mujer en los más de 187 mil nuevos empleos creados en 2004. Pero, ¿qué tipo de empleo? La Dirección del Trabajo señala que las mujeres se concentran en empleos de menor calificación y en especial en servicios (46%), comercio (25%), industria manufacturera (11%), establecimientos financieros (7%) y agricultura (6%). Por las mismas labores que desempeñan los hombres, reciben remuneraciones equivalentes al 70% de lo que ganan ellos. Además, la mayoría labora en condiciones precarias, con trabajo a contrata, a domicilio, no regulado y sin cobertura previsional ni de salud. “Son múltiples los problemas que enfrentan las mujeres en el trabajo, siendo los más complejos aquellos que viven las mujeres más pobres del país”, concluye un estudio de la Dirección del Trabajo. En otro estudio, de la Cepal, se advierte que es en los sectores más ricos de la sociedad donde se da una mayor incorporación de la mujer al trabajo remunerado “demostrando que los obstáculos de género para acceder a ingresos del trabajo se agudizan con la pobreza”. Y ayudan a perpetuarla.

La discriminación existe tanto en el sector público como en el privado. Un diagnóstico sobre la situación laboral de la mujer en los servicios públicos, efectuado en conjunto por la CUT, Sernam, Ministerio del Trabajo y el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina (Cegecal) de la Universidad de Chile, muestra que la discriminación, segregación y marginación de género se expresan igualmente en el acceso a desarrollar una carrera funcionaria, a la jubilación, a los mecanismos del sistema de personal y las remuneraciones. Considerando sólo a las funcionarias con contrato, que constituyen el 56% del total de trabajadores del sector, se estableció que sus remuneraciones equivalen a dos tercios del ingreso medio de los hombres. El 43% de ellas es jefa de familia y se estimó que todas trabajan 80 horas semanales, 48 en forma remunerada y más de 30 en tareas del hogar. La investigación deja entrever que las relaciones sociales de género en el sector público se expresan fuertemente en relaciones de poder, riesgo de acoso sexual y moral y dificultad en el ejercicio del derecho femenino, amparado en la rígida estructura de la carrera funcionaria. Además, en los cargos directivos predominan notoriamente los hombres.

En cuanto al trabajo en el hogar, éste se ha incrementado -especialmente para las mujeres más pobres- en la misma medida en que el Estado ha venido disminuyendo servicios, como ocurre en salud con la reducción de los períodos de hospitalización y el cuidado de los pacientes en sus casas. Sin embargo, este trabajo se mantiene oculto y sin valorización. De ahí que se está exigiendo que los gobiernos cumplan los compromisos internacionales asumidos, en el sentido de contabilizar y reconocer el trabajo no remunerado en las cuentas públicas nacionales. Estudios del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer estiman que la contribución del trabajo doméstico al Producto Interno Bruto (PIB) supera el 22%. En fin, estos son sólo algunos de los ingredientes para tener en cuenta en las reflexiones, demandas, y acciones que deberían tomar renovados bríos este 8 de marzo

Violencia sexual y doméstica

Para hacer presente las problemáticas de género que precisan ser enfrentadas cara a cara y con urgencia, en este último año se efectuó por primera vez en Chile un Tribunal por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres. Fue un evento simbólico de carácter ético y político que se realizó en el Edificio Diego Portales, organizado por el Area de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Corporación La Morada y en el cual participaron alrededor de 500 mujeres de distintas regiones. Allí se expusieron dramáticas situaciones de discriminación y maltrato que impiden ejercer derechos reconocidos en la Constitución, en leyes nacionales y en diferentes acuerdos internacionales. Todo por “razones” de género, amparadas en un modelo de sociedad donde reinan las desigualdades y cuyas instituciones no cuentan con herramientas adecuadas para cambiar el rumbo.

Uno de los testimonios fue el de una mujer violentada -incluso torturada- física, sicológica y sexualmente por su pareja durante 20 años. “Anita” estuvo al borde del suicidio. Recurrió a todas las instancias posibles, sin resultado. Sólo cuando el agresor violó a su propia hija de apenas un año y medio, fue condenado... a cinco años de cárcel. Pero hace siete meses terminó de cumplir la pena y se encuentra en libertad. “Anita” se mantiene oculta, al amparo de una organización no gubernamental, porque el hombre amenazó con matarla a ella y a toda la familia como venganza por haber sido denunciado.

La violencia sexual y doméstica contra las mujeres es una realidad cotidiana en nuestro país. El 34% de las mujeres casadas ha sido objeto de violencia física y/o sexual, y el 50,3% de las mujeres en general ha experimentado situaciones de violencia en la relación de pareja alguna vez en su vida, según el estudio “Detección y análisis de prevalencia de la violencia intrafamiliar” realizado por la Universidad de Chile a petición del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). En Chile existe la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero tiene grandes vacíos.

Las consecuencias pueden ser fatales, como lo demuestra el estudio “Femicidio en Chile” (Soledad Rojas, Camila Maturana y Gloria Maira), publicado el año pasado por la Corporación La Morada. Más de 70 mujeres fueron asesinadas en 2004 por sus parejas o acosadores. Son víctimas de una violencia de género que se ha tendido a ver social y culturalmente como “natural”. El Servicio Nacional de Menores (Sename) aporta otro dato escalofriante: en Chile, en los últimos cinco años 23 niñas de entre 11 y 12 años han quedado embarazadas luego de ser violadas.

Esterilización forzada

El segundo caso presentado ante el Tribunal fue el de tres mujeres esterilizadas en forma forzada en los hospitales Sótero del Río y Regional de Antofagasta, por estar contagiadas con VIH (virus del sida) de lo cual se enteraron cuando quedaron embarazadas. Los médicos actuaron sin el consentimiento de las mujeres al momento del parto.

Los restantes testimonios se inscribieron en el ámbito laboral y no fueron menos impactantes. Tatiana, aseadora del mall Plaza Vespucio, fue despedida estando embarazada y luego reincorporada por mediación de un tribunal del trabajo. Sin embargo, la hostilizan constantemente, le dan los peores trabajos y la humillan a diario. “Están acostumbrados a abusar con la gente pobre, porque es ignorante y no conoce sus derechos, pero yo estoy informada y voy a seguir hasta el final”, dijo la joven trabajadora. Patricia, vendedora de la multitienda Ripley de Valparaíso, también cayó en desgracia ante sus jefes y empleadores al quedar embarazada. La hicieron descender en las calificaciones laborales, le rebajaron ingresos y fue objeto de maltratos. “En este sistema, donde el mercado manda, se castiga a las mujeres trabajadoras que optan por la vida de sus hijos”, comentó.

Por último, se expuso la amarga experiencia de las temporeras Edita Araya y Olivia Muñoz, de San Clemente (VII Región), quemadas gravemente con plaguicidas en un fundo de Pelarco y que debieron ser internadas en el Hospital de Talca (ver PF 580). Aunque cuentan con apoyo de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y de otras organizaciones, no han recibido indemnización -fueron “enganchadas” por un contratista- ni ayuda institucional de parte del Estado para continuar el tratamiento de rehabilitación recomendado por los médicos. Tanto los testimonios entregados como las intervenciones de relatoras y acusadoras en este juicio enfatizaron la pasividad e inoperancia del Estado para proteger a las mujeres de las violaciones de sus derechos. Por lo mismo, durante este encuentro el Comité Sindical de Mujeres -que funciona bajo el alero del Programa de Economía del Trabajo (PET)- convocó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer en una jornada unitaria con el lema “Las mujeres tenemos derecho a todos los derechos”

 
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Punto Final

La revista Punto Final, es un quincenario chileno de asuntos políticos, informativos y culturales fundado en 1965. El 11 de septiembre de 1973, sus oficinas fueron asaltadas y destruidas por una patrulla del ejército. Reapareció en julio de 1989, cuando las condiciones permitieron su circulación legal. Su línea editorial es, fundamentalmente, la de su origen. Con una mayor apertura a la diversidad de ideas y propuestas democráticas y de justicia social que caracterizan a la época actual. Sus principales artículos se publican en línea un mes después de circulada la edición impresa.

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